Todos quieren ser Viena: La política de Vivienda española busca referentes

En el corazón de Europa, la ciudad de Viena está popularmente considerada como el paradigma de la vivienda pública europea. Elogiado por unos y criticado por otros, su sistema de vivienda pública –basada en un robusto parque de edificaciones públicas– se ha demostrado eficiente y accesible a lo largo de las muchas décadas que lleva en funcionamiento. A diferencia de otras capitales europeas históricamente terratenientes, como Berlín, la antigua capital Habsburgo nunca se deshizo de sus terrenos públicos y destina una parte importante de su presupuesto a vivienda pública.

El éxito de la capital austríaca con la vivienda pública tiene raíces profundas en la historia. Tras la Primera Guerra Mundial y durante el período de entreguerras, el gobierno de la ciudad inició una serie de políticas progresistas que incluían la construcción de grandes complejos de vivienda para la clase trabajadora. Este período, conocido como la “Viena Roja” (1919-1934), sentó las bases de lo que sería un modelo de vivienda pública orientado a garantizar el derecho a una vivienda digna para todos los ciudadanos.

Según los datos del Consistorio austríaco, la ciudad cuenta en la actualidad con 220.000 viviendas subvencionadas por el sector público. Y es que el Ayuntamiento invierte hasta 600 millones de euros anuales –según cifras de 2023– para poder ofrecer vivienda asequible. El resultado es palpable: frente a otras capitales europeas como Barcelona o París, donde el precio del alquiler ronda los 17 €/m2 y 30€/m2, respectivamente, en Viena se sitúa alrededor de 9 euros, según la consultora Deloitte.

El gran éxito político de la ciudad, sin embargo, fue lograr mantener el compromiso con la vivienda pública de la ciudad, independientemente del color político de los sucesivos gobiernos. En la actualidad, más del 60 % de los vieneses vive en viviendas subsidiadas o de propiedad municipal, con alquileres que rondan los 700 euros (por apartamentos de 70 m2 de media). Esta opción se ha demostrado atractiva y de calidad para un amplio espectro de la población, incluidas las clases medias.

El modelo vasco, cierta rima asonante

En España, algunas comunidades autónomas han adoptado enfoques de vivienda pública que comparten ciertos rasgos con el modelo vienés, especialmente en lo que respecta a la intervención de la Administración, la promoción de alquileres asequibles y la integración de diversos estratos sociales en las viviendas públicas. Aunque ninguna comunidad ha replicado exactamente el sistema de Viena, algunas destacan por tener modelos que se asemejan en aspectos clave.

La región de España con unas políticas públicas de vivienda más robustas coincide, y no es casualidad, con una de las autonomías en la que los ciudadanos tienen más dificultades para acceder a un hogar. Si en la actualidad, según el portal inmobiliario Idealista, el precio del metro cuadrado en nuestro país se sitúa en los 2.176 euros, en el País Vasco se dispara hasta los 2.962 €/m2.

Quizá por ello el Gobierno Vasco ha optado tradicionalmente por mantener un parque de viviendas públicas destinado principalmente al alquiler, similar a lo que ocurre en Viena, donde la mayoría de las viviendas públicas no se venden, sino que se alquilan a largo plazo. En este sentido, aproximadamente un 17 % de las viviendas en Euskadi son de protección pública, lo que la convierte en una de las comunidades con mayor oferta de vivienda social en España. A pesar de ello, la cifra dista mucho todavía de la cohesión y solidez del modelo vienés, donde más del 60 % de la población vive en viviendas subsidiadas y el control estatal sobre el mercado inmobiliario es extremadamente robusto.

Euskadi es la comunidad autónoma que más gasta en política de vivienda pública, con el 1,1 % de su PIB. La media europea está en el 1,5 % y la española por debajo del 0,5 % del PIB. Todo ello se traduce en que una de cada tres viviendas de protección en España se hace en Euskadi y cerca de 35.500 hogares reciben una prestación mensual al alquiler, lejos todavía de las 220.000 de Viena.
Tanto es así que las grietas del sistema vasco se hacen notar en momentos de tensión del mercado como el actual. Según datos del Gobierno vasco, la autonomía está entregando 5.000 viviendas de protección por año, pero la demanda es extraordinaria: cada ejercicio se reciben 86.000 peticiones detrás de las cuales hay unas 150.000 personas, en una comunidad de 2,1 millones.

Vivienda en Cataluña, un problema exponencial

En los últimos años, la crisis de acceso a la vivienda ha escalado a niveles alarmantes en Cataluña, impulsando a las administraciones a tomar medidas urgentes. La política de vivienda pública catalana ha evolucionado significativamente, buscando equilibrar una demanda creciente y un stock de vivienda insuficiente. Sin embargo, persisten desafíos importantes, especialmente en comparación con otros modelos que han tenido mayor éxito, como el del País Vasco.

Según datos de la Generalitat, el presupuesto destinado a vivienda pública ha ido en aumento desde 2018, cuando se alcanzaron los 253 millones de euros. En 2021, la inversión pública destinada a políticas de vivienda ascendió a 468 millones de euros, un incremento del 85 % respecto a 2018. Para 2023, el gobierno catalán anunció una inversión récord de 749 millones de euros en vivienda pública, un 60 % más que el año anterior. De este total, alrededor de 100 millones están destinados exclusivamente a la construcción de nuevas viviendas sociales.

Este aumento de presupuesto ha sido destinado principalmente a tres áreas clave: la construcción de nuevas viviendas públicas, la rehabilitación de inmuebles ya existentes y la implementación de ayudas al alquiler para colectivos vulnerables. El Plan Territorial Sectorial de Vivienda de Cataluña, que prevé crear 60.000 viviendas de alquiler social a lo largo de los próximos 20 años, es una de las principales estrategias. Además, la Ley 24/2015 de emergencia habitacional, pionera en Europa, se ha reforzado para aumentar la disponibilidad de viviendas a precios asequibles.

A pesar de las recientes mejoras, el parque de vivienda pública en Cataluña sigue siendo insuficiente. Actualmente, solo el 2 % de las viviendas disponibles en la región son de alquiler social, una cifra muy por debajo de la media europea, que ronda el 15 %. Este déficit de vivienda social ha generado tensiones, sobre todo en el área metropolitana de Barcelona, donde el precio de los alquileres se ha disparado un 30 % en los últimos cinco años.

Además, según el Sindicat de Llogateres, solo una pequeña parte de las viviendas de titularidad pública está ocupada por personas en situación vulnerable, mientras que muchas de ellas se encuentran desocupadas debido a retrasos en su rehabilitación o entrega. La creciente demanda y los recursos limitados hacen difícil responder de manera eficaz a la emergencia habitacional.

En inversión, muy por detrás del País Vasco

En comparación con el modelo vasco de vivienda pública, el modelo de la Generalitat adolece de músculo inversor. En Euskadi, donde el alquiler social representa el 20 % del parque de viviendas disponibles, se han implementado políticas de vivienda pública más eficientes que en Cataluña, a través de su organismo especializado, el Gobierno Vasco y su sociedad pública, Alokabide.
Una de las principales diferencias entre ambos modelos es el nivel de inversión por habitante. Según datos del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, el País Vasco invierte aproximadamente 124 euros por habitante en políticas de vivienda, frente a los 45 euros por habitante que invierte Cataluña. Esta diferencia en la inversión ha permitido a la comunidad vasca construir un parque de viviendas públicas mucho más robusto y accesible.

Además, el sistema vasco está basado en un modelo de colaboración público-privada más desarrollado, donde la Administración no solo se centra en la construcción de nuevas viviendas, sino también en la rehabilitación intensiva de viviendas antiguas y en la regulación de los alquileres. Las medidas como el “canon por vivienda vacía”, que impone un pago a quienes mantengan inmuebles sin habitar por más de seis meses, han mostrado ser efectivos en movilizar el mercado de alquiler.

El modelo valenciano, ¿promesa público-privada?

La Comunitat Valenciana ha tenido, históricamente, una relación complicada con la vivienda. La crisis del ladrillo barrió a buena parte de las constructoras que operaban en la comunidad y, desde entonces, su parque de vivienda –públicas y privadas– apenas ha aumentado. Lo que sí ha crecido exponencialmente ha sido el flujo de turistas y habitantes que las principales ciudades valencianas ha registrado durante los últimos años. La situación de la vivienda, y particularmente de la vivienda pública, en ciudades como València, ha llegado a una situación de “emergencia”, según la Cátedra de Habitatge de la Universidad de Valencia.

Para atajar esta situación, el pasado mes de abril la Generalitat Valenciana presentó el Plan “Viu Comunitat Valenciana”, con el objetivo de dotar de un marco de colaboración a los Ayuntamientos y empresas promotoras. La normativa aspira a establecer las reglas de juego para la promoción de vivienda pública, las condiciones de construcción y los requisitos de los beneficiarios de las mismas. En concreto, el nuevo plan pretende impulsar la construcción de 10.000 nuevas viviendas de protección pública antes del fin de 2027, con un impacto de 7.326 millones de euros de inversión y 74.000 puestos de trabajo durante su construcción.

La Comunitat Valenciana, a la cola de España en inversión

De ser así, será en el futuro. En la actualidad, la Comunitat Valenciana se encuentra en una posición rezagada en cuanto a inversión y disponibilidad de vivienda pública. Mientras que, tal y como se ha expuesto anteriormente, el País Vasco lidera el ranking nacional con un parque de vivienda pública que representa el 20 % del total y una inversión de 124 euros por habitante, la Comunitat Valenciana todavía está lejos de alcanzar estos niveles. Cataluña, con un 2 % de viviendas de alquiler social, está más alineada con la situación valenciana, aunque con un nivel de inversión superior.

Y es que, según datos del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, la Comunitat Valenciana invierte en torno a 35 euros por habitante en políticas de vivienda, muy por debajo de regiones como el País Vasco (124 euros) o Cataluña (45 euros). Esta diferencia de inversión per cápita ha ralentizado el ritmo de construcción y rehabilitación de vivienda pública.

En ciudades como València y Alicante, el acceso a la vivienda se ha convertido en un problema urgente, impulsado por el encarecimiento de los alquileres, que han subido un 40 % en los últimos cinco años. Este aumento ha afectado sobre todo a los jóvenes y a las familias de bajos ingresos, muchos de los cuales se ven obligados a dedicar más del 40 % de sus ingresos al alquiler. Según el Observatorio de Vivienda de la Comunidad Valenciana, más de 20.000 familias están en lista de espera para acceder a una vivienda pública o protegida. Precisamente a ese segmento de la población se enfocan principalmente las medidas adoptadas por la Generalitat. Una de las principales novedades del nuevo reglamento reside en que incluirá una categoría de vivienda joven destinada a menores de 35 años, ajustando la renta para facilitar el acceso de los jóvenes a estos inmuebles.

El decreto, que entrará próximamente en vigor, establecerá la obligación de que todas las promociones VPP, tanto públicas como privadas, contengan una reserva mínima del 40 % para menores de 35 años. Asimismo, a través de esta norma podrán beneficiarse las familias monoparentales, familias con alguna persona con discapacidad o dependencia o victimas de violencia de género. El reglamento también incrementará el nivel de renta máximo para acceder a una vivienda protegida para las familias que tengan mayores a su cargo o hijos con edades entre los 18 y 35 años.