Inestabilidad, aerolíneas y petróleo: los daños colaterales de la nueva escalada entre EEUU y Venezuela

La nueva vuelta de tuerca en la presión de Washington sobre Caracas ha dejado de ser un asunto estrictamente diplomático para convertirse en un problema económico de primer orden, esta vez en el Caribe.

La advertencia del presidente estadounidense, Donald Trump, para que aerolíneas y pilotos consideren «cerrado en su totalidad» el espacio aéreo de Venezuela ha acelerado las cancelaciones de vuelos, ha encendido las alarmas en Cuba y ha llevado al Gobierno de Nicolás Maduro a elevar el pulso en la OPEP+ y en la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).

Un Caribe militarizado y menos conectado

Desde mediados de agosto, Estados Unidos mantiene un despliegue naval y aéreo en el mar Caribe, en aguas próximas a Venezuela, que la Casa Blanca presenta como parte de su estrategia contra el narcotráfico. A ese marco se suman los avisos de la Administración Federal de Aviación (FAA) y de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) española, que recomiendan extremar la precaución al sobrevolar el país y su entorno. La combinación de presencia militar y advertencias regulatorias ha tenido un efecto inmediato sobre la conectividad.

Compañías como Air Europa, Iberia y Plus Ultra han suspendido sus frecuencias regulares con Caracas. Solo Air Europa ha confirmado ya la cancelación de sus vuelos Madrid–Caracas, incluida la frecuencia prevista para el 2 de diciembre, y ha activado condiciones especiales para sus clientes, con cambios de fecha gratuitos hasta finales de febrero de 2026, modificaciones de ruta sin recargo hacia o desde Medellín, Bogotá o Panamá y la posibilidad de optar por vales o reembolsos.

Iberia ha optado por una flexibilización similar para los billetes con origen o destino Caracas entre el 24 de noviembre de 2025 y el 31 de enero de 2026, permitiendo reprogramar el viaje hasta el 28 de febrero. Plus Ultra, más expuesta a este corredor, ajusta su operativa a la espera de que España confirme si prorroga o no su NOTAM.

El cierre de facto de las rutas directas entre España y Venezuela puede estar afectando ya a varios miles de pasajeros por semana en plena temporada navideña, con un impacto directo en ingresos para las aerolíneas, dificultad añadida para turoperadores y empresas y un deterioro adicional de la imagen de Venezuela como destino aéreo seguro.

La respuesta del Gobierno de Maduro ha sido retirar las licencias de tráfico a Iberia, TAP, Avianca, Latam Colombia, Turkish Airlines y Gol, después de darles un ultimátum de 48 horas para retomar operaciones. El resultado es un país todavía más aislado, dependiente de rutas indirectas a través de hubs como Panamá o Bogotá y de operadores como Copa, Wingo o la estatal Conviasa.

Maduro lleva la batalla al terreno del petróleo

Mientras el frente aéreo se tensiona, el Gobierno venezolano ha trasladado el conflicto al corazón de su economía: el crudo. En una carta remitida a la segunda conferencia ministerial de la alianza OPEP+, firmada por Nicolás Maduro, Caracas acusa a Estados Unidos de intentar apoderarse de las reservas petroleras venezolanas utilizando el despliegue militar en el Caribe bajo la cobertura de la lucha contra el narcotráfico. El Ejecutivo sostiene que esta presión no solo cuestiona la convivencia pacífica entre Estados, sino que pone en riesgo la estabilidad de la producción venezolana y del mercado energético internacional.

Aunque la producción de Venezuela sigue lejos de los niveles previos a las sanciones, cualquier alteración relevante en sus exportaciones añade volatilidad a un contexto marcado por los recortes coordinados de Arabia Saudí y Rusia en el seno de la OPEP+, por las tensiones en Oriente Medio y por el rediseño de los flujos de petróleo hacia Asia. Desde la óptica de empresas y mercados, la carta de Maduro no es solo un gesto político; es también un aviso de que el país está dispuesto a utilizar su peso energético como argumento en la negociación geopolítica.

Cuba, atrapada entre la «policrisis» y la dependencia de Caracas

Si hay un actor especialmente expuesto a lo que ocurra en Venezuela, ese es Cuba. La economía cubana encadena meses de contracción, inflación y restricciones financieras, con escasez de alimentos, medicinas y combustible, deterioro visible de servicios básicos como la sanidad y la educación, epidemias de dengue y chikunguña, apagones prolongados que pueden alcanzar las veinte horas en amplias zonas del país y una oleada migratoria sin precedentes.

En este contexto, el vínculo energético con Caracas sigue siendo vital. Distintas estimaciones sitúan en torno a una cuarta parte el porcentaje de petróleo que Cuba recibe de Venezuela, unos 32.000 barriles diarios sobre un consumo total en torno a los 125.000, en condiciones favorables. Un cambio abrupto de régimen en Caracas, un corte prolongado de suministros o incluso un simple reajuste de volúmenes obligarían a La Habana a buscar combustible en mercados más caros, como México o Rusia, o directamente en el mercado abierto.

Eso se traduciría en apagones todavía más frecuentes, más presión inflacionaria, nuevas tensiones sobre la actividad productiva y una dependencia creciente de Moscú y Pekín en un momento en que Washington intenta precisamente limitar la influencia de ambas potencias en el hemisferio.

Políticamente, en Estados Unidos pervive la idea de que un derrumbe del chavismo arrastraría al régimen cubano. Sin embargo, diplomáticos y analistas consultados insisten en la capacidad de resiliencia del sistema y en el papel del Ejército, con una larga tradición de organización y lealtad a la dirección política, como factor que dificulta un escenario de “efecto dominó” automático. El deterioro económico puede endurecer la presión sobre La Habana, pero no garantiza un desenlace inmediato.

Soberanía, derecho internacional y seguridad aérea

La advertencia de Trump en su red social, en la que pide a «aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas», que consideren cerrado el espacio aéreo venezolano y sus alrededores, ha abierto también un frente jurídico. El ministro de Transporte venezolano, Ramón Velásquez, ha denunciado ante la OACI lo que considera una violación de la soberanía nacional y ha calificado el mensaje como un acto de interferencia ilícita recogido como grave delito en el Convenio de Aviación Civil Internacional.

Caracas sostiene que la difusión de información falsa sobre el estatus de su espacio aéreo compromete la seguridad operacional y subraya que la única autoridad competente para regularlo es el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC). En paralelo, el Gobierno denuncia que la Administración estadounidense intenta amedrentar y presionar a las aerolíneas internacionales que operan en la región, provocando perjuicios económicos a compañías de países como España, Portugal, Turquía, Colombia, Brasil o Panamá.

La comunidad aeronáutica se encuentra así ante un caso que pone a prueba, al mismo tiempo, el principio de soberanía sobre el espacio aéreo y la capacidad de los avisos de seguridad de un Estado para condicionar decisiones empresariales de alcance global.

¿Qué implica para empresas e inversores?

Vista desde la óptica empresarial, la crisis caribeña combina un aumento del riesgo país en Venezuela con un deterioro de las condiciones operativas para cualquier compañía con intereses en la zona. La práctica desaparición de vuelos directos entre España y el mercado venezolano encarece y ralentiza los viajes de negocio, complica el desplazamiento de personal y obliga a replantear agendas comerciales y proyectos de inversión.

La retirada de licencias a aerolíneas internacionales lanza además una nueva señal de fragilidad regulatoria en un país que ya arrastra un historial complejo en materia de seguridad jurídica, controles de capital y sanciones.

En paralelo, el frente energético añade incertidumbre a los precios del crudo y, por extensión, a los costes de transporte y producción para empresas de ambos lados del Atlántico. La posibilidad de que Cuba entre en una fase de crisis energética aún más aguda, con mayor dependencia de Rusia y China, introduce un factor adicional de inestabilidad en el Caribe que puede traducirse en nuevos flujos migratorios, tensiones políticas y un reposicionamiento de actores globales en la región.

La escalada entre Estados Unidos y Venezuela es, en suma, algo más que un intercambio de declaraciones. Es un movimiento que afecta a la arquitectura del transporte aéreo, a los equilibrios del mercado petrolero y a la sostenibilidad de economías frágiles como la cubana.

Y es, sobre todo, un recordatorio de hasta qué punto la geopolítica sigue siendo un componente central del análisis económico para cualquier empresa o inversor con intereses en América Latina y el Caribe.