El sector turístico de Benidorm se ha movilizado hoy para pedir soluciones urgentes al Gobierno central y evitar el cierre y el desempleo de miles de trabajadores, con una marcha protagonizada con alrededor de 700 vehículos. La caravana ha finalizado su recorrido tras ir por varias de las principales vías de Benidorm y se ha leído un manifiesto por parte de varios presidentes de las asociaciones, cuando aún se desconocía el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y los agentes sociales.

Los convocantes han cargado con dureza contra el Ejecutivo, al que han reclamado «medidas excepcionales», entre las que se encuentran la prórroga de los ERTES de todas las actividades relacionadas con el turismo.

El presidente de la asociación de comerciantes, Raúl Parra, ha achacado al Gobierno la responsabilidad de la pérdida de empleos y el cierre de negocios, mientras Juan José Pérez Parker, presidente de las agencias de viaje, ha recordado que el turismo ha caído un 70% y ha generado pérdidas «sin precedentes» de 400.000 millones en el primer semestre.

Benidorm sufre las consecuencias «como el primero», ha dicho, pero la empresa privada «no puede asumir esos costes económicos y laborales». Por ello ha exigido medidas «excepcionales». Con el lema «ERTE o muerte, salvemos Benidorm», Pérez Parker ha afirmado que la exclusión del acuerdo de sus actividades «será la crónica de una muerte anunciada del pequeño y mediano tejido empresarial de la ciudad».

Javier del Castillo, presidente de la asociación que engloba a bares, restaurantes y cafeterías, ha indicado que la supervivencia del sector depende de los resultados favorables y del antídoto contra el coronavirus. Hasta ese momento, las medidas a tomar, ha afirmado, deben ser «excepcionales, inmediatas y sin fisuras» para crear un escenario «estable y sin sobresaltos» para aplicar estrategias que hagan viable la subsistencia.

Han insistido en la «flexibilización» de medidas restrictivas para los destinos turísticos que acrediten su seguridad. Piden ayudas a fondo perdido para los alquileres de locales, aprobar reducción temporal del IVA para hostelería o restauración y renegociar y ampliar las carencias a dos años en las operaciones financieras vinculadas a la actividad empresarial.

Por último, el presidente de Cobreca, la cooperativa de bares y restaurantes, Pablo González, ha finalizado el manifiesto resaltando que el sector se siente «despreciado, humillado y abandonado, pero todavía vivo».