La Comunitat impulsa una Ley del Suelo que agilice el urbanismo y reduzca litigios

La futura Ley del Suelo de la Comunitat Valenciana encara su recta final con el objetivo de simplificar el urbanismo, reducir la inseguridad jurídica y acelerar la puesta en marcha de proyectos. Vicente Martínez Mus, vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, ha cerrado en València la ronda de contactos con ayuntamientos, técnicos y entidades del sector, paso previo a la remisión del anteproyecto a Les Corts a finales de este año.

La norma forma parte de una revisión más amplia del modelo territorial valenciano y busca superar un marco urbanístico que, tras años de reformas parciales, ha derivado en procedimientos largos, complejos y, en algunos casos, bloqueados durante décadas.

«El proceso participativo ha sido fundamental para ajustar el anteproyecto a las necesidades reales de los municipios», ha subrayado Martínez Mus, que ha insistido en que la ley pretende dotar al territorio de un marco «más claro, ágil y previsible».

Ordenar antes de urbanizar

Uno de los cambios estructurales de la nueva ley es situar la ordenación territorial como eje previo a cualquier desarrollo urbanístico. La planificación deja de ser un paso posterior para convertirse en el punto de partida del sistema.

La Estrategia Territorial alineará vivienda, industria, infraestructuras, transporte y protección ambiental bajo una misma lógica. El objetivo es reducir conflictos, evitar litigios y generar un entorno más estable para la inversión.

En términos económicos, el mensaje pasa por contar con un territorio ordenado, reducir incertidumbre y facilitar la toma de decisiones empresariales.

Fin del «plan enciclopédico»

La reforma introduce un cambio profundo en el planeamiento municipal. El tradicional Plan General, a menudo complejo y difícil de aprobar, evoluciona hacia un modelo más estratégico y directivo.

La ordenación pormenorizada se trasladará a planes de desarrollo, lo que permitirá acortar plazos de aprobación y facilitar revisiones más ágiles. El urbanismo gana flexibilidad para adaptarse a los cambios económicos y sociales.

Además, la ley incorpora el Plan Urbanístico Simplificado, pensado para municipios pequeños o en riesgo de despoblación. Con menor carga técnica y trámites proporcionados, se busca acercar el urbanismo a la realidad local y evitar bloqueos administrativos.

Reglas claras en suelo no urbanizable

Otro de los puntos clave es la clarificación del régimen del suelo no urbanizable, tradicional foco de conflictos.

La futura ley establece un criterio dual que consiste en que en suelo no urbanizable común se podrán autorizar usos no prohibidos; en el protegido, solo se permitirán los expresamente contemplados.

Asimismo, se aborda el problema histórico de las edificaciones fuera de ordenación. La norma introduce mecanismos de «minimización» que, sin legalizar construcciones irregulares, exigirán condiciones de seguridad, salubridad e integración paisajística.

Más flexibilidad en la gestión

El nuevo marco abandona el modelo rígido de ejecución urbanística y abre la puerta a múltiples fórmulas como gestión pública, privada, colaboración público-privada o expropiación cuando sea necesario.

Este enfoque busca adaptar cada actuación a su contexto y mejorar la eficiencia en el desarrollo del suelo, un aspecto clave para desbloquear proyectos.

Además, se incorporan los Proyectos de Interés Autonómico como instrumento para impulsar iniciativas estratégicas con procedimientos más ágiles y plazos definidos.

Agilizar sin desregular

Uno de los pilares de la ley es la simplificación administrativa. La declaración responsable se convierte en el título habilitante ordinario para edificar, sustituyendo licencias en muchos casos.

El sistema se basa en un control posterior más eficaz, con el objetivo de reducir tiempos sin renunciar a las garantías. «Agilizar sí; desregular, no» es el principio que guía este cambio.

En paralelo, se refuerza la disciplina urbanística mediante una mayor coordinación de la Agencia Valenciana de Protección del Territorio, con el fin de evitar inseguridad jurídica y prácticas desleales.

Vivienda e inversión

La ley también incorpora medidas para facilitar el acceso a la vivienda, con reservas de suelo para vivienda protegida y un marco más estable que incentive la inversión.

Desde la Generalitat se vincula directamente la política urbanística con el desarrollo económico ya que la falta de previsibilidad y los retrasos administrativos han sido, históricamente, un freno para proyectos empresariales y residenciales. El nuevo texto aspira a corregir ese déficit ofreciendo reglas más claras y tiempos más acotados.

Calendario y tramitación

Tras cerrar la fase participativa en València -tras su paso por Alicante y Castelló-, el anteproyecto se remitirá a Les Corts a finales de 2026 para iniciar su tramitación parlamentaria.

La intención del Consell es abrir «una nueva etapa basada en la claridad, la planificación y la reducción de la complejidad administrativa», en palabras de Martínez Mus, situando el urbanismo como una herramienta al servicio del interés general.