Licitaciones desiertas en obra pública: el silencio del mercado como alerta sistémica

El problema, en cifras

En 2025, un total de 9.819 licitaciones quedaron desiertas en España, con más de 4.011 millones de euros de gasto público sin materializar, lo que representa un incremento del 86,1% respecto a 2021.

Ningún territorio escapa al fenómeno, aunque tiene especial intensidad en la Comunidad de Madrid, con 787,19 millones paralizados, y en la Comunidad Valenciana, con 709,12 millones, seguida de Andalucía (458 millones) y Castilla y León (387,88 millones).

El dato valenciano tiene una doble lectura: es el resultado de un plan de inversión ambicioso, agravado por la emergencia postDANA , y al mismo tiempo es el síntoma de un mercado contratista que ha dejado de responder en las condiciones que la Administración sigue fijando.

Entre las licitaciones de mayor envergadura que han quedado desiertas en 2025 destaca, precisamente en Valencia, el proyecto de construcción de vivienda pública en régimen de alquiler, dotado con más de 413,5 millones de euros.

Las causas: más que la inflación

Las licitaciones sin concurrencia pueden originarse por presupuestos insuficientes, desconocimiento de la licitación, requisitos estrictos de solvencia, problemas con plazos y calendarios, o situaciones económicas adversas como la ausencia de revisión de precios, la inflación o el aumento de salarios y cotizaciones sociales.

La inclusión de criterios subjetivos de adjudicación —cuya valoración depende de un juicio de valor— reduce significativamente el número de ofertas recibidas, y su influencia supera incluso a la del propio Presupuesto Base de Licitación. A mayor Precio Base de Licitación, mayor concurrencia; pero a mayor peso de criterios subjetivos, menor participación.

La Confederación Nacional de la Construcción considera que el principal problema radica en la falta de revisión de los precios base de los contratos públicos, que no reflejan el incremento de costes de materiales, energía y mano de obra.

Seopan ha alertado de que la combinación de presupuestos desajustados, mayor complejidad técnica y exigencias administrativas crecientes está reduciendo la concurrencia en la contratación pública, comprometiendo ya la capacidad de ejecución de proyectos estratégicos.

A ello se añade la fragmentación de plataformas: la fragmentación del sistema de contratación pública y la complejidad de acceso a la información dificulta la participación de empresas, especialmente pymes, y reduce la concurrencia en los procesos.

La respuesta de otras Comunidades Autónomas

Ante la crisis de precios de 2022, algunas CCAA actuaron con agilidad. La Comunidad Autónoma de Aragón aprobó el Decreto-ley 3/2022, de 6 de abril, como consecuencia del incremento generalizado de materias primas —con subidas de hasta el 174% en ciertos materiales— que ponía en riesgo la ejecución de contratos de obra pública; el Decreto asumió como propias las medidas excepcionales de revisión de precios del RDL 3/2022 estatal.

Aragón amplió, además, el catálogo de materiales cuyo incremento de coste puede ser causa de revisión excepcional, incluyendo cemento, materiales cerámicos, madera, productos plásticos, áridos, rocas y vidrio.

El Decreto-ley aragonés obligó a incluir fórmulas de revisión de precios en los pliegos de las futuras licitaciones de obra pública tramitadas por procedimiento abierto.

Extremadura adoptó medidas análogas. Navarra, con su Ley Foral 2/2018 de Contratos Públicos, mantiene disposiciones propias en materia de renuncia del ente contratante y procedimientos simplificados para unidades desistidas. El País Vasco dispone de su Órgano Administrativo de Recursos Contractuales, que ha desarrollado una doctrina específica sobre concurrencia y motivación en procedimientos negociados.

La Comunidad Valenciana, sin embargo, no adoptó medidas autonómicas de revisión de precios comparables durante el periodo crítico 2022-2023, y hoy acumula el mayor déficit de ejecución en términos absolutos tras Madrid.

Riesgo para los fondos europeos

Una parte relevante de las licitaciones desiertas está vinculada a proyectos financiados con fondos europeos Next Generation EU, lo que añade el riesgo de pérdida de financiación si no se cumplen los plazos comprometidos.

Para la Comunidad Valenciana, con un plan de reconstrucción postDANA en marcha y financiado en parte con fondos europeos, el riesgo de incumplimiento de plazos es real y urgente.

Posibles soluciones

1. Actualizar los presupuestos base a precios de mercado.El artículo 87.1 LCSP obliga a que el precio responda a los del mercado; cumplirlo exige estudios previos rigurosos y revisiones periódicas. Sin esto, la licitación nace muerta.
2. Incluir cláusulas de revisión de precios.El artículo 103 LCSP las permite en contratos de obra con más del 20% ejecutado y dos años de vigencia. Usarlas desde el inicio —como exigió Aragón— reduce el riesgo para el contratista y aumenta la concurrencia.
3. Simplificar criterios de adjudicación.Los órganos de contratación deben equilibrar la objetividad y la subjetividad en los criterios de adjudicación, dado que la configuración de criterios subjetivos es la variable con mayor influencia negativa sobre la concurrencia.4.3
4. Revisión de requisitos de solvencia.Exigencias desproporcionadas alejan a las pymes, que son las principales ejecutoras de obra local.
5. Centralizar y simplificar plataformas de publicidad.La fragmentación actual es un obstáculo a la participación efectiva, especialmente para empresas locales que no monitorizan los portales autonómicos y estatales en paralelo.
6. Usar medios propios como válvula de emergencia.El Real Decreto 345/2025 prevé que cuando una licitación de prestación parcial con terceros haya quedado desierta, el medio propio (TRAGSA o equivalente) puede ejecutar directamente la prestación. Este mecanismo debe activarse con más agilidad cuando la obra no admite demora.
7. En definitiva, las licitaciones desiertas en obra pública han dejado de ser un accidente estadístico para convertirse en una señal de fracaso sistémico. El crecimiento de las licitaciones desiertas refleja un problema que ya no es coyuntural, sino estructural: con más recursos disponibles, pero menos empresas dispuestas a ejecutar en las condiciones actuales, la contratación pública muestra una creciente incapacidad de transformar presupuesto en inversión real.

La Comunidad Valenciana, golpeada ya por la DANA y con necesidades urgentes de reconstrucción, no puede permitirse que sus contratos nazcan inviables. La solución pasa por hacer que la competencia funcione desde el principio: con precios reales, plazos razonables y condiciones adaptadas al mercado.