Las grandes empresas proponen crear 2,3 millones de empleos hasta 2018

En una rueda de prensa para presentar el informe ‘España 2018’, el presidente del CEC, César Alierta, ha asegurado que España tiene una «clara oportunidad» para mejorar su escenario macroeconómico a través de un «cambio radical».

Según Alierta, este reto es «posible» si se lleva a cabo con el esfuerzo de todos, por lo que es importante trabajar «conjuntamente» para que España vuelva a ser un país que «sorprenda» al resto del mundo.

Por un lado, los grandes empresarios proponen diversas medidas en diferentes ámbitos económicos para crear 2,3 millones de empleos nuevos, lo que significaría bajar la tasa de paro diez puntos, hasta el 14,3% en 2018.

En concreto, piden mejorar el marco institucional y aumentar el tamaño empresarial para reducir el paro en 4,2 puntos; avanzar hacia mejores prácticas internacionales en economía del conocimiento y energía para bajar el desempleo un 1,9%, conseguir la excelencia educativa –que reduciría el paro en 0,9 puntos–; y tener en cuenta el efecto de la evolución económica (3,3 puntos menos de paro).

Por otro lado, aseguran que si se toman iniciativas para reducir el fraude laboral con medidas como el aumento del número de inspectores, se podrían aflorar unos 800.000 empleos extra, lo que permitiría reducir la tasa de paro en 3,6 puntos adicionales. De esta forma, la tasa global de desempleo podría situarse por debajo del 11% en 2018, desde el 24% que ronda actualmente.

En concreto y para generar nuevo empleo, el CEC propone actuar en ocho bloques con reformas «exigentes, pero posibles» que van desde el aumento del tamaño de la empresa hasta la aceleración de la economía del conocimiento.

Así, se inclinan por mejorar el marco institucional para aumentar el tamaño empresarial e impulsar así el empleo y la productividad. El economista jefe del BBVA, Jorge Sicilia, ha dicho que el objetivo es acercarse a la media europea y crear unos 400.000 puestos de trabajo. Para conseguirlo, habría que duplicar el número de empresas de más de 250 empleados y aumentar un 60% el número de empresas medianas, las que tienen entre 50 y 250 empleados.

Más internacionalización

En esta misma línea, el CEC propone seguir apostando por la internacionalización de la empresa española y su incorporación a las cadenas de valor globales. El reto concreto es aumentar en 35.000 el número de empresas exportadoras regulares en cuatro años para generar más de 700.000 empleos.

Por otro lado, resaltan la importancia de mejorar el nivel educativo de la población para reducir la brecha de bienestar con los principales países desarrollados. Para lograrlo, apuestan por potenciar un uso más eficiente de los recursos, aumentar dichos recursos, mejorar la eficacia de la políticas activas de empleabilidad para parados, introducir más competencia y grado de autonomía en las escuelas y reforzar la meritocracia, entre otras cosas.

Además, reclaman acelerar la economía del conocimiento, fomentando el desarrollo científico y tecnológico, proyectando una marca España industrial «sólida» y el impulso de una mayor inversión en I+D, hasta el 3% en 2018. Además, se fijan como objetivos fomentar la implantación de servicios digitales y aumentar la inversión en intangibles, entre otras cosas.

Impulso digital

Asimismo, piden impulsar el desarrollo industrial en clave digital, incorporar técnicas digitales a la comercialización, transformar el modelo educativo y acelerar la ejecución de la Agenda Digital. Según el director de Estructura Financiera de Telefónica, Juan Antonio Mielgo, si se hacen los deberes en este sentido y se equiparan estos indicadores a los de los socios europeos, se conseguirá un impacto extra del 1,5% del PIB y 130.000 puestos de trabajo por año.

El CEC también pide una política energética «sostenible» y cree que un plan de inversiones razonable a medio plazo permitiría crear 100.000 empleos hasta 2018. Además, reclama mantener la posición de infraestructuras evitando la caída del ‘stock’ de capital, al tiempo que se inclina por una financiación fluida y por mantener niveles de ahorro que garanticen el proceso de desendeudamiento público y privado.

Finalmente, pide también un ajuste fiscal creíble y sin riesgos en la ejecución, y apuestan por cumplir e incluso mejorar en cumplimiento la agenda prevista para garantizar la sostenibilidad de la deuda y evitar que se sitúe por encima del 100%.

Medidas de racionalización

En este sentido, el director general del área de relaciones con los inversores del Banco Santander, José Manuel Campa, ha resaltado la necesidad de impulsar la lucha contra el fraude fiscal y laboral para elevar la reducción del déficit en 10.000 o 20.000 millones.

Además, cree que se podrían plantear medidas de racionalización y eficiencia por valor de 5.000 millones, puesto que hay margen de maniobra en las administraciones públicas, sobre todo en la Administración Local, que cuenta con el porcentaje más alto de ayuntamientos y municipios de menos de 2.000 habitantes.

En cualquier caso, Alierta se ha mostrado convencido de que España puede acometer este «cambio radical» y avanzar hacia una economía basada en la innovación, la productividad y la competitividad si aplica medidas de este tipo, que son «factibles». A su parecer, las reformas que ha puesto el Gobierno han sido positivas, pero hay que seguir trabajando. «¿Creemos que se pueden hacer? Sí. ¿Creemos que se van a hacer? También», ha concluido.