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La Generalitat incorporó al presupuesto de 2017 un total de 339 expedientes de resarcimiento (enriquecimiento injusto) por 1.115 millones de euros referidos a obligaciones de ejercicios anteriores, con el consiguiente riesgo de que estos gastos «se hayan realizado sin atender la normativa de contratación».
Así lo refleja el último informe de la Sindicatura de Comptes, hecho público este viernes y que pide que se adopten las medidas necesarias para aprobar una regulación normativa completa de la tramitación administrativa de las obligaciones procedentes de ejercicios anteriores, tanto las debidamente adquiridas como las que no lo sean.
La Sindicatura señala que la insuficiencia del presupuesto de la administración de la Generalitat para atender el gasto generado en el ejercicio constituye «un elevado riesgo de incumplimiento» de la normativa presupuestaria y, en consecuencia, de la normativa de contratación.
Asimismo, expone que los gastos contraídos sin la preceptiva y previa consignación presupuestaria que se tramitan anualmente mediante expedientes por enriquecimiento injusto representan un porcentaje «significativo» de los capítulos 2 y 6 del presupuesto, que concentran el gasto de la actividad contractual de la de la Generalitat.
Por otra parte, respecto al periodo medio de pago, en todos los meses de 2017 se superó, excepto en diciembre, el plazo máximo de treinta días previsto en la normativa. La demora máxima corresponde al mes de septiembre, con un periodo de 58,65 días, mientras que en diciembre fue de 29,45 días.
La Sindicatura ha revisado además los pagos efectuados mediante caja fija y ha constatado que, en dos centros hospitalarios, un alto porcentaje se destina a productos farmacéuticos y material sanitario, cuando estas adquisiciones deben someterse a los principios y formas de contratación previstos en la ley de contratos públicos.
También se han observado indicios de fraccionamiento contractual en adquisiciones efectuadas del mismo objeto y proveedor por importes superiores al umbral máximo previsto en la ley, así como servicios en concepto de reparación, mantenimiento, limpieza y similares cuya contratación debe someterse a lo dispuesto en la normativa general de contratación.
En 2017, se han utilizado 261 cuentas para gestionar los fondos de caja fija (257 cuentas en 2016) y se han efectuado pagos por un importe total de 57.860.700 de euros (65.964.000 miles de euros en 2016).
La Sindicatura alerta de que los pagos mediante caja fija deberían tener un carácter extraordinario y limitarse a los requerimientos establecidos en la normativa reguladora, y afirma que los pagos en hospitales se acogen a este sistema especial de forma ordinaria debido a la insuficiencia presupuestaria, práctica que debe evitarse para no eludir los controles del gasto.
En 2017 no se ha realizado ninguna liquidación a las concesiones sanitarias
Asimismo, el informe de fiscalización de la cuenta de la administración de la Generalitat durante el año pasado ha revelado que no se hizo liquidación alguna a las concesiones sanitarias que gestionan departamentos de salud como los de Alzira, Torrevieja, Dénia, Manises y Elx.
Según la Sindicatura de Comptes, aún quedan 36 liquidaciones anuales pendientes de aprobación o contra las cuales se ha interpuesto recurso y de las cuales no existen «estimaciones razonables de los importes a los que podrían ascender», de modo que «no ha sido posible determinar el efecto que su adecuado reflejo contable tendría en la cuenta de la administración de 2017».
Adicionalmente, estas concesionarias interpusieron ante la Conselleria sendas reclamaciones de cantidad en concepto de actualización de la cápita o parámetro de referencia para el cálculo de las liquidaciones anuales.
Los importes fueron 18,5 millones de euros (ejercicios 2008 a 2012) por parte de la concesionaria de Alzira; 13,1 millones de euros, por la concesionaria de Torrevieja (ejercicios 2006 a 2012), y 5,8 millones de euros por parte de la concesionaria de Elx-Crevillent (ejercicios 2010 a 2012).
Estos procedimientos administrativos han sido desestimados en vía administrativa, de modo que las concesionarias de Alzira y Torrevieja han interpuesto sendos recursos contencioso-administrativos ante el TSJCV.
Adicionalmente, la concesionaria de Alzira ha presentado otra reclamación de cantidad por 9,6 millones de euros, por la actualización de la cápita de las liquidaciones de los ejercicios 2014 y 2015, que a fecha de elaboración del presente informe se encuentra pendiente de resolución.
La Conselleria de Sanidad estima que las probabilidades de que la administración de la Generalitat tenga que hacer frente a las reclamaciones anteriormente expuestas son «bajas», según se hace constar en el informe de la Sindicatura. EFE
