El Consejo Valenciano de Colegios de Abogados y la Conselleria de Justicia han acordado la puesta en marcha de un servicio gratuito de asesoramiento legal para los afectados por las cláusulas suelo hipotecarias. Este servicio será canalizado a través de los servicios de orientación jurídica de los colegios de abogados de la Comunitat Valenciana. El presidente del CVCA, Juan José Tortajada, y la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, han cerrado el acuerdo que permitirá la creación de esta nueva prestación, incluida en el catálogo de justicia gratuita que ofrece la Generalitat.

Gabriela Bravo junto al presidente del CVCA y decanos de otros colegios de abogados de la Comunidad Valenciana

Según los términos del acuerdo, cada colegio de abogados de la Comunitat Valenciana prestará orientación en sus respectivas oficinas de los Servicios de Orientación Jurídica (SOJ). En los SOJ, los interesados tendrán a su disposición la información necesaria sobre lo que debe hacer si sabe o sospecha que su hipoteca tiene algún tipo de cláusula-suelo declarada ilegal por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, así como un formulario-tipo para que, en el caso de que sea así, el afectado pueda cumplimentarlo con la asistencia jurídica apropiada y presentarlo ante la entidad financiera correspondiente para iniciar la reclamación.

Para Juan José Tortajada, “este acuerdo garantiza que todos los ciudadanos tengan derecho a solucionar su problema en el caso de verificar que efectivamente son afectados por la cláusula suelo”. Según ha explicado la consellera Gabriela Bravo, “es una iniciativa que hace avanzar en una justicia para todos y, además, da una respuesta rápida y eficaz para solucionar un problema que afecta a miles de valencianos”.

La Generalitat asumirá tanto el coste del servicio de los profesionales de la abogacía como el coste derivado de la formación específica en esta materia que recibirán los abogados de cada colegio que vayan a prestar la orientación legal a los afectados por esta situación. Se calcula que entre las tres provincias de la Comunitat Valenciana puede haber unas 500.000 personas que en su día firmaron hipotecas que contenían cláusulas suelo que, de media, podrían haber pagado alrededor de 6.000 euros de más.