Derecho fundamental

Gobierno y sindicatos logran acuerdo para el teletrabajo en la Administración

El texto prevé establecer unas pautas generales en el Estatuto Básico del Empleado Público, que podrán desarrollarse en cada sector y territorio

Fachada del Ministerio de Trabajo. | E3

Los sindicatos UGT, CSIF y CCOO han llegado este jueves a un acuerdo con el Ministerio de Política Territorial y Función Pública sobre el teletrabajo que será de aplicación a todos los empleados públicos -incluido el personal laboral- de todas las administraciones públicas.

El acuerdo, que se formalizará el próximo lunes en la Mesa General de las Administraciones Públicas, reconoce el teletrabajo como un derecho básico de todos los empleados públicos que tendrá carácter voluntario y reversible.

Según han señalado los sindicatos en varios comunicados, el texto prevé establecer unas pautas generales en el Estatuto Básico del Empleado Público, que serán comunes a todas las administraciones y que después estas podrán desarrollar en cada sector y territorio mediante la negociación colectiva.

El acuerdo prevé que a los empleados públicos se les facilitarán los medios tecnológicos necesarios, aunque cada administración negociará qué parte del servicio se puede prestar mediante teletrabajo y qué parte tiene que ser presencial.

En un comunicado, UGT ha señalado que la propuesta del Gobierno “recoge los principales requisitos que el sindicato planteaba” y ha destacado que el texto regula el teletrabajo “de forma estable, permanente y estructural” y garantiza la atención a la ciudadanía, al tiempo que fomenta la desconexión digital, la protección de datos o la confidencialidad.

CSIF ha celebrado que el acuerdo garantice como derecho básico de los empleados públicos el teletrabajo, “una medida que favorece la conciliación de la vida laboral y personal, flexibiliza horarios de una manera más racional, previene riesgos laborales y protege la salud“.

Asimismo, confía en iniciar cuanto antes la negociación de otras cuestiones como las retribuciones de los empleados públicos o las ofertas de empleo, en un momento de presión sobre las plantillas como resultado de la pandemia.

CCOO ha incidido en que se trata de una regulación de carácter básico que deberá ser negociada y adaptada a los ámbitos descentralizados, pero que constituye un punto de partida de gran relevancia, aunque cree que “quedan aspectos que clarificar de manera inequívoca como la regulación negociada de las circunstancias excepcionales”.

El sindicato ha reclamado además la negociación de un III Acuerdo para la Mejora del Empleo y las Condiciones de Trabajo de los empleados públicos que permita avanzar en la estabilidad de las plantillas o la recuperación del poder adquisitivo.

Los sindicatos mayoritarios en la Mesa General de negociación de las Administraciones Públicas son UGT y CCOO, con cinco representantes cada uno, mientras que CSIF cuenta con tres representantes y CIG y ELA, con uno cada uno.

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