El Gobierno central destina 45 millones a crear 1.525 alojamientos universitarios

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana destinará 45 millones de euros a impulsar la creación de 1.525 alojamientos asequibles para estudiantes y personal universitario. La primera fase alcanzará a siete entidades de seis comunidades autónomas y contará con un proyecto en la Comunitat Valenciana: el promovido por la Universitat Jaume I (UJI) de Castelló.

La universidad castellonense recibirá 4.455.000 euros, cerca del 10% de la financiación total movilizada por el Gobierno. Por el momento, el Ministerio no ha incluido ningún proyecto situado en la ciudad de València dentro de esta primera selección.

El programa persigue ampliar la oferta residencial disponible para estudiantes, personal docente e investigador, facilitar la movilidad académica y reducir la presión que soporta el mercado del alquiler en las ciudades universitarias. La mayoría de las actuaciones se desarrollará sobre suelos públicos o universitarios disponibles y urbanísticamente consolidados.

La financiación se concederá directamente a las entidades seleccionadas, que disponen de proyectos concretos considerados viables a corto plazo. No se trata, por tanto, de ayudas que los estudiantes puedan solicitar individualmente, sino de subvenciones destinadas a promover nuevas plazas de alojamiento con precios limitados.

Siete proyectos en seis comunidades autónomas

La Universidad Autónoma de Madrid será la principal beneficiaria, con 13.365.000 euros, casi un tercio del presupuesto. Le siguen la Universidad de Castilla-La Mancha, que recibirá 8.197.200 euros para una actuación en Albacete, y la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, con 6.504.300 euros.

La Universidad de Burgos contará con 5.940.000 euros; la Universitat Jaume I, con 4.455.000 euros; la Universidad de Jaén, con 3.564.000 euros, y el Ayuntamiento de Lleida, con 2.974.500 euros. En conjunto, estas aportaciones suman los 45 millones comprometidos por el Ministerio.

La distribución territorial comprende Castilla-La Mancha, Andalucía, la Comunidad de Madrid, Cataluña, Castilla y León y la Comunitat Valenciana. La previsión del Gobierno es que estas intervenciones permitan habilitar 1.525 alojamientos durante una primera fase del programa.

Las promociones deberán conservar su finalidad pública y ofrecer precios asequibles. El importe máximo que tendrán que abonar sus ocupantes será determinado por el Ministerio en las resoluciones o convenios correspondientes, documentos en los que también se concretarán las actuaciones y los plazos de ejecución.

Una de las condiciones anunciadas es que ese precio máximo incluya gastos básicos como la electricidad, el agua y la conexión wifi. De esta forma, el coste establecido deberá reflejar el desembolso residencial completo y no únicamente el uso de la habitación o el inmueble.

Una respuesta al encarecimiento de la vivienda

La medida llega después de que la Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE) haya advertido reiteradamente de las consecuencias del encarecimiento de la vivienda y de la insuficiente oferta de residencias públicas.

La organización universitaria considera que esta situación está erosionando la igualdad de oportunidades, al dificultar el acceso a la universidad de las personas con menos recursos y limitar la movilidad académica. La falta de alojamiento asequible puede condicionar la elección de estudios o de campus cuando el alumno debe trasladarse desde su residencia habitual.

La CRUE ha valorado positivamente la inversión y confía en que permita desarrollar el protocolo suscrito en octubre de 2024 por los ministerios de Vivienda y Agenda Urbana; Ciencia, Innovación y Universidades; y Economía, Comercio y Empresa.

El acuerdo interministerial nació para promover alojamientos universitarios en alquiler asequible y la actuación se integra en el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, y el presidente de CRUE y rector de la Universidad de Castilla-La Mancha, Julián Garde, abordaron el programa en una reunión celebrada en la sede del Ministerio.

Paralelamente, el Gobierno ha activado el trámite de audiencia pública del real decreto que regulará la concesión de las subvenciones. Las ayudas todavía deberán formalizarse y los alojamientos no estarán disponibles de manera inmediata, puesto que cada proyecto tendrá que completar su correspondiente proceso de desarrollo y ejecución.

La CRUE también ha señalado la necesidad de extender el programa a más universidades públicas en 2027. La organización propone involucrar a comunidades autónomas, ayuntamientos y universidades mediante la cesión de suelo dotacional para construir residencias con alquileres sociales. La Universidad de Alicante ha respaldado esta petición ante un problema que considera cada vez más acuciante.