• El Gobierno planea reformar la contratación laboral temporal con el objetivo de restringir el uso de la misma.
• Resulta necesario reforzar las herramientas de flexibilidad para las empresas que permitan paliar medidas que conlleven una vuelta a la rigidez de nuestro marco laboral.
• La autonomía de la voluntad colectiva sigue siendo un cauce necesario para evitar el intervencionismo excesivo y conseguir una mayor adaptación de las relaciones laborales a las circunstancias que concurran a nivel sectorial o empresarial.

La estabilidad en el empleo ha sido, históricamente, un objetivo perseguido por sucesivos gobiernos, respaldado asimismo por las constantes recomendaciones de la Unión Europea.

Sin embargo, el concepto de estabilidad en el empleo tiene diversos ángulos en los que apoyarse.

La reforma que plantea el Ejecutivo español en la actual mesa de diálogo social respecto a la contratación temporal, bajo el paraguas de la pretendida simplificación de los contratos temporales, se basa, realmente, en una restricción en su uso, reduciendo su duración y acotando significativamente su elemento causal.

Sin embargo, lo cierto y verdadero es que España no se encuentra muy alejada de otros países vecinos de la UE en cuanto a las principales modalidades de contratos temporales existentes, considerando igualmente que España es uno de los países europeos que más protege al trabajador al finalizar el contrato temporal.

Poca efectividad en la reforma de los contratos temporales

Por su parte, a nadie se le escapa que uno de los principales motivos en el uso excesivo de la contratación temporal en España viene propiciado por la reticencia empresarial a asumir los elevados costes aparejados a la finalización de las relaciones laborales indefinidas (donde somos líderes en Europa). A ello se suma la preponderancia que tiene en nuestro país el sector servicios, alentado por el turismo, que es el que más se ve afectado por la volatilidad de la demanda.

En este contexto, parece difícil que la mera reforma de los contratos temporales que plantea el actual Gobierno vaya a convertirse en una medida de calado con notables resultados en la estabilidad en el empleo si la misma no va acompañada de un marco laboral que ahonde en la necesaria flexibilización del mismo.

En efecto, si algo vienen demostrando las últimas crisis económicas y la pandemia actual es que el mercado laboral español precisa contar con herramientas bien definidas que otorguen seguridad jurídica y capacidad de adaptación a las empresas para amoldarse a la realidad económica cambiante.

El Gobierno planea reformar la contratación laboral temporal con el fin de restringir su uso

A nadie debería resultarle extraño, en esas circunstancias, que la reforma de la contratación laboral pueda loablemente conllevar una simplificación del marco contractual temporal que, en lugar de caracterizarse por su encorsetamiento, delegue en la negociación colectiva, sectorial o empresarial, la necesaria adaptabilidad de sus especialidades, con mayor o menor margen de recorrido en función de cada caso o circunstancia.

El avance en las cada vez más heterogéneas formas de prestación de servicios, así como la necesaria evolución a una protección social cada vez más demandada, pueden resultar inocuos si, paralelamente, no se acompañan de un marco jurídico que permita a las empresas, también, adaptarse internamente sin lastrar su competitividad.

Nuestro ordenamiento jurídico ya ofrece, por su parte, un abanico de medidas de flexibilidad interna que, bien instrumentalizadas, han demostrado ser útiles para evitar la destrucción de empleo en situaciones extraordinarias.

Por tanto, de nada sirve demonizar la contratación temporal si no se avanza en la necesaria flexibilización del marco laboral y en el estímulo de la contratación indefinida, pues lo que finalmente se logrará es lo contrario a lo realmente pretendido: una mayor estabilidad en el empleo.

Sobre el autor

Sergio Santana es asociado Senior del Departamento Laboral de Garrigues, donde presta asesoramiento jurídico a empresas de diferentes sectores en el ámbito de las relaciones laborales.