Pleno del Consell

Oltra: “Nos lleva a una ineficiencia de los recursos públicos que no se sostiene”

La vicepresidenta ha señalado que la sentencia del Supremo sobre los conciertos educativos tiene dos problemas: ineficiencia de recursos y otro de libre competencia

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La vicepresidenta y portavoz del Consell, Mónica Oltra, al comienzo de la rueda de prensa en la que informa de los acuerdos alcanzados por el Gobierno de la Generalitat tras su sesión plenaria semanal. EFE/Manuel Bruque.

La vicepresidenta y portavoz del Consell, Mónica Oltra, ha señalado que la sentencia emitida por el Tribunal Supremo sobre los conciertos educativos presenta dos problemas “fundamentales”, uno sobre la eficiencia de recursos públicos y otro sobre la afectación a la libre competencia. “Se está estudiando la sentencia, pero si está es la interpretación que se hace tendrá que haber un cambio legislativo que no nos lleva a situaciones absurdas”, ha expuesto Oltra.

“Si la interpretación es que cuando un centro está concertado, ese concierto es vitalicio, cuando se de una bajada de natalidad y no hagan falta plazas adicionales porque hay bastante oferta pública, nos podemos ver en situaciones en las que se tengan que bajar unidades públicas”, ha explicado la vicepresidenta quien ha proseguido señalando que “si no puedo a los conciertos que se han acabado dejarlos por finalizados, solo quedaría cerrar unidades públicas pagando conciertos innecesarios”. Una situación, asevera la portavoz del Gobierno valenciano, que supone “una ineficiencia de los recursos públicos que no parece razonable y no se sostiene”.

La Sala III de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha desestimado los recursos planteados por la Generalitat contra dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat Valenciana, de mayo de 2018, que dieron la razón a dos escuelas en relación a la renovación de conciertos educativos para determinadas unidades de bachillerato y ciclos formativos.

El Supremo declara como doctrina aplicable a esta cuestión que el régimen de conciertos generales resulta de aplicación a la renovación de los conciertos singulares firmados por las Comunidades Autónomas en los niveles educativos no obligatorios, quedando sujetos al régimen previsto en el Reglamento de normas básicas sobre conciertos educativos aprobado por el artículo único del Real Decreto 2377/1985, según informa el tribunal valenciano.

Las sentencias del TSJ valenciano que son ratificadas, ambas de 25 de mayo de 2018, estimaron recursos del Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas (La Salle)-Sector Valencia Palma y del Colegio de Nuestra Señora del Pilar de Valencia contra resoluciones de la Conselleria de Educación, de 19 de mayo de 2017, que desestimaron la renovación de conciertos educativos para determinados cursos de bachillerato y ciclo formativo.

Esta sentencia, ha apuntado hoy la vicepresidenta en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, supondría además del problema de la ineficiencia de recursos públicos, un problema sobre la libre competencia. “Si solo los que ya están concertados pueden acceder al concierto cuando este se ha agotado, que pasa con el resto de empresas o entidades que pueden querer presentarse”, ha expuesto Oltra y ha señalado que si está es la interpretación que se realiza de la sentencia del Supremo, tendrá que haber “cambios legislativos para que estas cosas no se puedan producir”.

Ha indicado, a su vez, que se está estudiando la sentencia y si “hay posibilidad de seguir defendiendo la posición de la Generalitat”, tras lo que “se tomará una decisión”. En caso de no poder seguir por la vía judicial, “se aplicará la sentencia en sus términos”, ha apuntado Oltra.

El Consell defenderá “donde haga falta” el derecho de los regantes

Por otro lado, la vicepresidenta del Consell ha asegurado que el Gobierno valenciano defenderá “donde haga falta”, también en los tribunales, los intereses valencianos y el derecho de los regantes del sur de la Comunitat Valenciana a “tener agua y tener comida”. Oltra se ha pronunciado así sobre la aprobación este viernes por el Consell de la presentación de un recurso contencioso-administrativo contra la orden del Ministerio de Transición Ecológica que anula la concesión de agua del trasvase Tajo-Segura prevista para el pasado mes de septiembre.

Para la vicepresidenta, “lo deseable” sería no tener que llegar a los tribunales pero, dada la decisión de trasvase cero, el Gobierno valenciano defenderá los intereses de la Comunitat y el derecho de los regantes “a tener agua y tener comida”, y los intereses de la agricultura, un sector económico “fundamental que nos da de comer y se ha revelado esencial” durante la pandemia.

Este jueves, el president de la Generalitat, Ximo Puig, defendió en un comunicado el “compromiso irrenunciable” con el mantenimiento del trasvase Tajo-Segura, al tiempo que recalcó la necesidad de garantizar agua para siempre en la huerta del sur de la Comunitat Valenciana. La Generalitat expresó su “total oposición a cualquier propósito que altere y comprometa el agua en el sur de la Comunitat Valenciana” en referencia a las disposiciones adicionales del documento que considera “un intento más de manipular las reglas de explotación del trasvase”.

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