A punto de cerrar el 2021 el balance del sector agrícola no es para nada halagüeño. La agricultura en la Comunitat Valenciana ha sufrido numerosos reveses. Algunos tan destacables como la amenaza de las crecientes importaciones procedentes de terceros países, la lucha contra las plagas o la subida de los costes de producción. En el ámbito legal tampoco ha sido un buen período para el sector ante las críticas sobre la nueva PAC o una Ley de la Cadena Alimentaria calificada como «insuficiente» por la Unió de Llauradors i Ramaders.

Aspectos que no se quedarán atrás en la despedida del año, sino que se arrastrarán también con el entrante. En este sentido, La Unió indica que si no cambia la situación, el próximo año puede ser «aún más caliente en calles y carreteras» porque es necesario «mantener un tejido profesional para el futuro en el sector agrario valenciano«.  No en vano el pasado 3 de diciembre ya se organizó una protesta con más de 2.000 personas entre Favara y Tavernes de la Valldigna. A lo largo del año, ha habido otras como las del sector del arroz en marzo en València o las de julio y septiembre ante el Ministerio de Agricultura en Madrid.

La amenaza de las importaciones

En cuanto a las importaciones, la organización aduce que, a pesar de los avances y de la presión ejercida, «no existe constancia oficial sobre la modificación del acuerdo entre Sudáfrica y la Unión Europea«. Tampoco para la posibilidad de introducir cambios para garantizar la seguridad fitosanitaria como el tratamiento de frío ni para considerar a los cítricos como producto sensible a la hora de firmar los tratados comerciales.

La Unió ya alertó hace unas semanas de «la ruinosa campaña de la principal variedad de naranja, la Navelina, motivada por la competencia inicial con la procedente de Sudáfrica en los lineales de tiendas y supermercados«. En este sentido, las empresas importadoras no compraron naranja española hasta que se les agotó la importada desde el hemisferio sur. Ahora, además, «nuestra naranja compite de forma desleal en los mercados con las egipcias y turcas que llegan sin los mismos estándares de producción. Se ofrecen a precios muy bajos distorsionando el mercado y hacen saltar las alertas sanitarias por detecciones de numerosas partidas con presencia de pesticidas no autorizados en la Unión Europea«.

Respecto a esto último proponen para el próximo año que todos los estados miembros de la UE adopten un compromiso de exigencia para la reducción de pesticidas, antibióticos y fertilizantes a todos aquellos países terceros que envíen sus producciones al ámbito comunitario.

¿Qué hacer con la escalada de costes en el sector agrícola?

La escalada de los costes de producción durante este año ha sido imparable. El encarecimiento de la electricidad contagió luego al gasóleo agrícola, a los piensos y los fertilizantes. Según indican, con una subida del 70 %. «Esta circunstancia corrobora la inexistencia de un libre mercado porque los agricultores y ganaderos no tienen la capacidad de repercutir en sus precios de venta el incremento de los costes de producción«, añaden.

También suben los costes en la lucha contra las plagas ante la eliminación de sustancias activas desde Bruselas, «que luego se permiten a los productos importados«. Por ejemplo, el Cotonet importado de Sudáfrica ha elevado un 55 % los costes de producción. Y causado pérdidas por valor de más de 200 millones de euros en los cítricos, y otros 50 millones en el caqui. Además de los daños por la Xylella en el norte de Alicante.

Las organizaciones que forman parte de la Unión de Uniones han presentado al Ministerio de Agricultura un paquete de propuestas para contribuir a aliviar el problema de los costes. Medidas fiscales, sobre todo, pero también alguna otra como la puesta en marcha del contrato de doble tarifa para el regadío.

Ley de la Cadena Alimentaria

«Si la Ley de la Cadena Alimentaria se respetase y las producciones se pagasen por encima de lo que cuesta producirlas, estas crisis no tendrían por qué haber saltado«, comentan desde la organización. Para paliar estas carencias, desde La Unió reclaman a la Generalitat la creación de una Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) autonómica.

«Hemos tenido un maratón de reuniones a lo largo de estos casi dos años con todos los grupos parlamentarios. Y hemos planteado enmiendas que hubieran contribuido a dotar a la Ley de la Cadena Alimentaria de mejores herramientas para hacer que se cumpliera. Conseguimos, al menos, que los agricultores y ganaderos no se vieran obligados por ley a firmar contratos en falsos cuando no tienen capacidad de negociar sus precios. Pero, en nuestra opinión, la Ley ha salido con deficiencias importantes. La cacareada aprobación de la venta a pérdidas es un sofisma. Condiciona su consideración como práctica desleal perseguible a lo que diga la Ley de Comercio Minorista… O sea, lo mismo que ya existía«, afirman.

Denuncia a la Comisión Europea

Por otro lado, denuncian que no ha entrado en el texto la definición de posición de dominio en el mercado. «Para poder sancionar los abusos que se hagan desde ella«. Tampoco se ha regulado «el poder de  negociación de unos agentes sobre otros a lo largo de la cadena alimentaria para evitar imposiciones sin tener posición de dominio; ni la prohibición a todos los operadores de la cadena posterior a la producción de vender por debajo del precio de adquisición».

Esto último, según dicen, es lo que realmente «traslada hacia abajo, hasta el productor, las tensiones bajistas de precios«. Además, opinan que la Ley ha traspuesto mal la Directiva Europea, en cuanto al ámbito de aplicación, dejando fuera a determinados agentes y operaciones que la norma europea no excluye. Por ello, ha presentado una denuncia a la Comisión Europea para que se pronuncie.

Una PAC «insuficiente» para el sector agrícola

El Ministerio de Agricultura ha enviado ya la propuesta inicial del Plan Estratégico de la PAC (PEPAC). Base de lo que será la nueva PAC y sus ayudas a partir del próximo 1 de enero de 2023. «Tendremos así una PAC con más exigencias por una condicionalidad reforzada de obligado cumplimiento y más estricta. Una PAC que sigue la tendencia de las últimas reformas: cambiarlo todo, para que cobren los mismos, pero con menos presupuesto«, denuncian.

Y añaden: «Partiendo que se contempla la pluriactividad en el sector agrario valenciano, las ayudas no se priorizan claramente ni se potencia a aquella persona profesional que su único modus vivendi es la agricultura y/o ganadería. A pesar de las promesas del ministro Luis Planas en octubre de 2020 de que la nueva PAC sería más mediterránea, la realidad es tozuda y finalmente tendremos una PAC que no beneficia a los cultivos mediterráneos«.

Por otro lado, afirma que la diferenciación de las ayudas por superficies de cultivo en pendientes o una pluviometría no contempla la realidad valenciana. En concreto, condiciona la competitividad de cultivos valencianos como los frutos secos, olivar, viña o cereales. Estas recibirían menos ayudas que «un agricultor, por ejemplo, andaluz que realice las mismas prácticas agronómicas«.

Cruzadas ideológicas

Destacan también «la falta de agilidad de la Generalitat para resolver aspectos como la pinyolà para el sector apícola. Algo que impide la producción normal de la miel de azahar. O las particulares cruzadas ideológicas contra la ganadería y el sector cárnico».

“Dejar de comer carne es una opción totalmente legítima, pero no va a servir para salvar el planeta”, señalan. «No se pueden llevar a cabo políticas o ataques infundados a sectores que hoy por hoy mantienen con vida nuestros pueblos de interior. Y que producen además en las normas más estrictas de bienestar animal y siguen mejorando el futuro con los planes de ordenación ganadera«, agregan.

«También tenemos la cruzada ideológica de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, contra el agua para riego en la Comunitat Valenciana. Las últimas actuaciones revelan una auténtica persecución por parte del Gobierno hacia las demandas hídricas de la Comunitat Valenciana y de la provincia de Alicante. Y una desaparición paso a paso del trasvase de agua del Tajo al Segura«, sentencian.

Daños climatológicos y seguros agrarios

El comportamiento meteorológico de este año, marcado por numerosos fenómenos de grave incidencia, ha provocado que las indemnizaciones previstas por los siniestros ocurridos sean muy elevadas en la Comunitat. “El seguro se creó para dar una garantía de renta a los productores, no para que se forren cuatro empresas a costa de todos. Hay que dar un cambio de rumbo de 180 grados en las políticas del seguro agrario para anteponer la defensa del sector. Castigado por la escalada de costes y la crisis de precios. Por encima de las cuentas de resultados de las aseguradoras que forman parte de Agroseguro”, indican.

Necesidad de un cambio de modelo energético en el sector agrícola

La Unió propone que el necesario cambio de modelo energético hacia fuentes renovables en la Comunitat Valenciana se realice respetando los terrenos agrícolas productivos; la actividad agraria; las instalaciones de regadío; las infraestructuras agrarias y el paisaje rural.

Ante el anuncio y la proliferación de grandes instalaciones solares, eólicas o torres de alta tensión que pretenden instalarse en la Comunitat, “nos mostramos a favor de las energías renovables, verdes y limpias. Pero, de una forma sostenible siempre que se respete el territorio, la agricultura y ganadería, el medio ambiente, el paisaje de nuestras zonas rurales y revierta en beneficio de esas zonas donde se instalen”.

La cuestión de la reforma laboral

El Ministerio de Trabajo, según argumentan, «desprecia la realidad del campo en su reforma laboral«. Todo lo acordado en relación a la temporalidad laboral «no se ajusta a las necesidades del sector» y «limitará bastante la capacidad de las explotaciones en la creación de empleo durante las campañas agrícolas«.