El director de investigación del Ivie, Francisco Pérez, apunta que las medidas anunciadas este pasado lunes por la ministra de Hacienda sobre el déficit de las Comunidades Autónomas «diseñan un escenario financieramente tranquilizador para las autonomías en la medida en la que las aísla de las consecuencias financieras de la pandemia».

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, proponía este lunes a las comunidades autónomas que el próximo año limiten su déficit al 2,2 por ciento del PIB y les ha comunicado que las entregas a cuenta de 2021 ascenderán a 105.589 millones de euros, una cifra similar al año pasado. Tras el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), donde se trasladó a las comunidades la decisión del Gobierno de suspender las reglas fiscales a todas las administraciones públicas en 2020 y 2021, Montero dejaba claro que esta tasa de referencia del 2,2 por ciento “no es un parámetro que obligue, ni exigible, no se vota, es orientativo y si no se cumple no se activa ningún mecanismo”.

«El Gobierno lo que plantea es una propuesta para aislar los efectos que la crisis de la covid pudiera tener sobre el sistema de financiación autonómica al tiempo que decide que como las circunstancias son excepcionales se lleva a cabo ese aislamiento», apunta Pérez quien lamenta, en cambio, que no se entrará a debatir «el tema pendiente desde hace muchos años como es la reforma del sistema».

Explica el director de investigación del Ivie que este «aislamiento» significa, por un lado, «hacer entregas a cuenta que no responden a los ingresos tributarios que el Gobierno va a tener, es decir, coloca las entregas a cuenta por encima». Y en segundo lugar, «la aplicación de la suspensión de las reglas de estabilidad va a permitir que las Comunidades tengan un déficit mayor para asimilar las caídas de ingresos y todos los incrementos de gasto».

La ministra también propuso a las comunidades asumir la mitad de ese 2,2 por ciento a través de una transferencia extraordinaria de 13.486 millones de euros con lo que la referencia del déficit bajaría al 1,1 por ciento del PIB. Además, apuntó que el Gobierno trabajará para que las comunidades tengan los recursos suficientes para atender sus necesidades de gasto.

A este respecto, comenta Pérez que «la Comunidad Valenciana puede considerar ese déficit, pero hace falta ver también que parte de esta transferencia que se anuncia le llegará. O incluso se dice que si fuera otro el déficit, las Comunidades podrían contar con financiación, pero no es lo mismo que llegue como FLA o que llegue por transferencias».

Preguntado por la reforma del sistema de financiación y la promesa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de tener listo un «esqueleto» de la reforma del modelo de financiación autonómica para noviembre, el director del Ivie se muestra escéptico ante dicha posibilidad. «Viable en el sentido de que todavía no estamos en noviembre es viable, pero desde luego no se emiten señales que concreten ese compromiso hasta el momento», asevera Pérez y añade que «la situación política no permite ser muy optimista en ese sentido».

«Aunque se abordará la reforma, no creo que la entrada en vigor fuera en el 2021», indica el investigador y explica que «en la medida que no se aborden los problemas que tiene la Comunitat Valenciana que son problemas que hay corregir, o bien de manera transitoria o bien de manera definitiva haciendo una revisión del modelo, seguiremos perjudicados». Concluye que las medidas adoptadas plantean un «alivio» a la tensión financiera, pero que «tendremos más déficit que otros porque seguiremos teniendo menos ingresos que otros».