La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) ha denunciado que la nueva ley permitirá a las empresas pagar sus deudas más allá de los 60 días fijados en la normativa actual, algo que supone una «perversión» y que perjudicará a las pymes y los autónomos al encarecer sus costes para cobrar en plazo.

También ha criticado la modificación del artículo 216 de la ley de contratos del sector público, que deja a las administraciones públicas ampliar «sin límite alguno» los plazos de pago mediante acuerdo entre las partes, lo que genera inseguridad jurídica y supone una «contradicción» con la normativa europea y la legislación española antimorosidad.

Para la PMcM, que hoy ha hecho público el informe «Morosidad 2013», si el Gobierno no cambia ambas leyes va a producirse una situación de «involución» que pondrá en riesgo lo avanzado hasta ahora en la mejora de los pagos.

Además, ha recordado que pese a que se ha disminuido el ratio, este indicador aún duplica la tasa media europea (2,6 %).

El informe, que se ha elaborado en base a 1.000 encuestas a empresas asociadas a la entidad, revela que las administraciones públicas tardaron en pagar a sus proveedores una media de 111 días en 2013, 30 días menos que el año anterior pero casi cuatro veces más de lo que marca la ley antimorosidad (30 días).

Mientras, el plazo medio de pago en el sector privado fue de 85 días, 8 menos que en 2012, frente a los 60 que permite la ley.

Según los encuestados, un 68 % de las empresas exigen plazos superiores a los 60 días para pagar a sus proveedores, por lo que el presidente de la plataforma, Antoni Cañete, ha incidido en la necesidad de establecer un régimen sancionador, algo que apoyan el 94 % de las empresas.

En este sentido, la PMcM ha propuesto establecer multas desde 30.000 hasta 900.000 euros a quienes incumplan los plazos de pago establecidos legalmente.

Asimismo, Cañete ha querido denunciar que el nuevo IVA de caja que entró en vigor en enero, por el que el impuesto se paga a Hacienda cuando se cobra la factura, se basa en criterios discriminatorios y ha sido un «fracaso», ya que sólo el 15 % de las empresas que cumplen los requisitos -pymes y autónomos que facturan menos de 2 millones de euros- se han acogido al mismo.

El presidente de la PMcM ha destacado que los pagos a proveedores que puso en marcha el Gobierno permitieron reducir las deudas de las comunidades autónomas, aunque los considera un «parche» que, además, pierde efectividad con la modificación de la ley de contratación pública.

La plataforma ha desarrollado una serie de propuestas para luchar contra la morosidad, entre las que se encuentran la implantación de medidas no coercitivas de mediación, la creación de un mecanismo que asegure que los contratistas paguen a sus subcontratados y de un observatorio contra la morosidad.