El exceso de trabajo amenaza la salud mental de los empleados valencianos

La salud mental ha dejado de ser una cuestión periférica en la empresa para convertirse en uno de los grandes retos de la prevención de riesgos laborales. Una investigación conjunta de UGT-PV, la Generalitat Valenciana y la Universitat de València, liderada por el catedrático de Derecho del Trabajo, Adrián Todolí, advierte del impacto que la carga de trabajo tiene sobre la salud mental de las personas trabajadoras y la identifica como uno de los principales riesgos psicosociales en el entorno laboral.

El estudio, presentado en el marco de la jornada Salud Mental y Carga de trabajo desde la perspectiva preventiva, pone el foco en un fenómeno cada vez más visible en las organizaciones: el aumento de tareas por persona, las exigencias de rendimiento más elevadas, la reducción de tiempos de ejecución y la presión continuada sobre los equipos. Según recoge el programa de la jornada difundido por UGT-PV, esta intensificación del trabajo se manifiesta en múltiples dimensiones y obliga a analizar la carga laboral desde la prevención, no únicamente desde la gestión de recursos humanos.

La sobrecarga laboral, un riesgo que debe evaluarse

La principal conclusión del trabajo es clara: la carga de trabajo influye en la salud mental y debe ser tratada como un factor preventivo de primer orden. UGT-PV subraya que los estudios especializados han demostrado que la intensificación del trabajo es un determinante directo de la salud mental en España, por lo que la evaluación de la carga laboral debe incorporarse a la gestión preventiva de las empresas.

La cuestión conecta directamente con las obligaciones empresariales en materia de prevención. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales establece que las personas trabajadoras tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo, lo que implica un deber correlativo del empresario de proteger frente a los riesgos laborales. Además, la norma exige integrar la prevención en el sistema general de gestión de la empresa y actualizar la evaluación de riesgos cuando cambien las circunstancias del trabajo.

En la práctica, esto supone que las empresas no pueden limitarse a actuar cuando ya se ha producido el daño. Deben identificar, evaluar y controlar los riesgos, también aquellos que no son físicos o visibles, como la presión excesiva, la falta de autonomía, la indefinición de funciones, los ritmos intensos, la desconexión insuficiente o los conflictos derivados de una mala organización del trabajo.

El riesgo psicosocial ya no es una cuestión secundaria

El Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo recuerda que la gestión psicosocial requiere un diagnóstico técnicamente adecuado y una planificación de medidas preventivas con seguimiento y control efectivos. Según el INSST, la exposición a factores de riesgo psicosocial causa estrés y, a medio y largo plazo, puede contribuir al desarrollo de enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares, musculoesqueléticas, gastrointestinales, dermatológicas o mentales.

Este planteamiento refuerza la tesis de la investigación impulsada por UGT-PV, la Generalitat y la Universitat de València: la carga de trabajo no es solo un problema organizativo, sino una variable con impacto directo en la salud. Cuando una plantilla asume de forma sostenida más tareas de las razonables, trabaja con plazos insuficientes o carece de margen para ordenar sus funciones, el riesgo deja de ser individual y pasa a ser estructural.

La evaluación de riesgos psicosociales, por tanto, debe ir más allá de una encuesta puntual. Debe analizar cómo se distribuye el trabajo, qué ritmos se exigen, qué recursos existen, si las responsabilidades están bien delimitadas, cómo se gestionan los picos de actividad y si las personas trabajadoras cuentan con capacidad real de desconexión y recuperación.

Planes de salud mental en las empresas

La Universitat de València ya había advertido en un informe anterior, elaborado junto a la Universidad Carlos III de Madrid y UGT-PV, de que los planes de salud mental pueden reducir las bajas por motivos psicológicos, los costes económicos para los empleadores y la rotación en las empresas. Según la UV, el estudio cifraba en 339 millones de euros anuales el coste derivado de las bajas laborales por motivos psicosociales y señalaba que, entre 2005 y 2025, el riesgo de desarrollar un trastorno psicológico pasó del 14,9% de la población trabajadora española a más del 55%.

Aquel informe, dirigido también por Adrián Todolí, defendía que las empresas tienen obligación legal de establecer medidas que protejan la salud mental durante la actividad laboral. Entre las medidas propuestas figuraban reducir el estrés asociado a exigencias excesivas, reconocer mayor autonomía a las personas trabajadoras, establecer alertas tempranas ante niveles peligrosos de estrés y definir con mayor claridad roles y responsabilidades.

La nueva investigación profundiza en esa línea y sitúa la carga de trabajo como una de las variables más relevantes. El mensaje para las empresas valencianas es directo: proteger la salud mental no consiste solo en ofrecer apoyo psicológico cuando aparece el problema, sino en revisar la organización del trabajo para evitar que el riesgo se produzca.

Un reto para la competitividad empresarial

La sobrecarga laboral también tiene una lectura empresarial. Las bajas, la rotación, la pérdida de productividad, el absentismo no planificado y la dificultad para retener talento generan costes directos e indirectos. De hecho, la UV señalaba que los planes de salud mental pueden mejorar la estabilidad de las organizaciones, incrementar la productividad y reforzar la reputación empresarial.

En un mercado laboral tensionado, donde muchas compañías compiten por perfiles cualificados, la salud mental se convierte en un elemento de competitividad. Las empresas capaces de organizar mejor las cargas, anticipar picos de trabajo, formar a mandos intermedios y crear entornos laborales saludables estarán mejor posicionadas para atraer y retener talento.

La prevención de riesgos psicosociales exige, además, participación. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales reconoce el derecho de las personas trabajadoras a recibir información sobre los riesgos para su seguridad y salud y obliga al empresario a consultar y permitir la participación de la plantilla en las cuestiones que afecten a la seguridad y salud en el trabajo.

De la cultura del aguante a la cultura preventiva

El debate de fondo es cultural. Durante años, la sobrecarga se ha interpretado en muchos entornos como una consecuencia inevitable de la actividad empresarial o, incluso, como una muestra de compromiso profesional. Sin embargo, la evidencia preventiva apunta en otra dirección: cuando la carga de trabajo se cronifica y no se gestiona, puede convertirse en un riesgo para la salud.

La investigación de UGT-PV, la Generalitat y la Universitat de València sitúa este problema en el centro de la agenda laboral valenciana. La carga de trabajo debe medirse, evaluarse y corregirse cuando suponga un riesgo. Y esa tarea no puede recaer únicamente en la persona trabajadora, sino que debe formar parte de la estrategia preventiva de la empresa.

El reto para las organizaciones valencianas pasa por avanzar hacia modelos de gestión más saludables: dimensionar adecuadamente las plantillas, revisar objetivos, evitar la acumulación permanente de tareas, garantizar tiempos de descanso, mejorar la comunicación interna y dotar de recursos suficientes a los equipos. En definitiva, pasar de la reacción a la prevención.

La salud mental laboral ya no puede abordarse como una cuestión individual ni como un problema ajeno a la organización. La carga de trabajo, cuando supera determinados límites, afecta al bienestar de las personas y al funcionamiento de las empresas. Por eso, la investigación lanza una advertencia clara: cuidar la salud mental en el trabajo empieza por mirar cómo se organiza el trabajo.