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Estas son las novedades fiscales de 2024 en las que PwC Tax & Legal pone el foco

PwC Tax & Legal ha analizado las principales novedades en materia tributaria a nivel nacional y regional en la XIX edición de su Foro Tributario Valencia, celebrado en Hub Empresa del Banco Sabadell. Especialistas de la firma han abordado estos temas en un contexto de incertidumbre respecto a la implementación de las medidas fiscales a nivel nacional del nuevo gobierno, así como ante los efectos de las subidas de los tipos de interés registradas el año pasado. Pero sobre todo, tal y como explicó David Marco, Socio Responsable de PwC Tax & Legal en Levante en su bienvenida, existe una gran preocupación por parte de las empresas por la creciente presión fiscal mediante imposición indirecta y medioambiental.

Impuesto de sociedades

Alberto Tortosa, fiscalista de PwC Tax & Legal, ha abordado las novedades en el Impuesto sobre Sociedades, así como las referentes a la limitación en la deducibilidad de gastos financieros, nuevo régimen de mecenazgo (una medida simbólica pero que supone un incremento de los porcentajes de deducción) e incentivos para instalaciones de autoconsumo de energía renovable.

Tortosa ha hecho hincapié en aspectos de 2023 que se replican en 2024, como el límite en la compensación de bases negativas dentro de los grupos de consolidación y ha analizado la reciente Sentencia del TC declarando la inconstitucionalidad del RD-Ley 3/2016 y sus efectos para los contribuyentes. Además, ha puesto sobre la mesa novedades de los últimos meses, como la deducibilidad de la retribución a los administradores, las sentencias de la Audiencia Nacional relativa a la limitación de las deducciones por innovación tecnológica o la reciente Sentencia del Tribunal Supremo que determinaba la posibilidad de incluir en una declaración deducciones de ejercicios anteriores.

Tipo mínimo de tributación

Por su parte, Ester Cucala, directora del Área de Fiscalidad Internacional de PwC Tax & Legal, se ha centrado en la Directiva UE 2022/2523 que implementa en la Unión Europea el conjunto de normas internacionales conocido como Pilar II, cuyo objetivo es limitar la competencia fiscal entre estados exigiendo a los grandes grupos internacionales (más de 750 millones de ingresos consolidados) un tipo mínimo efectivo de tributación del 15% en cada una de las jurisdicciones en las que operan. En España, la transposición de esta Directiva se realizó a finales del pasado mes de diciembre con la publicación de un anteproyecto de Ley pendiente de aprobación con efectos retroactivos a 1 de enero de 2024.

El Pilar II cuenta con un amplísimo apoyo internacional y supone un cambio radical a la actual estructura de la fiscalidad internacional y tal y como ha explicado Cucala, “durante los próximos meses y años veremos cómo cada vez más países introducen a nivel nacional su normativa para alinearse con la OCDE y por supuesto también, evitar que los ingresos fiscales obtenidos por las entidades en su jurisdicción acaben siendo recaudados por administraciones tributarias en otras jurisdicciones”.

Gravar la riqueza

Borja Escrivá, fiscalista de PwC Tax & Legal, ha recordado cómo la tributación patrimonial y del ahorro está en el foco de la Administración a través de la creación de nuevas fórmulas para gravar la riqueza (Impuesto de Solidaridad o el previsible Impuesto complementario sobre Sucesiones y Donaciones) como por la comprobación exhaustiva del cumplimiento de requisitos de los beneficios fiscales a la imposición patrimonial. Por eso ha insistido en la importancia de planificar y asegurar el cumplimiento de requisitos y llevar a cabo una gestión eficiente financiera y fiscal de los ahorros para asegurar que la rentabilidad obtenida no queda mermada por la tributación. “La buena noticia es que existen alternativas eficientes que, con el planteamiento adecuado, nos ayudan a maximizar el retorno y reducir los riesgos”, ha asegurado.

¿Dónde encontrar incentivos fiscales?

El director del Área Fiscal de PwC Tax & Legal, Juan Maldonado, se ha centrado en los incentivos fiscales a los que pueden acceder los inversores que financien producciones cinematográficas y espectáculos en vivo.

Maldonado ha explicado que la seguridad jurídica que ofrece a los inversores el último cambio normativo frente a otros incentivos (por ejemplo, frente a las deducciones fiscales por I+D+i) ha propiciado un auge en el número de empresas de todo tipo de sectores que destinan recursos a financiar este tipo de proyectos. Y es que, tal y como recoge la norma fiscal, la deducción obtenida se traduce en un retorno de la inversión a muy corto plazo con una rentabilidad de un 20%. “Muestra de ello es la cantidad de películas y series españolas que se estrenan últimamente, así como la realización de espectáculos en vivo (festivales, conciertos, etc.) que tienen lugar de forma tan frecuente en los últimos años”, ha explicado.

Imposición indirecta y medioambiental

Tras la pausa, Álvaro de Castro, director Financiero en Ubesol, Ana María Pulido, responsable de Impuestos en Power Co y Adrián Martí, responsable de Impuestos en grupo UBE, moderados por Ricardo Aliño, director del Área de Fiscalidad Indirecta de PwC en Levante, han debatido sobre el auge de la imposición indirecta y medioambiental y han explicado cómo les han impactado estas nuevas exigencias fiscales, especialmente el impuesto a los envases plásticos de un solo uso. El alto consumo de recursos y la afectación a todas las áreas de la empresa han sido algunas de las principales repercusiones que estos impuestos tienen para las empresas. Para hacer posible el cumplimiento, las empresas han explicado la relevancia de la formación continua, de la digitalización y del apoyo en especialistas como los de PwC ya que con los recursos propios muchas veces no es suficiente por la gran cantidad de normas que van surgiendo y la rapidez con la que se suceden.

En cuanto a las medidas que estas empresas han ido implantando más allá del área fiscal y relacionadas con su producción, se ha hablado de la incorporación de ingredientes naturales, reducción de residuos y generación de su propia energía, inversión en reciclaje y otras medidas relacionadas con la economía circular con el objetivo de contribuir a la reducción de la huella de carbono.

Novedades

A continuación, el delegado especial de la AEAT en la Comunidad Valenciana, Manuel Cabrera, ha abordado las principales novedades relacionadas con la facturación electrónica y las previstas para este año y el que viene, enfocadas a la lucha contra la evasión fiscal y la doble contabilidad; al tiempo que insistió al contribuyente con la administración. Además, permitirá a las empresas tener registrada su interacción con clientes y proveedores.

En este sentido ha anunciado la próxima aprobación de la orden ministerial que regulará todos los sistemas informáticos relacionados con la facturación electrónica. Para las empresas, la adaptación de sus sistemas deberá realizarse antes del 1 de julio de 2025, ha recordado. Por su parte, Camilo Dolz Arroyo, jefe de la Dependencia Regional Informática de la AEAT en la Comunidad Valenciana, se ha centrado en la facturación electrónica verificable “Verifactu”, cuya orden ministerial se espera que se apruebe este mismo trimestre.

¿Qué papel juega el Consell?

La Consellera de Hacienda, Economía y Administración Pública, Ruth Merino, ha clausurado el acto indicando la voluntad del Consell de dinamizar la economía a través de la política fiscal aliviando la presión fiscal sobre los contribuyentes. Para ello ha explicado cómo se procedió a la bonificación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones desde un primer momento. También ha explicado que se van a llegar realizando reformas que conviertan a la Comunidad Valenciana “en un lugar fiscalmente atractiva que propicien su desarrollo y crecimiento”. Merino ha explicado que, el análisis de los primeros datos provisionales, apunta a un ahorro de 10 millones de euros en 2023 respecto a 2022, según los primeros datos provisionales y que esperan seguir avanzando en esta senda gracias a las deducciones para gasto social aprobadas que ha sido otra de las apuestas del gobierno valenciano para aliviar la presión fiscal a las rentas más bajas y que en la próxima declaración de la renta ya tendrá un impacto.

Patrimonio e IRPF

La Consellera ha abogado por la libertad fiscal de las autonomías y considera que no se debería interferir en las decisiones de los gobiernos autonómicos en cuanto a política fiscal. Además, ha explicado que, en un contexto de crisis geopolítica, y ante el auge de impuestos medioambientales, para apoyar a las empresas, el Consell apuesta por el incentivo positivo y no hacia mayores obligaciones y obstáculos. En este sentido ha asegurado que ahora mismo están estudiando los cambios que se prevé realizar en el Impuesto de Patrimonio, y que seguirán trabajando para una reducción del tramo autonómico del IRPF en el que ahora la Comunidad Valenciana tiene “una escala muy agresiva respecto a otras autonomías, con unos tipos muy elevados”. “Creemos en la bajada de impuestos aplicando el sentido común y creemos que es compatible con el bienestar social”, ha indicado. Y en un contexto en el que cerca del 80% de la deuda pública de la Comunidad Valenciana procede de la infrafinanciación”, cifrada en 1700 millones de euros al año, la intención del Consell es buscar “justicia y equidad tributaria”, ha concluido.

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