Informe de PwC sobre fiscalidad a alimentos y bebidas

Subir el IVA a los refrescos implicaría una caída en facturación de 119-370 millones

En términos de empleo, la decisión del Ejecutivo implicaría la destrucción de entre 1.980 y 6.165 empleos

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Una subida del IVA del 10 % al 21 % para tratar de cambiar los hábitos alimenticios de la población tal y como ha propuesto el Gobierno para las bebidas azucaradas en su proyecto presupuestario para 2021 supondría una caída de la facturación directa de entre 119 y 370 millones de euros para el sector agroalimentario. Así lo estima la consultora PwC en su informe sobre fiscalidad a alimentos y bebidas.

“Una caída que conllevaría un efecto de arrastre para toda la cadena agroalimentaria”, ha apuntado Anna Merino, directora del área de estrategia de PwC, quien ha presentado esta mañana el estudio en un acto organizado por las grandes patronales del sector (agricultores, industria, supermercados y hostelería). Merino ha señalado que en términos de empleo, la decisión del Ejecutivo implicaría la destrucción de entre 1.980 y 6.165 trabajos.

Por otro lado, significaría una del Valor Agregado Bruto (VAB) total de entre 110 y 344 millones de euros. En torno a la mitad de los impactos en VAB se concentrarían en los diferentes sectores que conforman el sistema agroalimentario: sector agrario (14-43 millones), industria (26-82 millones), transporte (3-11 millones), distribución (8-26 millones) y restauración (2-6 millones).

Fuente: PwC.

El informe también indica que la caída de la actividad económica y el empleo en el sector agrario y la industria agroalimentara afectará al entorno rural y los municipios más pequeños, actualmente en riesgo de despoblación y con graves problemas de empleabilidad. “Las Comunidades Autónomas con menos densidad de población serán las más castigadas ya que suelen tener más personas empleadas en el sector agroalimentario”, indica Merino.

A su vez, apunta que la regresividad de este tipo de impuestos provocaría que los hogares con el nivel socioeconómico más bajo, cerca de 4,7 millones que suponen el 17 % de la renta nacional, acabarían aportando a la recaudación del impuesto hasta un 22 % más de lo que les correspondería según su contribución a la renta nacional.

El estudio de PwC analiza, además, la experiencia de otros países en la aplicación de este tipo de fiscalidad. Concluye que la evidencia empírica y la experiencia de países como Francia y México han mostrado que la capacidad de las medidas fiscales para mejorar la salud o reducir el peso corporal es limitada o no concluyente, principalmente porque no garantiza que con un impuesto a determinados productos se consiga aumentar el consumo de otros alimentos considerados más saludables, y en muchos casos solo provoca un efecto sustitución del producto gravado por otro similar que no incluye tasas o con una tasa más baja.

Prosigue el informe señalando que adicionalmente a la falta de evidencia cierta sobre la efectividad del impuesto para lograr el fin último que persigue -mejorar la salud y reducir los índices de obesidad-, países como Dinamarca o Eslovenia han eliminado el impuesto por los efectos negativos que tiene sobre la actividad económica, el empleo o la equidad.

Por todo ello, concluye Merino que dado que la causa de la obesidad es multifactorial, “creemos que la mejor forma de hacer frente al problema es aplicando un enfoque holístico y multisectorial, en el que se actúe en cada una de las causas con la participación de todas las ramas de actividad implicadas. Abordándolo desde el punto de vista de la colaboración público-privada, en un ejercicio de cooperación entre la Administración y las empresas”.

En esta línea, la cadena agroalimentaria en su conjunto ha pedido al Gobierno que dé marcha atrás en su intención de subir el IVA a los refrescos por el impacto económico en el sector de la medida y por la falta de resultados que estas medidas han tenido en otros países en la lucha contra la obesidad.

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