España hace obligatoria la factura electrónica entre empresas

El Boletín Oficial del Estado ha publicado este martes 31 de marzo el Real Decreto 238/2026, que establece la obligatoriedad de la factura electrónica entre empresas y profesionales en España. La medida, que afecta al 99% del tejido productivo, busca digitalizar los flujos comerciales, mejorar la eficiencia y reducir la morosidad, un problema crónico de la economía española.

Adiós al papel: todos los negocios deberán emitir facturas digitales

Hasta ahora, la factura electrónica solo era obligatoria para operaciones con la Administración Pública. Con el nuevo reglamento, cualquier transacción entre empresas o profesionales en España deberá documentarse mediante factura electrónica estructurada, legible por máquinas, eliminando el uso exclusivo de PDFs o documentos en papel.

Se contemplan algunas excepciones: las facturas simplificadas «tiques» y ciertos sectores con dificultades tecnológicas, como operaciones del mercado eléctrico, gas y transporte aéreo regulado.

Plazos según tamaño empresarial

El calendario de implantación reconoce la capacidad tecnológica de cada empresa:

• Grandes empresas (facturación superior a 8 millones de euros): 12 meses para emitir y recibir facturas electrónicas. Durante este periodo deberán seguir enviando un PDF para los clientes que aún no estén obligados.
• Pymes y autónomos: 24 meses desde la entrada en vigor para cumplir con la obligatoriedad total y reportar estados de aceptación, rechazo y pago.

La puesta en marcha definitiva dependerá de una orden ministerial de Hacienda, que detallará la operativa de la solución pública de la AEAT, diseñada como alternativa gratuita a las plataformas privadas de facturación.

Un sistema híbrido: público y privado

El decreto establece un modelo dual:

• Plataformas privadas, que deberán garantizar interoperabilidad, firma electrónica avanzada y copia fiel de facturas a la AEAT.
• Solución pública gratuita, que actuará como red de seguridad para las empresas que carezcan de recursos tecnológicos.

Cada factura tendrá un código único y el receptor deberá informar del estado de pago en un máximo de 4 días hábiles, incluyendo la fecha exacta de cobro efectivo. Esto permitirá al Observatorio Estatal de la Morosidad Privada generar un ranking de cumplimiento que afectará a subvenciones y contratos públicos.

Impacto económico y recomendaciones

La digitalización de la facturación B2B promete beneficios claros: reducción de retrasos en pagos, menor carga administrativa y mayor trazabilidad financiera.

El Real Decreto 238/2026 entra en vigor el 20 de abril de 2026, aunque su aplicación dependerá de la publicación de la orden ministerial que active la infraestructura de facturación electrónica.