Llevar los pagos a los proveedores al día es imprescindible para el buen funcionamiento de la empresa. Cuando una compañía tiene diversos proveedores de los que depende su producto o servicio para ofrecer al cliente final, es vital tener una buena relación con ellos. Este tipo de empresas necesitan varios proveedores para la fabricación de su producto o para poder ofrecer su servicio, por lo que tienen varias empresas diferentes a los que pagar. En muchos casos, el número es importante y la gestión de los pagos y cobros se puede convertir en un verdadero quebradero de cabeza si no se gestiona adecuadamente.

Problemas que pueden derivar en no pagar al día, lo que deteriora la relación con el proveedor o se generan retrasos en el envío de una mercancía que necesitamos. Por ello, el desarrollo y el crecimiento de una empresa dependen, en gran medida, de los proveedores.

Plazos de pago en España

En España estos plazos de pago a proveedores son deficientes. A pesar de que en el último año, el periodo medio se ha reducido en siete días, hasta llegar a los 75, aún supera los límites establecidos por ley. La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (Pmcm) ha presentado un informe en el que se refleja cómo el sector público ha disminuido este plazo de pago a los proveedores de los 162 días de media que se registraban en 2011 a los 75 días que se han recogido en 2015. Sin embargo, esta cifra sigue siendo más del doble que la que marca la normativa, 30 días.

Por su parte, el sector privado, también ha reducido la media en cuatro días, hasta llegar a los 85 días, pero también superan el límite legal, que en su caso es de 60 días. Cierto es que no se exceden en el doble de lo establecido como sí ocurre con las Administraciones Públicas.

Medidas adoptadas para mejorar el pago a proveedores

Con el objetivo de redecir estos plazos, y que se cumpla la normativa legal, se han propuesto una serie de medidas desde el Gobierno. La Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria puso sobre la mesa que el Estado pueda retener recursos de los regímenes de financiación, para poder pagar directamente a los proveedores de otras instituciones públicas que estén retrasándose en los pagos, más allá de lo que establece la Ley.

El Estado actuaría como una especia de Policía entre las Administraciones, de manera que si no cumplen la normativa, y no pagan en tiempo y forma, el Estado adelantará el dinero, y se genera una deuda con éste.

Otras de las medidas puestas en marcha es la exigencia para las Administraciones públicas que quieran acceder a una financiación por parte de la Administración Central. Si quieren obtenerla, deberán mantener unos periodos medios de pago cercanos a los máximos establecidos por las leyes de morosidad.

Por otro lado, el Plan de Pago a Proveedores, el Fondo de Liquidez Autonómico o la Ley para el impulso de la factura electrónica, son otras de las iniciativas puestas en marcha para señalar y, en cierto modo, “poner las pilas” a las Administraciones que más se retrasan. La última, y más llamativa, es la obligatoriedad de las Administraciones de publicar su periodo medio de pago, para poder llevar un control público y transparente.

Soluciones financieras contra el retraso de pago a proveedores

El mercado financiero es consciente de este problema, y de las dificultades que puede generar para una empresa o Administración Pública la correcta gestión de los pagos a proveedores. La importancia, como hemos analizado, es vital, de manera que se necesitan soluciones que sean capaces de minimizar los retrasos y asegurar una buena relación con nuestros partners.

Entre las soluciones financieras que ayudan a tal fin, destaca el servicio de confirming. La empresa contacta con una entidad financiera que adelante el importe de las facturas a los proveedores, para que las cuentas estén al día. Así, los proveedores cobran en tiempo y forma y la relación entre ellos y la empresa es estable.

Conclusión

Todas estas medidas, y las que se pondrán en marcha, tienen como objetivo principal conseguir la estabilidad. Los retrasos en los pagos ralentizan el crecimiento de las empresas, impide las inversiones, imposibilita actividades de exportación, etc. En definitiva, imposibilita el desarrollo y crecimiento de las empresas en España. De ahí la importancia de que existan soluciones y medidas que ayuden a reducirlos.