Especial alimentación: ¿Hay equilibrio en la cadena alimentaria?

El distribuidor es otro de los eslabones primordiales de la cadena de alimentación. Para conocer cuál es su opinión sobre la reforma de la Ley de la Cadena Alimentaria hemos hablado con la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Asedas) y con la Federación Nacional de Asociaciones Provinciales de Empresarios Detallistas de Pescados y Productos Congelados (Fedepesca).

Según sus propios datos, Asedas es la primera organización empresarial de distribución alimentaria de España. Suma 282.600 trabajadores, más de 19.000 tiendas y diez millones de metros cuadrados de superficie comercial de productos de alimentación y gran consumo. Lo que supone un 75 % del total en España.

Mientras, Fedepesca representa a unas 7.000 pescaderías en España, de las 10.000 existentes en todo el territorio nacional. El sector emplea a 20.510 personas de las que 11.203 son autónomos y 9.307 son trabajadores por cuenta ajena (2014).

Ventajas y desventajas

Felipe Medina, secretario general técnico de Asedas, explica que la directiva sobre Prácticas Comerciales Desleales no aporta grandes cambios a la actual Ley de la Cadena. Por lo que, a la espera de conocer el texto final de la reforma, “esperamos que no se rompa el equilibrio en la cadena y se cumpla el objetivo común de aportar estabilidad y seguridad jurídica a todos sus eslabones. Así como asegurar la sostenibilidad del conjunto. Para ello, cuestiones como la firma de contratos por escrito son fundamentales para garantizar dicha estabilidad”.

Medina considera necesario mejorar la redacción actual sobre promociones comerciales, “ya que esta aporta inseguridad jurídica a los operadores. Puesto que el concepto ‘dañar la percepción del valor en la cadena’ es discrecional y no está definido en nuestro ordenamiento jurídico”. A juicio de Medina, “se abre la puerta a que cualquier promoción pueda ser cuestionada por quien no esté de acuerdo con su precio. Un hecho que aporta incertidumbre e inseguridad al funcionamiento de un sector que necesita las promociones para disminuir el desperdicio alimentario. Y ofrecer al cliente lo que necesita en cada momento”.

Los contratos de alimentación

Desde Fedepesca, su directora gerente, Mª Luisa Álvarez, explica que siempre valoraron positivamente que la Ley de Cadena Alimentaria obligara a formalizar contratos alimentarios. Siempre y cuando uno de los operadores tengan condición de pyme y el otro no, que uno tenga la condición de productor primario y el otro no o que haya una dependencia de uno de los operadores por una facturación de al menos el 30 % en el año precedente. Siempre que la transacción comercial tuviera un precio superior a 2.500 euros.

Sin embargo, –matiza–, “la propuesta actual obliga a formalizar contratos para todas aquellas operaciones comerciales cuyo precio sea superior al fijado por la Ley contra el blanqueo de capitales. Solo permite pagar en metálico de hasta 1.000 euros”.

“Esta nueva propuesta supondría que muchos de nuestros pequeños empresarios deberían formalizar contratos con sus proveedores, cuando ambas empresas son normalmente pymes. Y la fuerza suele estar más en el proveedor que en el detallista, por tener un volumen de negocio inferior y ser cautivo en la compra. Un absurdo, dada la dimensión de nuestros comercios, el 50% de ellos no tienen trabajadores por cuenta ajena”, subraya.

«Esta propuesta ‘ayuda’ a expulsar del mercado a los pequeños operadores»

Además, esta propuesta “no elimina la venta a pérdidas y ‘ayuda’ a expulsar del mercado a los pequeños operadores a los que se carga con exigencias absurdas que incrementan sus costes y reducen su ya de por sí maltrecha rentabilidad”.

Concretamente, corrobora, “con la redacción actual de la Ley solo se evita que, si se vende a pérdidas al consumidor, esta pérdida se pueda repercutir al proveedor. Pero, se permite vender a las grandes empresas de distribución a pérdidas al consumidor final”.

En definitiva, “se sigue permitiendo la banalización de los productos frescos. Especialmente, de los pesqueros y la desinformación de los consumidores sobre lo que es un precio justo que soporte todo el trabajo de la cadena pesquera y la asunción de la exigente normativa de nuestro estado del bienestar”, subraya.

¿Hay equilibrio en la cadena alimentaria?

Para Medina (Asedas), la actual Ley de la Cadena logró un mayor equilibrio. A su juicio, “esta regulación aporta transparencia y estabilidad en las relaciones comerciales a través, por ejemplo, de la firma de contratos. En todo caso, las medidas estructurales que necesita el sector agrario deben abordarse para incrementar su poder de negociación. Ganando dimensión y orientando la producción al mercado”.

Por su parte, Álvarez (Fedepesca) piensa que esta reforma de la Ley no aporta el equilibrio perdido a la cadena alimentaria. De hecho, argumenta que ya existían unas normas que regulaban las relaciones entre grandes y pequeños operadores. “En ese caso tiene todo el sentido mejorar las relaciones si uno de los firmantes es una gran empresa para equilibrar fuerzas. Pero, no dar por supuesto que la parte débil de la cadena es siempre el productor o el proveedor. En nuestro caso es al contrario”, incide.

¿Precios justos para todos?

A juicio de Felipe Medina (Asedas), “la ley persigue aislar prácticas comerciales desleales que pueden producirse en cualquier eslabón de la cadena”. Destaca la importancia de “construir, entre todos, un sector productor fuerte y estructurado que garantice un suministro de calidad y seguridad alimentaria enfocado al consumidor”.

Para ello, propone desarrollar cadenas de valor donde todos los eslabones sean eficientes y competitivos “realizando inversiones para mejorar las estructuras productivas y de comercialización. Los fondos Next Generation pueden suponer una gran oportunidad para acometerlas”.

Sobre la formación de precios, Medina recomienda “huir de controversias estériles relacionadas con la volatilidad de precios en origen. Derivadas de factores que incluyen desde la climatología hasta cuestiones geopolíticas. Por ejemplo, la distribución española apenas absorbe el 7 % de la producción total en sectores como el aceite de oliva o las frutas y hortalizas. La presión del mercado de la exportación sobre los agricultores es alta y es la que marca los precios de cada campaña”.

Para que el sector productor goce de una mayor estabilidad, Medina propone “establecer relaciones comerciales a largo plazo y desarrollar proyectos y objetivos compartidos. Para sentar una confianza mutua con la que servir mejor al consumidor. De hecho, hay ejemplos en España en los que agricultores y distribuidores colaboran lo que les permite un crecimiento conjunto”.

“Las pescaderías son el eslabón débil de la cadena alimentaria«

Mientras, desde Fedepesca, Álvarez incide en que la propuesta no está pensada para las relaciones comerciales de los operadores de la denominada cadena larga de productos pesqueros. Donde las fuerzas de negociación son inversas. “Las pescaderías son el eslabón débil de la cadena. Su capacidad de negociación con los mayoristas, productores o armadores es muy pequeña. Dado que los precios no son fijos hay concurrencia de oferta y demanda y no se firman contratos de suministro a largo plazo”.

Álvarez apunta que desde el Ministerio de Agricultura se promueven los denominados ‘canales cortos o venta directa de los productores’. “No podemos oponernos a la libre competencia. Pero, cuando los productores se convierten en comercializadores debemos exigirles los mismos requisitos que a los comerciantes y dejar de beneficiarles con ayudas públicas destinadas al sector primario”, reconoce.

Por ello, proponen que se exima al pequeño comercio de alimentación fresca de la obligatoriedad de firmar estos contratos. Sin embargo, en caso de que no fuera posible, reclama que se mantenga la actual redacción que limita el ámbito de aplicación y permite las transacciones comerciales inferiores a 2.500 euros sin contrato.

¿Y los precios?

Mª Luisa Álvarez informa que en el caso de Fedepesca se fijan diariamente, “en función de la oferta y la demanda, las condiciones climatológicas, la época del año o la situación de los puertos cercanos”.

Álvarez también subraya que el proyecto “no contiene previsiones sobre las consecuencias de la nueva regulación para la pesca y tampoco para la primera venta de pescado en subasta pública. Solo se remite a la PAC y a la necesidad de proteger a los agricultores y ganaderos frente a la caída de los precios que perciben, sin referirse ni a la Política Pesquera Común, ni a la necesidad de proteger al productor de la pesca”.

Por ello, tanto Fedepesca como la FNCP coinciden en señalar que extender la obligación de formalizar el contrato de alimentación a la primera venta por subasta pública de la pesca fresca o refrigerada en lonja no es viable y se debería excluir de la obligación de formalizar el contrato alimentario para no perjudicar al productor primario, pues “de lo contrario debería renunciar a un sistema de venta por subasta, que protege sus ingresos en los períodos más favorables”, insiste Mª Luisa Álvarez.

Productor-distribuidor. ¿Mejora la relación entre estos eslabones de la cadena alimentaria?

La pandemia ha contribuido a reforzar la relación entre el productor y distribuidor. De hecho, Felipe Medina (Asedas) confirma que, dentro de dicho contexto, han comprobado que “lo que ha primado es la colaboración con el objetivo común de que no faltara ningún producto de alimentación a los ciudadanos”.

En concreto, confirma que “la cadena agroalimentaria en su conjunto ha demostrado la excelencia en su funcionamiento y esto nos ha hecho más fuertes a todos. Durante todo este año hemos sido capaces de alejarnos de polémicas estériles y demostrar que las cadenas de valor compartido basadas en relaciones comerciales estables y en la colaboración ágil entre los distintos eslabones responden a las demandas de los consumidores eficientemente”.