La factura de la luz. Quizá el tema más comentado del momento. Con permiso de la covid, por supuesto. Un quebradero de cabeza para la economía doméstica en los últimos tiempos, una montaña rusa de subidas y bajadas que concentra los titulares nacionales día sí, día también. Pero, ¿qué hay de la industria? ¿Alguien se acuerda de ella?
Compañías patrias de diversos sectores afrontan una situación terrible para su negocio. Los altos costes de la energía provocan sobrecostes en la producción industrial que probablemente pueden repercutir en el precio final de los productos, una carga más para los consumidores. A esto hay que sumar otras problemáticas como la falta de materias primas o los problemas en el transporte. Pero, esos son asuntos para otro día. En algunas industrias concretas, además, como es el caso del sector del azulejo, el precio disparado de la electricidad y el gas no es el único problema en este sentido. A este se le añaden los derechos de emisión de CO2. En definitiva, por mucho que produzcan, sus beneficios se ven mermados cada vez más. Eso cuando no son prácticamente nulos.
La solución a corto plazo, o también llamada ‘de urgencia’, pasaría por la suspensión temporal de la parte regular de las tarifas de la factura o de los citados derechos de emisión. Parches de tela para una situación en la que la costura se va abriendo más y más cada semana.
Quizá ha llegado el momento de cambiar de estrategia. Como en todos los grandes cambios los comienzos nunca son fáciles. No obstante, en este en concreto puede valer la pena, y mucho. Si no puedes con el enemigo, únete a él. O, dicho de otra forma: si la factura y las tasas de contaminación aprietan, busca una alternativa sostenible. No son pocas las empresas que ya han comenzado a instalar paneles fotovoltaicos en los techos de sus naves, por ejemplo. Y que apuestan por formas de producción de energía más amigables con el medioambiente, pero también con sus bolsillos. Aunque apostar por las energías renovables nos lleva a tropezar con otra piedra en el camino: la de la inversión.
En general, el periodo de retorno del dinero invertido en renovables suele ser a largo plazo. No hablamos de meses, sino de años. Y la situación actual, con crisis pandémica mediante, no allana precisamente el camino. ¿La solución? Aquí va una propuesta: la Administración pública, que, según nos hace saber enarbola la bandera del desarrollo sostenible, debería empezar por apostar por las compañías que sustentan el país bajo el que clavan su bandera verde.
Más ayudas y menos palos en la rueda al sector empresarial. Una transición hacia lo sostenible que mate dos pájaros de un tiro: el de la contaminación y el de los sobrecostes industriales. Por su parte, las empresas deben grabarse a fuego que la sostenibilidad ya no es una opción, sino una obligación para seguir viviendo.