Alicante reúne jueces, policía y asistentes sociales en un consejo provincial

La Audiencia de Alicante constituirá el próximo martes la comisión provincial de coordinación contra la violencia de género con el propósito de mejorar las medidas preventivas y poner en común las necesidades existentes. También con el objetivo de ajustar la respuesta de la Administración de Justicia frente a los casos de agresiones ocasionadas frente a la mujer y menores.

Se trata de un órgano de cooperación integrado por responsables de los juzgados específicos de violencia de género, del Instituto de Medicina Legal, de los centros penitenciarios, de la Subdelegación del Gobierno y los Cuerpos de Seguridad del Estado -entre los que se incluye tanto la Policía Nacional y la Guardia Civil como la Policía Local-, además de los servicios asistenciales de la Conselleria de Bienestar Social, de la Diputación de Alicante y los ayuntamientos, según publica la agencia Efe.

Su cometido, según fuentes judiciales, será el de procurar la unificación de criterios, disipar dudas, resolver disfunciones y atender necesidades específicas en cada caso. Para ello, los miembros de la comisión de coordinación mantendrán reuniones periódicas con el fin de aunar reflexiones y poner en común los protocolos de actuación adecuados.

La creación de dicho órgano, que contará con la dirección del presidente de la Audiencia de Alicante, el magistrado Juan Carlos Cerón, responde a la propuesta formulada por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) al conjunto de las demarcaciones provinciales como parte del desarrollo del llamado Pacto de Estado contra la Violencia de Género, para que cada provincia disponga de una comisión coordinadora propia.

La iniciativa parte de la vocal del CGPJ Carmen Llombart y se dio a conocer en abril de 2018, en el marco de unas jornadas organizadas en Córdoba por el órgano de gobierno de los jueces para los presidentes de las audiencias provinciales.

Según explicó entonces la propia Llombart, el fin es «facilitar la reflexión y la propuesta de medidas que puedan mejorar la atención a las mujeres víctimas de violencia y a sus hijas e hijos menores, reforzando su estatus y su papel en nuestra sociedad, apoyando su proceso de recuperación y contribuyendo así a la deslegitimación social de esta clase de violencia».

Una vez constituidas todas esas comisiones, sus trabajos deben debatirse, después, en las reuniones de presidentes de Audiencias con el propósito de que puedan compartirse y homologarse aquellas medidas que demuestren mayor eficacia.