En un comunicado, la Corporación de Auditores y el Instituto de Censores Jurados de Cuentas señalan que ningún sector, profesión o actividad debe ser objeto de descalificaciones por las dudas que generan actuaciones aisladas -sobre todo, si no han sido objeto del pertinente análisis del supervisor o de un procedimiento judicial- o de filtraciones carentes de rigor.

Además, destacan que la auditoría es «probablemente» la actividad profesional más regulada y controlada, pues puede ser investigada a instancia de una denuncia o inspeccionada la calidad del trabajo; y de ambos, en caso de incumplimiento, pueden derivarse importantes sanciones económicas e, incluso, la inhabilitación del auditor.

Los auditores consideran que su nivel técnico se basa en su experiencia, estudios complementarios, el hecho de que deban aprobar un concurso-oposición y su formación continuada obligatoria. Por eso están convencidos de que la calidad de los trabajos de auditoría es independiente de la dimensión de quien los realiza.

En España hay más de 8.000 entidades de interés público y sus auditorías son realizadas por 261 auditores diferentes, entre los que hay grandes, medianas y pequeñas firmas. Por ello, a su juicio, «no se puede afirmar con rigor que la dimensión sea un requisito obligatorio para hacer auditorías de organizaciones complejas».

En el mercado de la auditoría, las firmas pequeñas y medianas juegan un papel prioritario, y resulta incuestionable su capacidad para llevar a cabo trabajos de auditoría de calidad a un abanico muy amplio de clientes, cumpliendo con los estándares de transparencia y confiabilidad que el mercado exige al sector.

Una aclaración que llega semanas después de que el ex fundador de Gowex, Jenaro García, confesara en la Audiencia Nacional que falseó las cuentas del operador de wifi y quedara en entredicho el papel de José Antonio Villanueva, de la firma M&A Auditores y encargado de validarlas.

Todo ello a pesar de que el propio Villanueva fue sancionado en junio de 2011 por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), dependiente del Ministerio de Economía, por cometer una infracción grave al incumplir las normas de auditoría en las cuentas anuales del ejercicio 2006 de la empresa Comercial Quemoil.

En cualquier caso, justo cuando el Gobierno ultima un proyecto de ley para limitar el trabajo de las auditoras y prohibir que presten otros servicios a las empresas a las que auditan, el colectivo recuerda que en España hay más de 20.000 auditores y 1.300 firmas de auditoría.