La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) ha alertado sobre el empeoramiento de los plazos de pago a proveedores por parte de las Administraciones Públicas. “Si las AAPP pagarán lo que adeudan y que está fuera de los plazos establecidos, se inyectarían 8.000 millones de euros a las empresas”, ha aseverado el presidente de PMcM, Antoni Cañete, durante la presentación este jueves del informe sobre morosidad ‘Estudio Plazos de Pago en España 2020’.

Los entes públicos tardan de media 77 días en pagar a los proveedores, cuando la ley establece un máximo de 30 días. En 2019 la media se sitúo en 70 días. Denuncia Cañete “el comportamiento inexplicable” de las administraciones y tilda de “irresponsable” este aumento del periodo medio de pago. “En el momento en que más necesidad tienen de liquidez las empresas no tiene ninguna explicación que aumenten los días de pago”, lamenta el presidente de PMcM.

Además, según el informe, elaborado a partir de 800 encuestas, si las empresas cobrarán todas sus facturas a tiempo, el 11% reducirían su necesidad de financiación en más de un 40%, y el 24% de los encuestados la rebajarían entre un 20% y un 40%. “Tenemos que revertir de nuevo la tendencia implantando un régimen sancionador, más si cabe en el contexto de la era post-covid-19 en el que nos encontramos inmersos”, pide Cañete.

Las grandes empresas, las peores pagadoras

Explica, a su vez, que el sector privado también ha empeorado los plazos de pago. Se sitúa en el mismo nivel que el sector público con 77 días de media frente a los 74 de 2019, cuando la ley fija un máximo de 60 días. Según el estudio de PMcM, para la mitad de los encuestados el tipo de cliente que más tarda en pagar son las grandes empresas. “El 81% de las grandes empresas están pagando fuera del plazo marcado por ley”, advierte Cañete y clama que “el retraso en los pagos no se puede justificar de ninguna manera en empresas que tienen liquidez”.

Ha recordado asimismo que si las empresas del Ibex-35 pagarán lo que adeudan y que excede el plazo de 60 días fijado por ley, se inyectarían 56.488 millones de euros en las empresas. Si se tiene en cuenta los datos agregados del resto del mercado continuo, el importe de las facturas en cartera por encima de los plazos que marca la ley es de 80.011 millones de euros.

Además del empeoramiento de los plazos de pago, también se constata la permanencia de condiciones abusivas. El año pasado el 62% de los proveedores tuvo contratos o acuerdos comerciales con clientes (de los sectores público y privado) que les imponían plazos de pago superiores a los 60 días que establece la Ley 3/2004.

Riesgo de cierre de empresas

Según el informe de la PMcM, el 16% de los encuestados ya ve claramente que los plazos en los que están cobrando no permiten la viabilidad de sus negocios. Además, teniendo en cuenta el contexto de la crisis de la covid-19, casi la mitad de los encuestados (48%) cree que sus plazos de cobro empeorarán durante 2021.

Cañete advierte del “riesgo de la ruptura de las cadenas de liquidez”. Cuando los encuestados son preguntados por cuál sería su primera opción en caso de necesitar liquidez, el 70% declara que sería pedir financiación, y un 23% se vería abocado a ampliar sus plazos de pago. En este sentido, el 8% de las empresas participantes en el estudio de la PMcM han manifestado que la crisis de la covid-19 ya los ha llevado a ampliar sus plazos de pago. “Si no salimos de este bucle de forma inminente, puede llevarnos a una situación sin precedentes y con graves consecuencias para el tejido empresarial”, aclara.

De acuerdo con el ‘Informe sobre Morosidad 2020’, la ratio de morosidad (porcentaje de impagos respecto al total de facturación), se cifró en el 5,4%, lo que significó un “aumento peligroso” de un 74% respecto a 2019, situándose muy cerca del dato de 2014 del 5,7%, advierte Cañete.

Régimen sancionador

El presidente de la PMcM, Antoni Cañete, ante estas cifras y en la era covid, urge a implantar un régimen sancionador que multe a las empresas morosas para evitar que se rompa la cadena de pagos, se inyecte liquidez al sistema, mejore la competitividad y productividad de las empresas y se reduzca la necesidad de endeudamiento financiero de muchas pymes y autónomos. Medio millón de empresas están en riesgo de quiebra principalmente por el retraso en los pagos, alerta Cañete.

Mantente informado cada día con nuestra newsletter. Suscríbete gratis.