El alto coste de las materias primas, agravado por la guerra de Rusia contra Ucrania, el incremento del precio de la energía, la subida de los tipos de interés… ha impactado no solo en el sector de la distribución, sino en toda la cadena de valor, impacto del que no se ha librado tampoco el consumidor.
Las empresas de distribución han reducido su volumen de ventas en 2022, pero han incrementado entre un 6 y un 7 % su facturación debido a la inflación, pero no se ha trasladado a la cuenta de resultados de las empresas, tal y como confirman nuestros interlocutores.
Para analizar la situación de la distribución, hablamos con José María Bonmatí, director general de Aecoc, la Asociación de Fabricantes y Distribuidores, e Ignacio García, director general de la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Asedas).
Años difíciles
José María Bonmatí confirma que el sector está afrontando unos años muy difíciles, marcados por el escenario inflacionista global y «en los que toda la cadena se ha esforzado al máximo para tratar de repercutir la menor parte posible de la subida que ellos están sufriendo al consumidor final».
Argumenta con cifras que, durante los primeros meses de 2023, el sector del gran consumo ha experimentado una caída en volumen de ventas superior al 2 %, con respecto a 2022, «agudizando así una tendencia que se ha convertido en la principal preocupación de las empresas del sector».
Además, –continúa– «las categorías de frescos, que no se han visto beneficiadas por las bajadas de IVA aplicadas a otros productos de alimentación –carnes y pescados–, han registrado descensos de hasta un 16 % interanual en su volumen de ventas», subraya.
Ignacio García coincide en señalar que son momentos complicados. Sin embargo, «las empresas de distribución alimentaria han hecho un ejercicio de responsabilidad».
Apunta a favor de las empresas de distribución que en la gestión de esta nueva crisis, «la enorme competencia que tenemos en la distribución española hace que los precios de los alimentos se suban lo menos posible y lo más tarde posible, como así ha sido. La distribución alimentaria, al ser el eslabón más cercano al consumidor final, ha ejercido como dique de contención ante el alza de los costes de alimentación».
Y así lo recoge el II Informe sobre Distribución Alimentaria de Proximidad elaborado por Asedas, que concluye que el sector ha conservado su capacidad de resiliencia en 2022 y, «a pesar de la difícil situación económica, ha mantenido una gran estabilidad en su crecimiento, capacidad de innovación e inversión en renovación de las tiendas, una alta empleabilidad y un gran nivel de servicio tanto en zonas rurales como urbanas», argumenta García.
Volumen de ventas a la baja
Para el representante de Aecoc, el indicador más preciso para valorar la evolución del sector actualmente son sus volúmenes de venta. «Si bien es cierto que el sector crece en facturación a un ritmo de entre el 6 y el 7 % interanual ese crecimiento se debe al efecto de la inflación pero no tiene una traslación a los beneficios de las empresas», matiza. De hecho, –reconoce Bonmatí– «actualmente los márgenes de la distribución se sitúan en torno al 1 y el 2 %”. “Porcentajes habituales en sectores como el nuestro, que están basados en la alta rotación de muchos productos de bajo valor», aclara Ignacio García.
En esta misma línea, el representante de Asedas advierte que «en una situación de inflación nadie gana». De hecho, reconoce que una de las grandes preocupaciones del sector de la distribución «es el descenso del volumen de consumo que han recogido algunas consultoras, así como el traslado de la elección de la compra hacia productos de menor valor, lo que repercute en los márgenes empresariales».
A todo ello se suma que el consumidor está muy informado y con capacidad para comparar y elegir el establecimiento que más le conviene en cada momento. «Muestra de ello –matiza García– es que uno de los aspectos que ha puesto en riesgo esta situación inflacionista es la fidelidad del consumidor a una enseña concreta y esto es un incentivo más para la competencia y que invita a las empresas a estar, si cabe, más alerta para conservar a sus clientes».
Nuevos hábitos de consumo ante la inflación
Todos los datos apuntan a que los hábitos del consumidor han cambiado como consecuencia de la alta inflación. «El precio, –tal y como apunta Bonmatí–, es el primer factor en la decisión de compra de los consumidores. Este buscar ahorrar y, para ello, adopta diferentes estrategias como reducir el número de artículos que incluye en su cesta de la compra, buscar alternativas más económicas o cambiar de categorías de productos hacia otras opciones más económicas», razona.
A esta nueva estrategia de ahorro del consumidor, García añade que desde Asedas han observado también «una mayor afluencia a la tienda y, por último, el cambio de supermercado».
Desde Asedas inciden también en que «por primera vez en seis años, la compra onmicanal ha retrocedido frente a la tienda física». Esta es una de las conclusiones que refleja su último Observatorio de Comercio Electrónico «y se explica por el final de la pandemia, pero también como una manera de controlar mejor el gasto en alimentación», recalca García.
Bonmatí apunta otros dos factores relevantes para los compradores: la conveniencia o la sostenibilidad. «Incluso en el contexto actual, casi la mitad de los consumidores afirma que ha dejado de comprar marcas que considera no sostenibles», refleja.
A pesar de todo y, aunque «en los últimos meses hemos visto cómo el IPC alimentario se ha moderado, todas las previsiones apuntan a que aún quedan meses difíciles y que el indicador no se normalizará hasta 2024», vaticina José María Bonmatí.
Nuevas medidas para combatir la inflación
El Gobierno tomó la decisión de reducir el IVA de determinados productos básicos pero no ha sido suficiente. De hecho, desde Aecoc no ven razones para dejar fuera de la medida a la carne y el pescado, «que suponen hasta el 35 % del gasto en alimentación para las familias», explica Bonmatí.
La asociación reclama también aplicar otras medidas como «deflactar el IRPF y evitar generar nuevos sobrecostes a las empresas por la vía impositiva, en un momento tan delicado como el actual como, por ejemplo, ha sucedido con el impuesto al plástico», razona.
Desde Asedas, también muestran su preocupación por la legislación en materia medioambiental que llega tanto desde la UE y el Gobierno central como desde algunas autonomías y que, «en algunos casos, vienen acompañadas por una carga impositiva y, en otros, requieren de grandes inversiones».
Ante esta situación, García puntualiza que «la distribución alimentaria está comprometida con los objetivos para alcanzar la economía circular, pero necesitamos que nos dejen abordarlos acorde con nuestros modelos de negocio y sin costes fiscales adicionales. En definitiva, –asevera– no pensamos que una ‘fiscalidad verde’ que solo pretende recaudar sea la manera de avanzar en la lucha contra el cambio climático».
Sostenibilidad ante el cambio climático
Las empresas de la distribución alimentaria están comprometidas con la necesidad de hacer frente al cambio climático a través de medidas de ahorro y eficiencia energética, del reciclaje, la reducción y el tratamiento correcto de residuos, etc.
Desde Asedas, Ignacio García nos confirma que el sector está trabajando en numerosos ámbitos y, en algunos de ellos «está liderando el cambio». Desde la Asociación han analizado cinco aspectos relevantes para el sector como son el control del desperdicio alimentario, el uso de los envases de transporte reutilizables, la inversión dedicada a eficiencia energética, la reducción de la huella de carbono y la valorización de residuos.
«Este estudio nos ha servido para saber dónde estamos y cómo debemos seguir avanzando para alcanzar, y si es posible superar, los objetivos marcados por la legislación», explica García. Los datos demuestran que «el índice de desperdicio alimentario de las empresas de Asedas es inferior al 1 %; la valoración de sus residuos alcanza el 73 % frente al 50,8 % de la media española; o el esfuerzo económico para cambiar hacia la economía circular se sitúa entre el 5 y el 10 % de la inversión anual».
La última milla
La sostenibilidad pasa por mejorar la calidad de vida en nuestro territorio. Sin embargo, el auge de la compra online ha multiplicado el número de vehículos que transitan por sus calles.
Desde Asedas nos recuerdan que el supermercado de proximidad fomenta una movilidad limpia por la cercanía a los consumidores y por su integración en el centro de los pueblos y ciudades. «El 90 % de nuestros clientes acuden a pie a hacer sus compras. Mientras, trabajamos en conseguir flotas logísticas cada vez más limpias y eficientes con energías alternativas y optimizando las rutas y la logística inversa».
Aecoc confirma también que «la logística de última milla es uno de los grandes retos que tenemos tanto las empresas como las Administraciones. Por esa razón, colaboramos con los ayuntamientos para impulsar la colaboración público-privada que faciliten la distribución de productos minimizando su impacto en el tráfico, en la calidad del aire y en el bienestar de los ciudadanos».
«Entendemos –esclarece Bonmatí– que la introducción de Zonas de Bajas Emisiones debe compatibilizarse con las necesidades de la actividad económica y empresarial. Por ello debemos trabajar conjuntamente con la Administración en marcos normativos armonizados y realistas».
Fedepesca: «Nos sentimos abandonados»
Desde Fedepesca, su directora general, María Luisa Álvarez se muestra tajante ante la situación del sector: «Es la primera vez que se baja de 20 kilos de consumo anual en España. Un drama para nuestros hábitos alimenticios saludables». Según datos del Ministerio de Agricultura, «la caída en abril de 2023 se ha situado en 18,65 kilos por persona».
La ‘sobrecarga’ burocrática y las presiones fiscales son otras de las cuestiones que plantea Álvarez como urgentes. «Se legisla para que sólo puedan operar las multinacionales. La creación de obligaciones, registros y cargas burocráticas es incesante, especialmente para micropymes, empujándolas al incumplimiento por desconocimiento e incapacidad», comenta. «Discriminación digital y papeleo absurdo», resume la directora general.
El sector solicita también que se defina un sistema fiscal y contable adecuado para las pequeñas empresas de menos de cinco trabajadores: «Mantener el sistema de índices, signos y módulos para empresas de hasta cinco trabajadores y facturación inferior a 250.000 euros, así como el recargo de equivalencia del IVA para estas empresas».
Sobre la sostenibilidad y viabilidad futura del sector, Álvarez muestra su preocupación por la pérdida de más de un tercio de las pescaderías en España desde 2007. «Una red única en el mundo responsable del alto consumo de pescado y marisco en todo el país, por muy alejado que esté de la costa, y que ha pasado de más de 15.000 puntos de venta a menos de 10.000 en 13 años».
Destaca que están abocados a la desaparición si no se toman medidas urgentes ante cuestiones como rentabilidades a la baja, mayores exigencias en el desarrollo de la actividad y sin relevo generacional y sin oferta de FP pública. «Nos sentimos abandonados», corrobora.
Más reclamaciones
Otra de las reivindicaciones del sector pasa por recuperar de nuevo la subasta pública para «garantizar la libre competencia de todos los compradores accediendo a los recursos del mar de forma simultánea», explica Álvarez.
Entre sus exigencias también se encuentran la puesta en marcha de campañas de prestigio del oficio de pescadero, con marketing y comunicación; coeficientes reductores para la edad de jubilación de los pescaderos; apoyo contundente a las asociaciones sectoriales; y defensa del comercio especializado de barrio de alimentación y puesta en valor de su papel social.