La Segunda Oportunidad en España: Redefiniendo la recuperación económica

La verdadera resiliencia económica de un país se mide por la capacidad de sus ciudadanos para superar la adversidad financiera. En este contexto, la Ley de la Segunda Oportunidad (LSO) ha dejado de ser una herramienta residual para convertirse en un mecanismo esencial de reestructuración personal, alcanzando cifras históricas.

Nuestro último estudio en Libertad Sin Deudas, Así es el nuevo perfil del ciudadano que cancela sus deudas en España, revela una transformación sustancial en el perfil del deudor, impulsada por un escenario pospandemia marcado por la inflación y la creciente presión sobre los hogares.

El nuevo rostro de la insolvencia

Los datos muestran que el deudor tipo ya no es el empresario fallido, sino el ciudadano medio, de entre 35 y 54 años, cuyas deudas de consumo (tarjetas de crédito, microcréditos, préstamos personales) se han vuelto insostenibles. Este desplazamiento hacia el particular no empresario evidencia el estrés financiero que afecta a buena parte de la población. La pérdida de empleo, el cierre de pequeños negocios, el encarecimiento del crédito, la escalada de la inflación y el vencimiento de los créditos ICO figuran entre las causas más frecuentes que llevan a los ciudadanos a solicitar una segunda oportunidad.

Las cifras respaldan esta tendencia: el 78% de los concursos de acreedores ya corresponden a personas físicas, y la duplicación de los llamados «concursos sin masa» revela la creciente dificultad para generar activos. A nivel territorial, Cataluña lidera el volumen de procedimientos, con casi una cuarta parte del total, lo que sugiere una mayor sensibilización y acceso al mecanismo en esa comunidad. En 2025, esta tendencia se ha intensificado: según el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), los concursos de acreedores han aumentado un 37% en el primer trimestre, con un incremento del 44% en los procedimientos iniciados por personas físicas.

La reforma de 2022: más eficiencia, mayor dignidad

La reforma de la LSO aprobada en 2022 fue determinante para esta evolución. La eliminación del Acuerdo Extrajudicial de Pagos (AEP) como paso previo ha permitido acceder directamente a la vía judicial, lo que ha acortado sensiblemente los plazos. Aunque la duración final depende de la carga de trabajo de cada juzgado, los procedimientos más simples pueden resolverse entre seis y doce meses, frente al año y medio o más que solía requerirse.

Además de mejorar la eficiencia, la reforma ha introducido un componente de justicia material. La posibilidad de exonerar hasta 20.000 euros en deuda pública (10.000 con la Seguridad Social y 10.000 con Hacienda: los primeros 5.000 euros al 100% y el resto al 50% hasta 10.000 euros) y, especialmente, la opción de conservar la vivienda habitual mediante un plan de pagos, representan avances significativos en términos de dignidad personal.

Como he defendido en numerosas ocasiones, «una segunda oportunidad no es solo un derecho legal, sino un nuevo comienzo sustentado en la dignidad y la estabilidad personal». Esta convicción impulsa nuestro trabajo en Libertad Sin Deudas, desde la certeza de que la recuperación individual forma parte esencial de la salud económica colectiva.

Retos pendientes y perspectivas

Pese a los avances, subsisten retos importantes. La saturación de los Juzgados de lo Mercantil exige mayores recursos humanos y materiales. El tratamiento de la deuda pública requiere una doctrina jurisprudencial más uniforme que aporte seguridad jurídica. Por último, es necesario solventar los problemas técnicos de la plataforma digital para microempresas, que siguen lastrando la agilidad de muchos procedimientos.

La Ley de la Segunda Oportunidad ha pasado de ser un instrumento marginal a consolidarse como un pilar contra la exclusión financiera. Su desarrollo demuestra que, con los ajustes adecuados, puede convertirse en una de las políticas más eficaces para reforzar el bienestar social en España. Desde Libertad Sin Deudas, seguiremos analizando su evolución y defendiendo su aplicación plena, con el objetivo de que el derecho a empezar de nuevo sea una realidad accesible para todos.