Ya te pagaré

Lo más importante para una empresa es vender, eso lo tenemos todos claro, pero igual de importante que vender es cobrar. Y en este sentido, y respecto a los plazos de pago entre las empresas, los últimos datos publicados reflejan que el plazo medio de pago está por encima de los noventa días.

Este plazo ha ido creciendo desde 2018 hasta situarse en niveles que no veíamos desde 2013. Y un dato curioso es que la Administración pública es una de las instituciones que más retrasa sus pagos. Me gustaría detenerme en este punto porque una empresa que cobra de forma aplazada, lo normal es que intente adelantar el cobro de sus facturas utilizando, en múltiples ocasiones, entidades de financiación alternativa, además de sus canales bancarios tradicionales.

Para poder adelantar el cobro, las empresas necesitan que el interventor de la Administración pública de turno dé el visto bueno. Un puesto ejercido por un funcionario que decide tramitar el expediente o no, coger el teléfono o no y contestar o no al correo electrónico.

Con la consiguiente indefensión para las empresas que han realizado su trabajo o servicio y lo único que necesitan es cobrar para poder continuar con su actividad.

Si por ley estamos marcando que el plazo de pago no puede superar los 60 días, ¿no deberíamos de marcar a nuestros funcionarios unos KPI (indicadores de actividad) en los que se comprometan con dicha normativa? Que las empresas cobren sus trabajos es fundamental para su sostenibilidad.

Pues bien, según la información que nos han hecho llegar a la redacción de Economía 3, en el Servicio de Gestión Presupuestaria de la Conselleria de Sanitat de la Comunitat Valenciana está ocurriendo precisamente esto. Y, efectivamente, ante nuestra llamada para corroborarlo no hemos encontrado a ningún interlocutor válido.

Lo seguiremos intentando, a ver cuál es el plazo medio de respuesta en este caso.