Riesgo de pobreza y exclusión social

La COVID-19 trunca la reducción del 10 % del riesgo de pobreza y exclusión

Un total de 1.342.143 personas de la Comunitat Valenciana estaban en 2019 en riesgo de pobreza y exclusión social, 155.400 personas menos que el año anterior

Un total de 1.342.143 personas de la Comunitat Valenciana estaban en 2019 en riesgo de pobreza y exclusión social, lo que supone 155.400 personas menos que el año anterior y un descenso del 10 %, porcentaje que no obstante se va a ver truncado como consecuencia de la pandemia de covid-19. Según los datos de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza (EAPN), en 2019 el riesgo de pobreza y/o exclusión social (tasa Arope) afectó al 27 % de la población en la Comunitat (a 1.342.143 personas), lo que supone un descenso de 3,2 puntos respecto a 2018, cuando se registró una tasa del 30,2 % y afectó a 1.497.543 personas.

No obstante, en 2019 ha habido un empeoramiento de la tasa de pobreza severa, que ha crecido 0,8 puntos y sitúa en el 10,4 % las personas de la Comunitat que contaba con ingresos menores a 500 euros al mes, mientras que suben del 2,9 % al 4,8 % las personas en situación de privación material severa. Igualmente, en 2019 subieron hasta el 35,1 % el número de pensiones que en la Comunitat que están bajo el umbral de pobreza, todo lo cual indica que “la recuperación no existe para las personas en situación de mayor vulnerabilidad”, según un comunicado de EAPN.

Aunque la tasa Arope en la Comunitat Valenciana se sitúa medio punto por debajo de la que tenía en 2008, sin embargo es todavía 1,7 puntos porcentuales superior a la media en España (del 25,3 %), y hace que esta autonomía sea la octava con la peor tasa de España.

La EAPN afirma que el impacto de la COVID-19 truncará el avance en la reducción de la tasa Arope conseguido en 2019, pues aunque hasta 2022 no habrá datos oficiales “la regresión es segura”, ya que ni España ni la Comunitat “estaban preparadas para afrontar una nueva crisis” y todavía no se habían superado las consecuencias sociales de la crisis de 2008. Según los cálculos de esta organización, si en el período 2008-2019 hubo un aumento del 8,9 % del PIB, con un incremento paralelo de la pobreza severa del 9,2 %, el avance de la pobreza puede superar los impactos hasta ahora conocidos, dado que en 2020 se prevé una reducción del PIB del 12 %.

La EAPN alerta de que las estrategias tradicionales de lucha contra la pobreza vinculadas al crecimiento del PIB y del empleo se han mostrado insuficientes para reducir los elevados índices de pobreza y exclusión en la última década en España, y tampoco la educación sirve para salvar a las personas de la pobreza, pues el 38,5 % de la población en riesgo tiene un nivel educativo medio-alto.

En 2019, al igual que lo sucedido con el Arope, la tasa de riesgo de pobreza o de personas bajo el umbral de pobreza en la Comunitat Valenciana (con ingresos por debajo de los 751 euros mensuales por unidad de consumo) se ha reducido más de dos puntos y alcanza al 23,7 % de la población.

Las cifras de pobreza de la Comunitat se han equiparado a los datos de 2008, si bien esta mejoría no ha sido suficiente para contrarrestar el aumento de la población y se han agregado unas 39.000 personas nuevas a la situación de pobreza. Así, hay 1,18 millones de personas bajo el umbral de pobreza en 2019, de las que 624.000 son mujeres y 555.000 son hombres.

En cuanto a la pobreza severa, hay 519.000 personas en esta situación, 44.000 más que el año 2018; unas 239.000 personas, 95.000 más que el año pasado, viven en condiciones de privación material severa; y la población que experimenta dificultades para llegar a fin de mes disminuyó del 58,3 % al 50,6 %. La renta media en la Comunitat es de 15.582 euros por unidad de consumo (10.611 euros por persona), con un incremento de 544 euros, es decir, un 3,6 % más, que es algo superior al registrado en España (2,1 %).

La presidenta de la EAPN CV-Xarxa per la Inclusió, Lola Fernández Rodríguez, urge a la coordinación entre administraciones y Consellerias, y también de estas con el Tercer Sector de Acción Social, para mejorar herramientas en la lucha contra la pobreza, pues medidas como el Ingreso Mínimo Vital y la Renta Valenciana de Inclusión “han de coordinarse de la forma más óptima posible”.

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