UGT alerta del auge de la economía sumergida y la explotación laboral

La reciente actuación policial en un taller clandestino de Valencia ha vuelto a poner sobre la mesa una problemática que los sindicatos llevan años denunciando: el peso de la economía sumergida en la Comunitat Valenciana y su impacto directo sobre los derechos laborales, la competencia empresarial y la sostenibilidad económica.

Desde la UGT consideran que este caso «no es un hecho aislado«, sino la muestra más visible de un sistema que se alimenta de la vulnerabilidad de miles de trabajadores y trabajadoras, especialmente personas migrantes en situación irregular.

La economía sumergida representa el 27% del PIB valenciano

Según las estimaciones manejadas por el sindicato, la economía sumergida en la Comunitat Valenciana representa aproximadamente el 27% del PIB regional, lo que equivale a unos 28.370 millones de euros anuales fuera del control administrativo y fiscal.

Sin embargo, desde UGT insisten en que el problema va mucho más allá del fraude tributario. El sindicato denuncia que este modelo genera «competencia desleal a la baja», permitiendo que determinadas empresas reduzcan costes incumpliendo la legislación laboral y debilitando las condiciones del conjunto del mercado de trabajo.

«La economía sumergida no es una mera picaresca, sino una herramienta estructural utilizada por empresas sin escrúpulos para precarizar el empleo y socavar derechos laborales«, sostienen desde la organización sindical.

Jornadas de más de 60 horas y trabajadores sin contrato

UGT advierte además de que, cuando estas prácticas se cronifican, derivan en situaciones que «rozarían la esclavitud moderna«. Entre las irregularidades detectadas destacan jornadas laborales superiores a las 60 horas semanales, ausencia de contratos, trabajadores viviendo en los propios centros de trabajo y situaciones de dependencia marcadas por el miedo a la deportación.

Para el sindicato, estas dinámicas convierten a muchas personas en «rehenes de un sistema que se aprovecha de su situación administrativa y de la falta de alternativas«.

La organización reclama que la lucha contra el fraude laboral deje de abordarse como un fenómeno puntual y pase a considerarse un problema estructural con consecuencias económicas y sociales.

UGT respalda la regularización extraordinaria impulsada por el Gobierno

En este contexto, UGT valora positivamente la reciente regularización extraordinaria promovida por el Gobierno de España, dirigida a facilitar permisos de residencia y trabajo a personas extranjeras que ya se encontraban en el país antes del 1 de enero de 2026.

No obstante, advierten de que la eficacia de esta iniciativa dependerá de la capacidad administrativa para gestionar los expedientes y evitar situaciones de abuso por parte de intermediarios o redes que intenten lucrarse con la vulnerabilidad de las personas migrantes.

Más inspección laboral y protección a denunciantes

UGT sostiene que la regularización, por sí sola, no resolverá un problema de carácter estructural. Por ello, reclama una estrategia integral basada en varias medidas prioritarias:

• Refuerzo urgente de la Inspección de Trabajo.
• Protección efectiva para las personas denunciantes.
• Responsabilidad empresarial en toda la cadena de subcontratación.
• Más recursos administrativos para agilizar procesos y evitar colapsos.

El sindicato insiste en que la lucha contra la economía sumergida «es una lucha por la dignidad del trabajo» y reclama una respuesta coordinada de administraciones, empresas y sociedad civil.

«Donde hay explotación, debe haber respuesta sindical; y donde hay trabajadores sin derechos, no puede haber una sociedad que mire hacia otro lado«, concluyen desde UGT.