El TS evita que el Estado pague 1.500 millones a concesionarias de autopistas

En ambos casos, las concesionarias alegaban que se había producido una «ruptura de la ecuación financiera del contrato«, después de que se construyera una autovía paralela, funcionalmente equivalente a las que ellos gestionan y libre de peajes, lo que provocó una disminución de sus ingresos.

Pero la sala de lo contencioso administrativo considera que «en más de cuarenta años de explotación, la concesionaria no puede pensar ni pretender que las infraestructuras viarias en el entorno de sus 500 kilómetros de autopistas continúen sin desdoblarse y sin cinturones viarios que rodeen las ciudades».

En su opinión, pretender la «petrificación» de la red viaria próxima a sus autopistas de peaje desde el otorgamiento de las concesión, «a principios de los años 70 del siglo pasado», es algo «al menos, llamativo como argumento».

El alto tribunal destaca que no ha existido ninguna actuación de la Administración del Estado, «al margen de su normal y correcta actividad de mejora de la red viaria», que haya podido ocasionar a las concesionarias «consecuencias onerosas», de ahí que no sea necesaria la indemnización. El Estado, prosigue la sentencia, ha actuado «en interés de los ciudadanos», al mejorar las infraestructuras viarias próximas a las autopistas, lo que constituye «un deber de la Administración; lo anómalo sería que durante cuarenta años no se procediese a mejorar la red viaria».