El pasado 24 de septiembre, las autoridades chinas dieron un paso más, quizá el último y definitivo, en su particular cruzada contra las criptodivisas.
Aquel viernes, las autoridades del gigante asiático ilegalizaban cualquier actividad relacionada con los activos monetarios encriptados. En un comunicado del Banco Popular de China, el intercambio, la obtención y la circulación de criptomonedas quedaban prohibidas de manera implacable (como casi todo lo relacionado con la Administración del país asiático).
Entre los motivos ‘oficiales’ ofrecidos por las autoridades de China destacaban dos. Por un lado, un primer argumento, comunicado por la Agencia de Planificación Económica China, relacionado con el aspecto medioambiental. Dada la intensidad energética que requiere la mineración de criptodivisas, los objetivos medioambientales fijados por Pekín eran incompatibles con esta actividad.
Por otro lado, un segundo argumento vinculado al riesgo asociado a esta clase de activos monetarios. En esta ocasión, era la máxima autoridad monetaria de la megapotencia económica quien se pronunciaba.
El Banco Popular de China justificaba la prohibición aludiendo a la elevada volatilidad de los mercados de criptomonedas. Haciendo especial hincapié en las nefastas consecuencias que esta podría tener para la economía. Pudiendo incluso llegar a alterar el orden financiero del país. Asimismo, a los riesgos derivados de la especulación, el banco central chino responsabilizaba a las criptomonedas de ser un foco de atracción para operaciones destinadas al blanqueo de capitales. Siendo su ilegalización una medida tenaz para combatirlo.
Respecto al primero, el ejercicio de fe que habría que realizar para comprar el cuento chino de los dirigentes del país más poblado del mundo sería, cuando menos, de dimensiones considerables. Más aún, si tenemos en cuenta que China ha sido hasta ‘hace dos días’ la mayor mina de criptomonedas del mundo. Bastante diferenciada del resto. Además, si tenemos en consideración que estamos hablando del mayor productor industrial del mundo, el presunto motivo «eco friendly» se cae por su propio peso.
En relación al segundo, las divisas encriptadas se caracterizan por una enorme volatilidad, no siendo precisamente pocos los riesgos asociados a ellas. No obstante, en una nación donde las crisis de deuda e inmobiliaria están empezando a asomar la cabeza, culpabilizar a las criptomonedas como responsables de un posible colapso financiero resulta un argumento bastante peregrino.
La incompatibilidad entre un régimen autoritario y la libertad monetaria que proponen las criptodivisas es la principal razón real para que su prohibición se haya llevado a cabo. La autoridad monetaria china está acostumbrada a controlar el yuan a su gusto, en función de sus intereses. Teniendo un absoluto control sobre su divisa. Este planteamiento choca de manera frontal con la flexibilidad, fuera de los sistemas gubernamentales, que ofrecen las monedas virtuales.
Además de la pérdida de control, siendo esta la principal razón, existen otros motivos para el escepticismo chino hacia las criptomonedas. En su intento de acelerar el proceso de convertirse en la primera potencia económica del mundo, China necesitaría una moneda propia muy fuerte. Una intensa irrupción de las monedas virtuales, en detrimento del yuan, lo dificultaría seriamente.
De momento, pese al shock inicial, los mercados de criptomonedas continúan su trayectoria ascendente. ¿Cambiará el Gobierno chino su postura respecto a los activos encriptados? No, a corto plazo no se dará esta situación. No, al menos, hasta que su propia criptomoneda (qué irónico, las autoridades chinas sí que permiten su propia criptodivisa), el yuan digital, adquiera la fortaleza necesaria. El grado de robustez óptimo para que el control que las autoridades chinas puedan ejercer sobre los yuanes digitales sea equiparable al que tienen actualmente sobre su divisa «analógica».