Internet y los Derechos Humanos

Socio Director de S2 Grupo 

2014-abril-opi-S2-Grupo-M-A-juan-2014Cuando, hace más de 50 años, nació Internet -todavía como la red Arpanet– o cuando, hace casi 25, Tim Berners-Lee inventó el protocolo http, en el que se basan los sitios web y que supuso un impulso para posibilitar el acceso a los no expertos, pocos eran conscientes del potencial de esta nueva plataforma de comunicación que, hoy en día, ha modificado de muchas maneras diferentes nuestra forma de comunicarnos.

Tan relevante es el impacto en nuestra sociedad que, a raíz de los acontecimientos conocidos como “primavera árabe”, entre 2010 y 2014, el ponente de Naciones Unidas, Frank la Rue, emitió en junio de 2011 un informe en el que casi llegaba a considerar el acceso a Internet como uno de los Derechos Humanos, con mayúsculas. El Sr. La Rue casi lo dijo, pero no fueron pocos los que dieron el pequeño salto lógico que faltaba y lo proclamaron como tal.

Cuando se habla del derecho al acceso a Internet, se entremezclan varios argumentos diferentes: por una parte, la necesidad de garantizar el acceso a una plataforma que, de una u otra forma, se está convirtiendo en básica para muchas transacciones económicas y para el ejercicio de derechos tan fundamentales como la libertad de expresión. En otras palabras, se trata de evitar la exclusión de una parte de la Humanidad de la plataforma que facilita el ejercicio de esos derechos.

Por otra parte, como muy bien dijo Vinton Cerf –uno de los padres de Internet-, en un reciente op-ed (página opuesta al editorial) en el New York Times, es responsabilidad de los ingenieros –de los tecnólogos si ustedes quieren– construir una red que ofrezca servicios sin taras, que garantice la seguridad de los usuarios en su uso de la plataforma. Mr. Cerf lo considera una responsabilidad civil.

Por último, la misma Internet que vemos como una ayuda para el desarrollo de nuestros derechos, puede constituir un medio de control inapropiado de los Estados sobre sus ciudadanos, o un medio de ataque de unos Estados contra otros, como hemos visto recientemente en los casos de espionaje de EEUU a sus aliados en la UE.

¿Cómo se puede conculcar este derecho? En primer lugar, el modo más habitual es la exclusión económica, como en el caso de tantos otros derechos. De ahí que países como Francia o España hayan promulgado leyes para garantizar un acceso básico a Internet a un precio asequible y en todo el territorio del país. Claro que, en países donde falta lo más básico, como el agua o la electricidad, garantizar el derecho de acceso a Internet parece una broma.

En segundo lugar, los Estados pueden utilizar la censura y la vigilancia de sus ciudadanos. Quizás el caso más flagrante sea el de China, donde hasta un gigante como Google ha tenido continuos problemas que le han llevado finalmente a renunciar a aquel enorme mercado para no dañar su imagen con su colaboración en la represión de los ciudadanos.

China tiene su gran muralla virtual y vigila los movimientos de sus ciudadanos en la red hasta puntos insostenibles. Le siguen en estos afanes muchos otros países y parece que no hay Gobierno totalitario o dictatorial que no haga sus intentos de prohibición o limitación del uso de Internet por sus ciudadanos.

Hasta la ciertamente más civilizada Turquía anda estos días prohibiendo Twitter bajo acusación de ¿imponer una agenda mediática? Durante la primavera árabe, se llegó incluso a desconectar la red de telefonía móvil.

Luego, hay métodos más sutiles, basados casi siempre en la vieja falacia de cambiar libertad por seguridad. De una manera u otra, este es el argumento que se utiliza una y otra vez para justificar la vigilancia opresiva de los ciudadanos: es necesario monitorizar todo intercambio de información que se realice en la red para detectar aquellos elementos subversivos que buscan socavar el sistema y, por tanto, atentan a la seguridad de los ciudadanos.

Podemos encuadrar aquí las escuchas masivas de EEUU en todo el mundo, la de los propios Estados de Europa, sea por colaboración con EEUU o por su cuenta y riesgo. Ante estas actuaciones, es de aplicación la máxima de Benjamín Franklin: “Aquellos que renunciarían a una libertad esencial para comprar un poco de seguridad momentánea, no merecen ni libertad ni seguridad”.

Por último, está el problema de la neutralidad en la red o, mejor, la falta de ella. Los operadores pueden, aplicando un criterio económico, favorecer el tráfico más rápido de determinado tipo de contenido en las redes, en detrimento de otros, basándose en el argumento de que, con los ingresos extras obtenidos por el tráfico de contenidos Premium, se pueden costear mejores infraestructuras que, al fin, en una economía de libre mercado, redunda en beneficio de todos.

Sin embargo, para que unos contenidos circulen más rápido, otros deben ser penalizados y, entre la circulación lenta hasta la desesperación y la censura, hay poca distancia. Además de que, para discriminar los contenidos, es necesario inspeccionarlos todos.

En fin, considerar el acceso a Internet un Derecho Humano es quizás una exageración, pero no porque no sea importante, sino porque, en sí, Internet es “sólo” un medio para posibilitar el ejercicio de otros derechos fundamentales. En cualquier caso, es indudable la necesidad de garantizar universalmente el acceso a una Internet independiente y segura.

Si, como dice Mr. Cerf, es responsabilidad de los ingenieros garantizar que Internet se mantiene funcional, segura y libre de riesgos, empresas como la nuestra, cuyo objetivo es garantizar, precisamente, la protección frente a esas amenazas, se convierten, de alguna manera, en garantes de las libertades fundamentales y los derechos humanos, aunque sea de forma indirecta. Y, ¿qué quieren que les diga? Para nosotros, es un honor.

www.s2grupo.es

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