Se extienden los plazos de la moratoria en el Real Decreto del martes

Ley Concursal: “Prolongar la agonía hasta marzo es saber que concluirá en liquidación”

El abogado Manuel Calvé, vocal de la Asociación Profesional de Administradores Concursales tacha la medida de 'patada hacia delante', "la avalancha de concursos que iba a llegar en enero ahora vendrá a partir del 14 de marzo"

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El Gobierno ha aprobado esta semana un real decreto de medidas económicas que, entre otras cuestiones, extiende hasta el 14 marzo de 2021 la suspensión del deber de pedir el concurso de acreedores, es decir, amplía la moratoria ya existente que concluía el 31 de diciembre, para que, aquellas empresas que no pueden atender sus pagos no se vean obligadas a declarar concurso de acreedores.

Asimismo, el decreto extiende la obligación del juez de no tramitar solicitudes de incumplimiento de convenios y acuerdos de refinanciación por parte de empresas concursadas que se presenten entre el 31 de octubre de 2020 y el 31 de enero de 2021.

En el caso de que ya se hayan presentado dichas solicitudes desde el pasado día 31 hasta que ha entrado en vigor el decreto, el juez suspenderá la tramitación de las mismas.

Fuentes del Gobierno reconocen off de record que la ley concursal tiene una orientación “claramente liquidatoria” y por ello buscan evitar por toda costa que las empresas que puedan ser viables, se vean abocadas a presentar concurso.

De hecho, la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, explicaba en rueda de prensa que la medida permite ayudar a empresas que son solventes pero que están pasando por una situación difícil derivada de pandemia.

“La ministra ha dicho que convenía tomar esta medida para evitar que las empresas con desequilibrio patrimonial estuvieran obligadas a solicitar el concurso, pero con la Ley Concursal, las empresas no están obligadas a solicitar el concurso si su activo es inferior al pasivo, es decir si hay desequilibrio patrimonial, si no, si se encuentran en insolvencia, esto es, cuando no pueden atender con carácter regular las obligaciones contraídas, y esto responde básicamente a falta de liquidez. No todo desbalance conlleva automáticamente, al menos al principio, una imposibilidad de atender obligaciones de pago”, matiza el abogado valenciano, Manuel Calvé vocal de la Asociación Profesional de Administradores Concursales (Aspac).

“Estamos todos de acuerdo con la ministra en que hay que salvar las empresas viables, pero quién decide que la empresa es viable”, indica el también administrador concursal.

Manuel Calvé explica a Economía 3 que cuando se presenta el concurso y se nombra el administrador concursal, se intenta ir a convenio si el empresario cree que tiene tiene posibilidades de hacerlo y ve viabilidad, “pero no nos engañemos, el 95% de las empresas que solicitan concurso acaban en liquidación y en más de la mitad de los casos, según los juzgados, en la propia resolución en la que se declara el concurso, se declara la conclusión y el archivo del mismo. Es decir, son empresas que deberían haber presentado el concurso meses atrás o años atrás para haberse salvado”, pone sobre la mesa Calvé.

– Por tanto, ¿qué alternativas caben?

– Lo conveniente, tal y como defendemos desde ASPAC, sería facilitar y mejorar la regulación y la posibilidad de acudir a institutos preconcursales, es decir, optar por mecanismos como el acuerdo extrajudicial de pagos o el 5 bis, previstos en la Ley Concursal para intentar evitar que empresas que tienen salida y que podrían ser viables lleguen a concurso y a liquidación.

Se trataría por tanto de facilitar esas posibilidades del acuerdo extrajudicial de pagos anterior a la solicitud o el artículo 5 bis que regula la posibilidad de presentar un escrito en el juzgado y permitir un margen, unos meses, durante los cuales, negociar con los acreedores.

– ¿Y cree que un empresario que se encuentra en una situación tan complicada tiene la capacidad y el ánimo de enfrentarse solo a ese proceso que, por otra parte, ya habrá intentado en repetidas ocasiones?

– En ese momento ya convendría nombrar a una persona, que podría ser la que acabara como administrador concursal –si finalmente se declara el concurso–, para que ayude y analice si esa empresa puede ser viable o no, aunque en última instancia decidirá el juez, pero que controle, supervise o coordine esa negociación con los acreedores.

– ¿Y esa figura está contemplada ya en nuestra legislación?

– Antes de finales de junio, España está obligada a transponer en el texto refundido de la Ley Concursal el libro segundo de la Directiva Europea que hace referencia a los acuerdos extrajudiciales de pagos, a todas las instituciones preconcursales que podrían aliviar toda esa avalancha de concurso que se prevé.

La traducción literal de esa Directiva Europea es que se nombre a un administrador para hacer estas funciones de dirigir y coordinar esa negociación con los acreedores para ver si se puede llegar a un acuerdo extrajudicial de pagos que evite el concurso.

Me consta que el Gobierno está trabajando en ello pero necesitamos celeridad.

– ¿Y cree que los administradores concursales están preparados para ello?

– No sé si todos los administradores concursales, pero diría que la gran mayoría. En este sentido, desde Aspac exigimos que se regulen de una vez por todas, los requisitos que debe reunir el administrador concursal, ya sea un examen o que se exija una formación anual y no solo inicial al inscribirse. Somos muchos, quizás demasiados, y lo que conviene es apostar por un nivel de exigencia, de formación y profesionalidad para llevar a cabo todas estas funciones.

– Y en concreto, ¿qué opina de la medida aprobada por el Consejo de Ministros por no desviarnos del tema?

– Prolongar la agonía de aquellos que en estos momentos saben que su negocio no tiene salida porque ha agotado todos sus recursos, porque tampoco tienen ahorros y la banca ya no les financia más; prolongar esa agonía hasta marzo, en lugar de presentar concurso mañana mismo, es saber que queda mucho menos margen para un acuerdo, que se está abocado a la liquidación.

– Porque en estos meses no cree que cambien muchos las circunstancias…

– Lo que ocurre es que muchos pequeños comercios o restaurantes con toda su buena voluntad de seguir adelante, en aras de esa futura mejora, están consumiendo todos sus recursos. Todo lo que habían ganado en los tres últimos años lo están agotando.

– No obstante la ley exime la obligatoriedad pero cabe la posibilidad de presentar el concurso voluntario…

– Sí se puede, pero en la práctica no está ocurriendo, por esa confianza de tirar hacia adelante y de pensar que se puede salir de esta. Los que quieren salvar el negocio a toda costa no se deciden a presentar el concurso voluntario todavía. Esa es la realidad.

Lo estamos viendo en las estadísticas, el aumento de concursos desde el inicio de la pandemia no es significativo, y eso nos hace pensar que la avalancha que iba a venir en enero (por los plazos anteriores) ahora vendrá a partir del 14 de marzo.

– Otro problema es que el empresario no suele dejarse asesorar cuando las cosas empiezan a ir mal…

– Así es, el problema es que el empresario no suele acudir a un experto para dejarse asesorar y por ejemplo avanzar en un acuerdo previo extrajudicial que intente evitar el concurso. En estos momentos, estamos viendo por las calles más cierres de negocios, que aumento de concursos en los juzgados, pero lamentablemente acabará llegando esa avalancha brutal que hasta ahora la esperábamos en enero.

– Por tanto, esta medida podríamos calificarla de una patada hacia delante…

– Está claro que las empresas no se deciden a presentar concurso porque siguen peleando, o porque sin la obligatoriedad, la presión es menor, pero no creo que sea en todos los casos o en la mayoría de ellos positivo este retraso, salvo que las ayudas que contemple el Gobierno sean decisivas -estoy pensando en exoneraciones de impuestos, en aplazamientos de arrendamientos de locales, de nuevas ayudas vía ICO…- es decir, si el retraso no va unido a otro conjunto de medidas que ayude a la supervivencia de las pequeñas y medianas empresas, lo que se consigue es empeorar más la situación.

– ¿Crees que tarde o temprano en muchos casos no habrá solución?

– Lamentablemente será así, y el Gobierno con esta medida lo que ha hecho es retrasar la avalancha de concursos salvo que haya unas dotaciones muy superiores a las actuales para ayudar a los autónomos y pymes. No digo que sea mala en sí, pero por sí sola esa medida no sirve más que para retrasar los concursos, no evitarlos, y  llegarán a partir de marzo.

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