Las sanciones a Rusia, tres años después: impacto en Europa y la economía rusa

La Unión Europea (UE) prorrogó este lunes, por otros seis meses y hasta el 31 de julio de 2026, su paquete de sanciones económicas sectoriales contra Rusia por la guerra en Ucrania.

La Unión mantiene el foco en impactar el corazón de la capacidad económica y tecnológica del país eslavo, mediante restricciones al comercio y la financiación, limitaciones en energía, tecnología y bienes de doble uso, medidas sobre transporte y bienes de lujo, la exclusión de entidades financieras del sistema SWIFT, así como la suspensión de licencias de radiodifusión de medios respaldados por el Kremlin y un refuerzo explícito de los mecanismos contra la elusión.

Qué sanciones se mantienen y qué persiguen

Más allá del titular, la renovación importa por su arquitectura: la UE no aplica una única prohibición, sino un conjunto de barreras que buscan reducir ingresos asociados a la exportación de energía y limitar capacidades críticas para sostener una economía de guerra; especialmente en componentes tecnológicos, maquinaria, electrónica y bienes de doble uso.

En el ámbito energético, sigue vigente la prohibición de importar a la UE petróleo crudo transportado por mar y determinados productos petrolíferos desde Rusia, junto con un entramado de restricciones de servicios y financiación que eleva el coste de transacción de operar con crudo ruso.

A nivel finanzas, el objetivo ha sido doble: restringir canales de pagos internacionales y encarecer el acceso a capital y servicios, además de dificultar la operativa de grandes bancos rusos en circuitos occidentales.

Paralelamente, el capítulo de «anti-elusión» se ha convertido en un frente central, conforme el mercado aprende a esquivar prohibiciones, los reguladores amplían la vigilancia sobre intermediarios, reexportaciones y estructuras opacas.

El balance para la economía rusa: resiliencia, sí; normalidad, no

A tres años largos del gran endurecimiento sancionador de 2022, el resultado para Rusia es menos dramático de lo que se anticipó en los primeros meses, pero más costoso de lo que sugieren las cifras de crecimiento puntuales. La economía rusa evita el colapso y se adapta, pero lo hace con distorsiones estructurales: mayor peso del gasto público ligado a defensa, tensiones en el mercado laboral, reasignación de comercio hacia Asia y dependencia creciente de terceros países para acceder a bienes intermedios y tecnología.

Ese «crecimiento con muletas» se sostiene, en buena medida, por estímulo fiscal y por la propia movilización industrial asociada al esfuerzo bélico, pero deja una factura que no siempre aparece en el PIB: deterioro de productividad por restricciones tecnológicas, encarecimiento logístico, menor competencia y un riesgo crónico de cuellos de botella en sectores avanzados.

El impacto más sensible es el tecnológico. Cuando el acceso a componentes y maquinaria se vuelve más difícil o más caro, la economía puede producir, pero tiende a producir peor, más lento y con más dependencia externa.

En energía, Rusia compensa parte del cierre europeo reorientando ventas, pero con descuentos, mayores costes de transporte y una exposición mayor a un número reducido de compradores. Ese giro al Este mitiga el golpe, pero no reproduce automáticamente el valor del mercado europeo (por infraestructura, precios y condiciones).

El balance para Europa: del shock de 2022 al rediseño energético

Para la UE, las sanciones han tenido un coste inmediato, concentrado sobre todo en 2022, cuando el ajuste energético aceleró el repunte de precios y empujó la inflación a máximos. En octubre de 2022, la inflación interanual del área euro llegó al 10,6 %, un pico fuertemente vinculado al shock energético.

La diferencia con Rusia es que el coste europeo ha sido, en gran medida, de transición: pagar más por energía (y por asegurar suministro) mientras se reorganizaban proveedores, infraestructuras y consumo. Esa transición no ha sido homogénea —ni por sectores ni por países—, pero deja un resultado estratégico claro en que la dependencia del gas ruso se reduce de forma drástica.

A octubre de 2025, la cuota rusa en las importaciones de gas de la UE baja desde aproximadamente el 45 % previo a la invasión a alrededor del 12 %. De hecho, en diciembre de 2025 el Parlamento Europeo respaldó un plan para eliminar progresivamente las importaciones de gas ruso, con un calendario que apunta a recortes mayores en LNG antes de 2027 y al final del gas por gasoducto en 2027, pendiente de pasos formales posteriores.

Cronología rápida: cómo se ha endurecido el régimen desde 2014

El marco sancionador europeo no nació en 2022. Arrancó en 2014, tras la anexión de Crimea, con un régimen sectorial y financiero de base que la UE ha ido renovando periódicamente y ajustando en función de la evolución del conflicto y del comportamiento de Moscú.

El gran punto de inflexión llegó con la invasión a gran escala de febrero de 2022. A partir de ese momento, el perímetro se amplió de forma sustancial hacia ámbitos críticos para la capacidad económica y militar rusa: tecnología, bienes de doble uso, servicios, finanzas y energía, con un enfoque orientado a reducir ingresos y, sobre todo, a limitar acceso a capacidades estratégicas.

Entre 2023 y 2025, el régimen entró en una fase de «afinamiento», con sanciones menos centrada en grandes anuncios y más en cerrar lagunas, perseguir la elusión y controlar cadenas de suministro e intermediarios. En esa etapa ganaron peso las medidas de aplicación, los mecanismos anti-elusión y la atención a estructuras opacas (incluida la logística marítima) que facilitan mantener flujos pese a las restricciones.

Qué queda por delante: eficacia, fatiga y el pulso por la elusión

La cuestión que se abre tras la renovación hasta julio de 2026 es menos ideológica y más operativa, centrada en cuánto daño marginal adicional logra el régimen sancionador sin generar efectos indeseados en la economía europea.

En este punto, el factor determinante es la capacidad de limitar la elusión (reexportaciones, intermediarios, estructuras marítimas opacas, servicios aseguradores y financieros indirectos). Si la elusión se estrecha, sube el coste real para Rusia; si se expande, las sanciones tienden a convertirse en un «impuesto asumible» y pierden efectividad. En el caso europeo, el reto es sostener la coherencia política sin reabrir vulnerabilidades energéticas. Para Rusia, el reto es seguir financiando la guerra sin acceso normalizado a capital, tecnología y mercados.

Para la economía global, el resultado se mide en el concepto de prima geopolítica, esa parte del precio (energía, transporte, seguros, financiación) que existe porque el riesgo ya no es teórico, sino estructural.