El estado de alarma por la COVID-19 ha provocado un «grave impacto» en la actividad del 97 % de empresas del sector metalmecánico. De ellas, en un 80,3 % el alcance ha sido del 50 %, y en un 60 % el descenso de su actividad habitual superior al 75 %, según apunta la encuesta de la Federación Empresarial Metalúrgica Valenciana (Femeval), que mide el impacto laboral y económico del estado de alarma en la industria, comercio y servicios del metal.

Según el informe, la pandemia ha permitido la apertura sin restricciones de tan solo un 17 % de las empresas metalmecánicas y un 16,2% han cerrado su actividad, sobre todo el comercio minorista del metal por imperativo legal. Otro 33,2 % permanecen abiertas en situación de mínimos para casos de urgencia, y un 34 % lo están pero con algún tipo de restricción.

Además, la situación sanitaria «todavía no permite el restablecimiento total de las actividades económicas». Así lo indica la valoración de la situación empresarial, que refleja la nota más baja, un 3,6 de la serie histórica que recoge Femeval. Las perspectivas para finales de 2020 mejoran ligeramente, situándose en 4,3 puntos.

«Tras más de 50 días, el estado de alarma está impactando sobremanera en la economía valenciana y en concreto en el sector de la industria, servicios y comercio del metal. En este sentido, los indicadores que apuntan que la crisis en forma de V, con una rápida recuperación, se van alejando conforme más dure la crisis sanitaria y no se produzca la reactivación de la actividad económica, si no se adoptan medidas urgentes consensuadas con el tejido productivo y desde el sentido común», ha destacado el presidente de Femeval, Vicente Lafuente.

Entre los motivos que han provocado la caída de la actividad productiva destacan en un 83 % de los casos el cese o reducción de la actividad de los clientes; el cierre de los locales por imperativo legal (39 %); la falta de suministros, materias primas y/o servicios externalizados; el absentismo y ausencia del personal por necesidades de conciliación, contagio o cuarentena; así como los problemas en el transporte de mercancías y con los mercados en países de destino.

En este escenario, las empresas están utilizando, en mayor grado, medidas para enfrentar la crisis sanitaria. Entre ellas, la presentación de ERTE (41 %); uso del teletrabajo (25 %); acceso al aval del Estado -que se ha duplicado al pasar del 10 % al 23 %-; disfrute de permisos retribuidos recuperables (20 %); utilización de bolsas de horas (16 %); y como novedad un 24 % han recurrido a moratoria fiscal con la extensión del plazo de presentación e ingreso de declaraciones y autoliquidaciones tributarias.

Respecto a los ERTE, un 56,7 % lo han solicitado por fuerza mayor, frente a un 43,3 % que lo están tramitando por causas objetivas. De ellas, más de la mitad ya han recibido su aprobación (57,1 %), frente a tan solo un 0,7 % que lo han recibido denegado, y otro 42,1 % se encuentra en situación de trámite.

Sobre la solicitud de una linea de financiación con el aval del Estado, un 4 2% de las empresas lo ha solicitado o tiene pensado solicitarla, un 23 % ya lo ha obtenido, frente a un 11 % que se está encontrando con impedimentos en su tramitación.

Por otro lado, un 68 % de las empresas considera como «medida prioritaria» para minimizar los efectos de la crisis por COVID-19 la exención o amplia moratoria en el pago de impuestos y cotizaciones sociales. Las ayudas a los autónomos la solicitan un 57 % y un 53,5 % un reparto garantizado de las protecciones para sus plantillas.