El Ivefa celebra la supresión del Impuesto de Sucesiones y pide más cooperación

La fiscalidad valenciana entra en una nueva fase tras el anuncio realizado por el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, durante la asamblea de AVE donde aprovechó el foro allí reunido para anunciar la supresión del Impuesto de Sucesiones y Donaciones. Una medida largamente reivindicada por el tejido empresarial -y muy en particular por la empresa familiar- que sitúa el relevo generacional en el centro de la política económica autonómica.

El anuncio supone un cambio estructural en uno de los tributos que históricamente más debate ha generado en el ámbito empresarial, especialmente en territorios con fuerte presencia de compañías familiares, como la Comunitat Valenciana.

Clave para favorecer el relevo generacional

Desde el Instituto Valenciano para el Estudio de la Empresa Familiar (Ivefa), su presidenta, Emi Boix, ha valorado positivamente la medida y ha subrayado su impacto directo sobre la continuidad de los negocios.

Emi Boix ha agradecido al president de la Generalitat el anuncio y ha declarado que se han escuchado sus peticiones y «se van a poner en marcha unas medidas que beneficiarán directamente a las empresas familiares de la comunidad, ya que con la futura modificación del impuesto de sucesiones y donaciones contaremos con un paso clave para favorecer el relevo generacional y garantizar la continuidad de nuestros negocios».

En concreto, la presidenta ha destacado dos elementos esenciales de la reforma como son la ampliación de los familiares beneficiarios hasta el cuarto grado y la extensión de la bonificación a todos los herederos cuando el fundador esté jubilado.

En su opinión, «estas medidas están dirigidas a garantizar la continuidad de las empresas familiares, incluidas las agrícolas, negocios profesionales y participaciones en sociedades holding y sin duda aliviarán la carga fiscal y permitirán a nuestras empresas seguir creciendo y generando empleo» ha manifestado Emi Boix.

No obstante, la presidenta de Ivefa considera que estas iniciativas «son un paso importante y van en la dirección correcta», «pero no podemos quedarnos aquí» matiza. A su juicio, «es fundamental seguir trabajando conjuntamente con la Generalitat ya que la unión y la cooperación entre las instituciones y los agentes son clave para superar obstáculos y continuar creciendo económica y socialmente».

De izda. a dcha., Ana González (Wolters Kluwer), Esteban Benito (Fremap) y Gemma Fábrega (Universitat de València)

Exenciones fiscales para los afectados por la DANA

La reforma de Sucesiones se enmarca en un contexto fiscal más amplio, marcado por la gestión tributaria de las ayudas tras la DANA. En concreto, durante una jornada organizada por Wolters Kluwer y Cámara Valencia para analizar los cambios normativos de 2026 en materia fiscal y laboral, Lluís Meseguer, economista e inspector de Hacienda en la Administración Digital Integral de la AEAT, ha detallado el tratamiento fiscal de estas ayudas.

Tal y como ha expresado Meseguer, el Estado ha declarado exentas las ayudas por daños personales y materiales y las ayudas directas a empresas y profesionales que iban dirigidas a la reconstrucción y mejora. También están exentas las ayudas recibidas por contribuyentes que perdieron su vehículo y obtuvieron apoyo económico para adquirir uno nuevo.

Uno de los puntos más controvertidos ha sido el relativo a las ayudas autonómicas. Las comunidades autónomas no tienen capacidad normativa para decidir unilateralmente su exención en el IRPF o en el Impuesto de Sociedades. En este sentido, la Generalitat solicitó al Ministerio de Hacienda que las ayudas autonómicas por la DANA también quedaran exentas de tributación, una petición que finalmente ha prosperado.

La clave que ha puesto sobre la mesa Lluís Meseguer para no tener dudas a la hora de saber cuáles están exentas fiscalmente y cuáles no es que «si la ayuda está destinada a hacer frente a la destrucción, mejora o reparación derivada de la DANA, queda exenta». Este criterio también se aplica a fondos canalizados a través de ayuntamientos, incluidos los procedentes de donaciones privadas como las realizadas por la Fundación Amancio Ortega, siempre que su destino haya sido la reparación de daños.

El objetivo, según los expertos, es evitar que la carga fiscal se convierta en un obstáculo añadido para la recuperación económica.

Más control digital: Verifactu, Bizum y tarjetas prepago

En paralelo a la rebaja fiscal en Sucesiones, avanza el refuerzo del control tributario a través de la digitalización.

El sistema Verifactu -que obliga a que los sistemas de facturación cumplan requisitos técnicos que garanticen la integridad y trazabilidad del dato- ya acumula dos prórrogas. Una de las vías para anticiparse era reportar la facturación automáticamente a Hacienda en un plazo de cuatro días, aunque el calendario definitivo sigue generando dudas en parte del tejido empresarial.

Asimismo, se mantiene vigente el régimen de módulos, considerado por algunos expertos como un sistema «anacrónico», aunque prorrogado sucesivamente desde 2016 en sus límites intermedios.

En cuanto a los medios de pago, cuando un empresario utiliza Bizum como forma de cobro, esa operación será informada a la Agencia Tributaria. No ocurre lo mismo con los particulares. Además, determinadas operativas vinculadas a tarjetas prepago emitidas por entidades extranjeras quedarán también bajo mayor supervisión administrativa.

Novedades laborales con impacto fiscal

El escenario 2026 también viene marcado por cambios laborales con repercusión económica para las empresas. Según ha explicado durante su intervención en la jornada Gemma Fábrega, catedrática de Trabajo y Seguridad Social de la Universitat de València, varias reformas se tramitarán previsiblemente mediante reales decretos, lo que abre debates jurídicos sobre su encaje constitucional.

Entre las medidas ya vigentes, destaca el desarrollo reglamentario del artículo 11 del Estatuto de los Trabajadores, que endurece los contratos formativos por alternancia para evitar su uso como fórmula de empleo precario o de bajo coste.

En materia de igualdad retributiva, España debe transponer antes del 6 de junio de 2026 la directiva europea que obliga a reforzar la transparencia salarial. Las empresas deberán garantizar la trazabilidad del dato y podrían verse obligadas a difundir información sobre medias y medianas salariales, incluso fuera de convenio. De no hacerlo, el Estado se expone a sanciones europeas.

También se prevé avanzar en el registro horario digital en remoto, pendiente del dictamen del Consejo de Estado y del criterio de la Agencia Española de Protección de Datos.

En paralelo, se estudian nuevos permisos laborales -como diez días por defunción o quince días en casos de cuidados paliativos. y posibles cambios en la estructura del Salario Mínimo Interprofesional para 2026.