Así lo ha anunciado la secretaria general del PPCV, Eva Ortiz, quien ha explicado en rueda de prensa que han tenido acceso a un informe de la Intervención en el que el órgano fiscalizador detecta 14 contratos menores «que deberían haber sido objeto de un mismo contrato y no haberse troceado». Según Ortiz, el informe señala además que hay «un evidente fraccionamiento de contratos para evitar acudir a la licitación publica» y advierte de que la entidad mantiene vigentes contratos laborales temporales que pueden ser «irregulares».

Asimismo, la intervención «insiste en que los puestos de alta dirección deberían seleccionarse mediante un procedimiento que garantice publicidad y concurrencia, y no a dedo«, ha agregado la dirigente popular. Ortiz ha recordado que el 21 de diciembre 2018 el PP presentó en los juzgados de Paterna (Valencia) una querella por prevaricación y malversación de caudales públicos, a raíz de un primer informe de la Intervención.

Dicho informe, que también el Síndic de Comptes «hacía suyo», hablaba de una serie de contratos «con una situación irregular» por la forma en que se habían realizado, pues esos contratos menores suscritos por la sociedad con distintas personas físicas «parece que cubren salarios de personal no contratado», ha firmado. Ortiz ha añadido que, asimismo, hay una adjudicación de un contrato por importe de «cerca de 1,4 millones a una empresa de Mediterráneo Media, propiedad de un concejal socialista de Benifaió, que sigue su curso».

La secretaria general del PPCV ha firmado que llevan «dos años haciendo lo mismo, y dos años la Intervención sigue poniendo los mismos reparos» y que los directivos de la radiotelevisión valenciana están «sin dar la cara y sin responsabilizarse de nada«. Según ha dicho, a la vista de que la Intervención les da «la razón» van a pedir que se incorporen a la causa todos los informes y auditorías que detecten «irregularidades, fraccionamiento de contratos o contrataciones irregulares, como ocurre con los puestos de alta dirección».

Asimismo, ha dicho que pedirán la prueba testifical de quienes han informado esos documentos, y estudiarán la ampliación de la querella por la posible responsabilidad de la directora de la entidad ante la «nefasta situación financiera de À Punt, que sigue sin presentar sus cuentas». EFE