La barrera que no se paga en la aduana: certificar un producto para exportar lleva meses y miles de euros

Una baldosa fabricada en Castellón con todos los ensayos europeos en regla no puede venderse en Arabia Saudí sin una licencia propia de ese país. Desde el 13 de septiembre de 2019, el organismo saudí de normalización, SASO, exige su marca de calidad a los productos cerámicos y prohíbe que entren por sus puertos o se comercialicen sin ella.

El requisito no figura en ninguna tabla de aranceles, pero tiene plazo y precio. SASO estima en 70 días hábiles la tramitación de la licencia, que tiene tres años de validez. El derecho de uso de la marca para productos de certificación obligatoria cuesta 15.000 riales por cada marca comercial, unos 4.000 dólares al cambio fijo de la moneda saudí. A esa tasa se añaden las jornadas de auditoría en fábrica y de revisión documental, que las entidades autorizadas por SASO facturan a 3.000 y 2.500 riales al día, además del viaje y el alojamiento de los auditores. La auditoría inicial ocupa un mínimo de seis jornadas.

De este tipo de exigencias se ocupa el Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio de la Organización Mundial del Comercio (OMC), que se reúne esta semana en Ginebra, del 11 al 13 de noviembre.

La OMC sitúa la norma por delante del arancel

En su World Trade Report 2026, publicado en septiembre, la OMC afirma que las medidas no arancelarias tienen hoy más efecto sobre los costes del comercio que los aranceles en la mayoría de las economías. La agencia de Naciones Unidas para el comercio y el desarrollo (UNCTAD) llegó en mayo a una conclusión parecida y le puso cifra: esas medidas encarecen las exportaciones más que los aranceles en el 88% de los países.

La UNCTAD añade un cálculo sobre la falta de información. Cuando un país no notifica una medida, el coste para quien exporta es comparable al de un arancel del 28%. Mejorar la transparencia puede rebajar en torno a un 19% los costes asociados a estas medidas.

5.206 notificaciones en un año

Los miembros de la OMC presentaron en 2025 un total de 5.206 notificaciones de medidas técnicas nuevas o modificadas, el 55% de todas las que recibió la organización. Un año antes habían sido 4.334 y en 2022, 3.897. Desde 1995 se han notificado más de 95.000 medidas técnicas y sanitarias.

Diecisiete países africanos concentraron el 46% de las notificaciones del año, con Burundi, Kenia, Ruanda, Tanzania y Uganda entre los diez miembros que más comunicaron. Varios de ellos notifican por separado normas que comparten, de modo que el total no equivale a 5.206 reglamentos distintos.

Una notificación tampoco equivale a una barrera. El Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio busca que los reglamentos, las normas y los procedimientos de ensayo y certificación de cada país no creen obstáculos innecesarios al comercio, y anima a basarlos en normas internacionales.

410 barreras registra por Bruselas

La Comisión Europea tenía inventariadas 410 barreras de acceso a mercados en 67 países al cierre de 2024, según su último informe sobre aplicación de la política comercial, de noviembre de 2025. Los obstáculos técnicos son la segunda categoría más numerosa y supusieron cinco de las barreras detectadas ese año. Bruselas calcula que afectaron a exportaciones comunitarias por un valor del orden de 25.000 millones de euros.

En España, el Portal de Barreras Comerciales de la Secretaría de Estado de Comercio recogía 413 barreras en 67 países en mayo de 2025, de las que 68 estaban resueltas. Durante 2024, España trasladó a la Comisión 94 barreras detectadas en 29 países. La encuesta Perspectivas Empresariales 2026 de la Cámara de España preguntó por primera vez por este asunto y el 22,6% de las empresas españolas consultadas citó las barreras comerciales entre los condicionantes de su actividad.

Algunas se eliminan. En 2024 se retiraron total o parcialmente 44 barreras en 27 países. La cerámica tiene su propio precedente: según la Comisión, desde el 31 de marzo de 2022 los exportadores europeos de baldosas ya no tienen que someterse a ensayos o auditorías redundantes para vender en Arabia Saudí.

Cuánto cuesta un ensayo

El coste de demostrar que un producto cumple rara vez se publica. Una referencia oficial es la evaluación que la Comisión Europea hizo en 2023 de la directiva de compatibilidad electromagnética, que afecta a aparatos eléctricos y electrónicos. Los laboratorios externos cobran entre 800 y 1.500 euros por jornada y ensayar un producto requiere varios días: unos 15.000 euros de media, con estimaciones de 5.000 euros para los más sencillos y hasta 20.000 para los complejos. Preparar la documentación técnica supone entre 1.000 y 10.000 euros más por producto.

El mismo documento apunta quién lo soporta peor. Solo las grandes compañías suelen tener laboratorio propio, cuya instalación parte de un millón de euros.

Son cifras para un tipo concreto de ensayo y dentro de la UE, no una tarifa general. Sirven como orden de magnitud de lo que se duplica cuando el país de destino no acepta los resultados obtenidos en origen. De ahí la función de los acuerdos de reconocimiento: la Secretaría de Estado de Comercio señala que los certificados e informes con marca de la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) reducen o eliminan estos obstáculos en los países cubiertos por acuerdos multilaterales.

La UE también recibe quejas

Las normas europeas son a su vez objeto de reclamación. En la reunión de julio del comité se debatieron 70 preocupaciones comerciales, 17 de ellas nuevas. Entre las dirigidas a la UE, Vietnam cuestionó el reglamento que desarrolla el registro del pasaporte digital de producto; Corea del Sur, el método de cálculo del plástico reciclado en botellas de bebidas, y Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Estados Unidos, la norma europea sobre biocombustibles.

Según la OMC, los países que plantearon las nuevas quejas pedían más claridad sobre el alcance de las medidas, tiempo suficiente para aplicarlas y que se reconozcan regulaciones equivalentes y evaluaciones de conformidad hechas en otros países.

El pasaporte digital, previsto en el Reglamento (UE) 2024/1781, añade un requisito de otra naturaleza: además del producto, hay que aportar datos sobre él. Para un fabricante español es una obligación en su propio mercado. Para su competidor de un tercer país, una condición de entrada.

Quién redacta las normas

Las normas técnicas se elaboran en comités en los que los sectores participan a través de los organismos nacionales de normalización. La Asociación Española de Normalización (UNE) cifraba en 2024 en más de 150 las presidencias y secretarías de órganos técnicos internacionales y europeos en manos de expertos españoles, y sitúa en el 90% los comités y subcomités internacionales con representación española.

La barrera que más cuesta a una empresa no siempre es la que más se ve. Una norma técnica, una licencia o un ensayo duplicado no aparecen en ninguna tarifa de aduanas, pero pueden decidir si un producto llega o no a un mercado. Para la cerámica, la solución ya existe: el reconocimiento mutuo de ensayos ahorró a los exportadores europeos un paso que antes repetían. La lección es que el comercio se mueve tanto por los acuerdos como por los aranceles, y que quien tiene que cumplir con todas las normas a la vez suele ser quien menos recursos tiene para hacerlo.