La factura tras la DANA: más de 631,5M en uno de los municipios más afectados de la zona cero

Catarroja (Valencia) se ha convertido en uno de los casos más significativos de cómo un municipio afronta la gestión económica y social tras una emergencia climática. La DANA de 2024 dejó un rastro profundo de daños en viviendas, comercios, infraestructuras y servicios públicos.

En este contexto, el municipio encara su reconstrucción con 631,5 millones de euros movilizados por el Gobierno de España para reparar daños y apoyar la recuperación, una cifra que, por su escala, sitúa a la localidad como referencia de lo que está ocurriendo en otras zonas gravemente afectadas.

Bajo el paraguas de la marca «Catarroja Avança» y con la Agenda Urbana de la Reconstrucción (AUR) como hoja de ruta, el Ayuntamiento del municipio, encabezado por la alcaldesa Lorena Silvent, ha optado por abordar la reconstrucción no como una suma de actuaciones aisladas, sino como un proceso estructural que afecta al modelo económico, urbano y social del municipio.

La premisa no es celebrar la llegada de recursos, sino ordenarlos, dotarlos de coherencia y ponerlos al servicio de la seguridad y el bienestar de la ciudadanía en un escenario de mayor riesgo climático.

El Consorcio, columna vertebral de la respuesta aseguradora

Una parte esencial de ese volumen económico procede del Consorcio de Compensación de Seguros, que ha desempeñado un papel determinante en la primera fase de respuesta. En Catarroja se han registrado 23.288 solicitudes de indemnización, de las cuales el Consorcio ha gestionado ya el 97,9 %, quedando únicamente 490 expedientes abiertos.

El importe abonado asciende a 342.895.767 euros, una inyección que ha permitido estabilizar a familias, comercios, industrias y actividades económicas afectadas por la DANA en los momentos más críticos.

En términos macroeconómicos, estas indemnizaciones han evitado un colapso mayor del tejido productivo local y han sostenido, al menos en parte, la capacidad de consumo e inversión de empresas y hogares.

Catarroja es, en ese sentido, un espejo de la importancia que tienen los mecanismos de cobertura pública frente a riesgos climáticos que se presentan con una frecuencia e intensidad crecientes.

138 millones para 36 proyectos: la reconstrucción como política de inversión

Más allá de la fase indemnizatoria, la reconstrucción de infraestructuras se apoya en una inversión excepcional del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática por importe de 138.097.963 euros. Estos fondos permitirán activar 36 proyectos esenciales que abarcan infraestructuras críticas como el saneamiento, el alcantarillado y las redes básicas, así como equipamientos sociales, culturales y deportivos, y la mejora de espacios públicos y zonas verdes orientados a reforzar la resiliencia y la calidad de vida.

La estrategia del Ayuntamiento pasa por no limitarse a reponer lo perdido, sino incorporar criterios de seguridad, sostenibilidad y adaptación al riesgo en cada intervención, con la vista puesta en reducir la vulnerabilidad ante futuros episodios extremos.

Uno de los puntos más sensibles ha sido la red de saneamiento y alcantarillado, una de las infraestructuras más dañadas por la DANA. El Consistorio ejecutó una primera fase de obras urgentes, financiada directamente con 960.000 euros de fondos municipales, para intervenir de inmediato en las zonas de mayor riesgo y garantizar un mínimo de funcionalidad.

Esta reacción rápida se ve ahora complementada con la llegada de una subvención del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), de más de 71 millones de euros, confirmada recientemente.

La combinación de financiación local y estatal permitió pasar de la pura emergencia a una planificación estructural del sistema de drenaje urbano, clave para mitigar futuros episodios de lluvias torrenciales y reducir el coste económico y social de los desastres.

«Catarroja Avança» y la reconstrucción, gobernanza y visión de conjunto

Para ordenar este volumen de recursos y actuaciones, el Ayuntamiento ha desarrollado la marca «Catarroja Avança», que actúa como paraguas de toda la reconstrucción y transformación posterior a la DANA. Bajo esta enseña se agrupan las inversiones extraordinarias procedentes de la Diputación de Valencia, la Generalitat Valenciana, el Gobierno de España y la Unión Europea.

El objetivo es, por un lado, facilitar internamente la coordinación de proyectos, obras y programas y, por otro, ofrecer a la ciudadanía una visión clara y accesible del avance de la reconstrucción, evitando la sensación de dispersión de actuaciones.

La AUR funciona como el marco estratégico que integra todo este proceso. A partir de un diagnóstico socio-urbanístico, incorpora criterios de sostenibilidad y resiliencia, establece canales de participación ciudadana y define una metodología para la captación y movilización de fondos.

Desde este enfoque, cada obra —ya se trate de una red de saneamiento, de un equipamiento comunitario o de una nueva zona verde— se concibe como parte de un proyecto de ciudad más amplio, orientado a reducir riesgos y a reforzar la cohesión social.

En paralelo, el Ayuntamiento está ultimando la relación de actuaciones para la convocatoria EDIL DANA, que puede aportar hasta 9 millones de euros adicionales y contribuir a consolidar el esquema financiero del conjunto de proyectos.

Dimensión social y bienestar emocional: una variable económica de fondo

La respuesta del municipio no se limita a la infraestructura física. La DANA ha tenido un impacto emocional evidente en la población y el Ayuntamiento ha decidido incorporarlo explícitamente a su política pública mediante la creación del Área de Bienestar Emocional, destinada a prestar atención psicológica integral a las personas afectadas.

El convenio con el Colegio Oficial de Psicólogos, activo desde los días inmediatamente posteriores al episodio, se ha ampliado hasta marzo de 2026. Esta decisión incorpora a la ecuación un elemento que, aunque intangible, tiene implicaciones económicas claras: la salud mental condiciona la capacidad de recuperación de familias, trabajadores y empresarios y, por tanto, la velocidad con la que se reconstituye el tejido socioeconómico.

En el ámbito de los servicios públicos, otro vector de cambio es la remunicipalización del servicio de recogida de basuras, que incluirá la renovación de contenedores y la mejora de la prestación. Al mismo tiempo, el Ayuntamiento ha anunciado que las familias con ingresos por debajo del IPREM verán congelada la ecotasa prevista para 2026.

La medida combina la necesidad de asegurar la sostenibilidad financiera del servicio con criterios de equidad, tratando de evitar que la carga asociada a la gestión de residuos recaiga de forma desproporcionada sobre los hogares más vulnerables, muchos de ellos especialmente golpeados por los daños de la DANA.

El papel del liderazgo coordinado en un escenario complejo

La magnitud de las cifras y la diversidad de instrumentos implicados —Consorcio de Seguros, distintos ministerios, fondos autonómicos, provinciales y europeos— dibujan un escenario de alta complejidad de gestión.

En este contexto, la alcaldesa Lorena Silvent ha impulsado una estrategia basada en la coordinación institucional para maximizar la captación de recursos y evitar solapamientos, en una visión integrada de ciudad articulada en torno a la Agenda Urbana de la Reconstrucción y en un equilibrio entre urgencia y planificación que combina obras inmediatas con proyectos de carácter estructural.

La inclusión de la dimensión social y emocional, a través del Área de Bienestar Emocional y de medidas de protección a los hogares con menos recursos, completa un enfoque que intenta ir más allá de la mera reparación física.

Catarroja se posiciona así como un ejemplo representativo de cómo un municipio puede organizar su respuesta en la etapa post-DANA, en un marco donde la prioridad sigue siendo atender a las personas afectadas, pero donde también resulta imprescindible gestionar con rigor un gran volumen de recursos públicos, modernizar infraestructuras y reforzar la resiliencia climática.

El liderazgo político en este contexto se mide tanto por la solvencia en la gestión económica como por la capacidad de mantener la cohesión social y la confianza ciudadana en un momento especialmente delicado para el territorio.