Nadia Calviño, Ministra de Economía

Aprobados los 11.000 millones de euros para empresas a pesar de la elevada abstención

El Pleno del Congreso de los Diputados ha mostrado su apoyo, aunque con una elevada abstención, a la convalidación del real decreto por el que se crea un paquete de ayudas de 11.000 millones de euros para empresas.

El decreto ha sido convalidado con 177 votos a favor, 59 en contra y 113 abstenciones y será tramitado como proyecto de ley con el apoyo de prácticamente toda la Cámara.

Los grupos se han posicionado en sus intervenciones, dando su apoyo PSOE, Podemos, ERC, UPN y Coalición Canaria; con los votos en contra de Vox, JxCat y Foro Asturias; y las abstenciones del PP, Cs, PdeCat, PNV, BNG, CUP y EH bildu.


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En general, la oposición ha mostrado su disconformidad con el decreto por considerar las ayudas “insuficientes”, principalmente porque sólo podrán beneficiarse empresas pertenecientes a 95 sectores de actividad y dejará fuera a sectores como peluquerías, autoescuelas o tiendas de ‘souvenirs’.

Ante esto, la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, ha defendido este fondo de ayudas porque, tras el daño “significativo” causado por la pandemia, “tenemos por delante semanas complicadas y hay que seguir ayudando a trabajadores, empresas y autónomos”.

La mayor parte de este paquete de ayudas, 7.000 millones de euros, serán ayudas directas a pymes y trabajadores autónomos y estarán gestionadas por los gobiernos regionales. En conreto, la cuantía se divide en 2.000 millones destinados a Canarias y Baleares y 5.000 millones para el resto de comunidades. Los criterios de reparto son los mismos que se aplicaron a los de los fondos REACT-EU. Están basados en indicadores de renta, desempleo y desempleo juvenil.

En este apartado se incluye la concesión de entre 4.000 y 200.000 euros para empresas y autónomos que hayan perdido al menos un 30 % de sus ingresos, unos fondos que tendrán que destinar a pagar gastos fijos y deudas.

Otros 3.000 millones de euros serán para avales destinados a reestructurar deuda de las empresas, y los 1.000 millones de euros restantes irán para la creación de un fondo de recapitalización para reforzar los balances de empresas medianas que sean viables a medio y largo plazo.

Este paquete de 11.000 millones se suma a las cuantías dedicadas a la protección de empresas y trabajadores a través de los ERTE y a autónomos, así como la prestación de incapacidad temporal, todas ellas cuantificadas hasta finales del próximo mes de mayo cuando termina el estado de alarma.

También se añade a los 8.000 millones de los fondos React-EU, entre otros, contabilizando un total de 29.000 millones de euros en 2021, equivalentes al 2 % del PIB.

Calviño ha recordado que la norma se une a la batería de medidas que se han ido poniendo en marcha los últimos meses. “Con prontitud y agilidad para apoyar a las empresas, autónomos y trabajadores y familias de nuestro país”, ha comentado. Además, ha afirmado estar convencida de que para afrontar la recuperación es “imprescindible seguir actuando con anticipación, previendo las dificultades y tomando medidas responsables”. Ha añadido que el objetivo es “evitar daños estructurales en nuestro tejido productivo”. La ministra  ha pedido a la Cámara el apoyo a la citada norma, recibiendo tras ello bastantes críticas.

Una lista de actividades abierta para cada comunidad autónoma

El grupo parlamentario Vox ha expresado su descontento alegando que el dinero destinado “viene con letra pequeña”. Resaltan que la norma es insuficiente, “genera desigualdades comunitarias y excluye a parte del sector empresarial español”.

A pesar del voto afirmativo de ERC, Joan Capdevila ha manifestado su descontento por la falta de negociación del ejecutivo con el resto de partidos políticos. “Se merecían un ‘no’ por la falta de diálogo, pero tenemos una responsabilidad con la economía de pymes y autónomos”. Desde la formación han exigido que se rediseñe el reparto con el objetivo de que “no sea según una lista cerrada de actividades”. De la misma forma se ha expresado Rodríguez Herrer del Partido Popular: “Se asignan importes desiguales y se crea un perímetro cerrado que deja a muchas empresas fuera sin justificación”.

La portavoz del PNV, Idoia Segastizabal, ha afirmado que el decreto “regula una batería de ayudas con las que podemos estar de acuerdo, pero que no son claras ni se adaptan a la realidad de cada territorio”.

En la misma línea se ha expresado Ferran Bel del grupo plural que apunta que las medidas, además de llegar tarde, son insuficientes para todas las comunidades autónomas. “No se tienen en cuenta las necesidades particulares de cada comunidad. Es muy centralista”, ha manifestado. Bel ha propuesto un mayor incremento de los fondos y la inclusión de más actividades en la lista de sectores reconocidos: “Cada comunidad autónoma debería fijar las actividades económicas que más ayudas necesitan”.

El gobierno de coalición apoya el decreto

Unidas Podemos ha criticado que “mientras la derecha da el espectáculo el Gobierno de coalición trae 7.000 millones en ayudas directas para las empresas”. Sin embargo, reconocen que el decreto podría mejorar: “No es perfecto y no ha sido fácil llegar hasta aquí por el intenso debate de siempre, pero estimulará el consumo interno y la creación de empleo”.

La ministra de Economía, Nadia Calviño, ha expresado que “la duración de las restricciones de actividad en los diferentes sectores está provocando una caída de ingresos significativos a muchas empresas”. El paquete surge para evitar que aumente el riesgo de un deterioro del balance y un incremento del sobreendeudamiento.

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