XXIII Conferencia de Presidentes Autonómicos

El Consell aspira a gestionar el 10% de los fondos del Plan de Recuperación Europeo

Las comunidades ejecutarán la mitad de los proyectos y fondos financiados por el Plan, principalmente en áreas clave como vivienda, educación, políticas sociales, políticas empleo o medioambiente, con más de 16.000M en conjunto

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que España va a solicitar el total del fondo europeo de recuperación, los 140.000 millones de los que puede disponer entre ayudas a fondo perdido y créditos, así se lo ha confirmado a los presidentes autonómicos en la XXIII Conferencia de Presidentes y Presidentas celebrada este lunes, con la presencia de la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen.

De este modo, España recibirá unos 140.000 millones del fondo de recuperación, de los que 72.700 millones serán en ayudas directas, transferencias, que hay que ejecutar entre 2021 y 2023, y el resto en créditos, cuyo plazo de utilización es mayor, hasta los seis años.

Según ha explicado el Presidente, las comunidades autónomas ejecutarán la mitad de los proyectos y fondos que vayan a ser financiados por el Plan, principalmente en áreas clave como vivienda, educación, políticas sociales, políticas activas de empleo o medioambiente, cuya previsión de fondos supera en estas áreas los 16.000 millones.

En concreto, ha dicho que habrá 4.300 millones para rehabilitación sostenible y vivienda; 2.500 millones para políticas de inversión medioambiental y biodiversidad; 7.000 millones para políticas de formación, educación, universidades y FP; 2.000 millones para nueva economía de los cuidados, y 600 millones para modernización digital.

En ese caso, las comunidades podrán ejecutar los proyectos y programas que presenten y sean aprobados. La Comunitat Valenciana aspira a cogestionar el 10% de los fondos previstos.

Para ello, se acordarán convenios marco entre los ministerios implicados y las comunidades autónomas.

La intención anunciada del Gobierno es que las cuentas de 2021, los Presupuestos Generales del Estado, incluyan 27.000 millones de euros con cargo a los fondos europeos de recuperación, con lo cual queda pendiente ver si esos fondos se vehiculizarán a través de transferencias a las comunidades, como viene ocurriendo con el Plan de Vivienda o se ejecutarán a partir de convenios concretos, “sometidos a la condicionalidad de la UE, y del Gobierno de España”, tal y como ha confirmado el president Puig.

Según Puig “gran parte de los 410 proyectos presentados por la Generalitat están completamente alineados con el Plan nacional”, por lo que ve factible que el Consell pueda gestionar, al menos, el 10% de los fondos europeos provenientes del Plan de Recuperación ya que quedarán vinculados a los proyectos valencianos.

Además la intención del president Puig es participar asimismo de proyectos paneuropeos como el del hidrógeno, “donde, gracias también a la colaboración privada, la Comunitat Valenciana puede ser uno de los grandes actores”.

Movilidad y cambio de 3 leyes para la contratación

Ximo Puig ha aprovechado la conferencia para reclamar el derecho a la movilidad de los ciudadanos europeos y garantizar la misma con un espacio Schengen sanitario. “No puede ser que cada territorio en Europa plantee unas restricciones, hay que garantizar con seguridad sanitaria la movilidad, mediante protocolos unificados”, ha dicho el president, que ha solicitado a Europa “que mire al sector turístico que va a tardar en recuperarse completamente y necesita de su ayuda”.

En cuanto al calendario del pacto verde europeo, Puig ha pedido “adaptarlo a los sectores industriales con voluntad de reducir el consumo energético, como la cerámica, el plástico o el automóvil”.

Asimismo ha incidido en un plan al rescate de la juventud “para levantar a una generación que está atrapada en dos crisis, esta y la de la gran recesión”; y en un plan de ayudar al transporte público para que sea más seguro, y en concreto se ha referido al ferrocarril, siendo esta la oportunidad para acelerar el Corredor Mediterráneo.

En cuanto a la digitalización, demanda una transición justa que no genere perdedores, además de reclamar “una contratación exprés” para agilizar la recuperación, así como una armonización fiscal europea.

“Los fondos no pueden tropezar con la burocracia, tenemos que ser ágiles y eficiente con todas las garantías”, ha añadido Puig, quien ha confirmado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez tiene previsto modificar hasta tres normas para agilizar la contratación: la reformas de la ley de subvenciones, la del sector público y de contratación pública.

El president ha rechazado concretar el dinero que espera recibir la Comunitat pues se trata de un proceso que se inicia ahora y que no tendrá respuesta definitiva de Bruselas hasta abril, pero ha considerado un avance que Sánchez haya dicho que el 50% de la primera fase del plan, que son casi 75.000 millones, lo gestionarán las autonomías.

Además, ha explicado que todos los detalles irán concretando en las reuniones que los diferentes ministerios mantendrán con los responsables autonómicos de cada área, y ha señalado que esta misma tarde ya hay una primera reunión con el Ministerio de Hacienda.

Durante la reunión, el president la Generalitat ha mostrado ante la presidenta de la Comisión Europea la preocupación de la Comunitat Valenciana por las negociaciones del brexit y ha reivindicado una salida “lo menos brexit posible”, que sea “inteligente y satisfactoria, y que no confronte”.

Avanza el presupuesto de 2021

Por su parte, el presidente del Gobierno ha confirmado a los dirigentes autonómicos que el Consejo de Ministros aprobará mañana el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el próximo año.

La intención anunciada del Gobierno es que las cuentas de 2021 incluyan 27.000 millones de euros con cargo a los fondos europeos de recuperación.

El Pleno del Congreso ya ha debatido el techo de gasto de 2021, que ascenderá a 196.097 millones de euros, con lo se dan las circunstancias para poder empezar la tramitación parlamentaria de los PGE, que suele prolongarse tres meses, con lo que podrían entrar en vigor en enero, como pretende el Gobierno.

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