La Federación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) cree que ha llegado el momento de plantear una estrategia gradual de retirada de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) y de reformarlos para convertirlos en un instrumento más «productivo» y «selectivo», que no postergue posibles ajustes necesarios en el mercado laboral.

Así lo recomienda el informe final del grupo de trabajo mixto COVID-19, en el que han participado unos 130 economistas, y que hace hincapié en la «necesidad de movernos desde el actual enfoque de protección de rentas de los ERTE al de protección de los puestos de empleo en empresas que son viables», ha señalado uno de sus autores, Marcel Jansen, en su presentación.

Según este experto, hay que utilizar los ERTE para fortalecer el vínculo entre trabajadores y empresas y hacerlos más productivos, en línea con lo ya expresado por la ministra de Economía, Nadia Calviño, y con el modelo alemán, lo que supondría introducir incentivos, si no la obligación, de utilizar el tiempo del trabajador de manera productiva y centrada en la formación.

Jansen ha advertido también de que en el futuro los ERTE también tendrán que ser «más selectivos», porque «no se le puede denegar a empresas con fundadas causas económicas para el ajuste el derecho de hacerlo». «El objetivo general tiene que ser evitar la desaparición de las empresas que sean viables y acometer una liquidación ordenada y rápida de las que no lo sean», recoge el informe.

En esa línea, Fedea señala que la prórroga debería ir acompañada de una normativa clara que permita la máxima flexibilidad posible y que facilite la conversión de estos expedientes por fuerza mayor en ERTE ordinarios.

También recomienda la derogación de la prohibición de despedir por causas objetivas ligadas a la pandemia y la revisión de la exigencia de mantenimiento del empleo por seis meses tras la reincorporación desde un ERTE. El informe, que aboga por un pacto social y político para salir de la crisis y transformar la economía, plantea un acuerdo presupuestario para varios ejercicios y reformas en profundidad para garantizar un crecimiento inclusivo y sostenible a largo plazo.

Para el coordinador de los trabajos, Ángel de la Fuente, «en ausencia de un pacto presupuestario el aumento de la contestación social dificultaría la gobernabilidad y la salida de la crisis», ha dicho, por lo que ha subrayado que «se necesitan unas nuevas cuentas acordadas». A su juicio, «no es el mejor momento para subir impuestos», por lo que el recargo del IRPF «debería esperar a que la recuperación se asiente» y ver si es mejor incluirlo «en este presupuesto o en el siguiente».

El informe recomienda una reforma en profundidad del sistema tributario, reduciendo tanto como sea posible los beneficios fiscales y eliminando los regímenes especiales de tributación para ampliar las bases tributarias, lo que es aplicable tanto al IRPF como al IVA y al Impuesto de Sociedades. En relación con los dos primeros tributos, Fedea considera que debería eliminarse el régimen de estimación objetiva de los rendimientos de actividades económicas en el IRPF (los llamados módulos) y, en paralelo, el régimen simplificado del IVA.

El informe es crítico con el desarrollo del Ingreso Mínimo Vital (IMV) y sugiere formas de mejorarlo para evitar que termine siendo un simple sustituto de las rentas autonómicas. También propone medidas estructurales en el ámbito sanitario, como crear una agencia independiente de evaluación de resultados y promoción de mejoras sanitarias, presidida por un profesional independiente, y dotar de más medios al sistema público de salud, ya que, a su juicio, este ha sido el fallo principal de gestión de esta pandemia.

Recomienda asimismo otorgar personalidad jurídica a los centros de salud y hospitales, incorporar las mejores practicas en función de las necesidades de los pacientes, no corporativas, dar un salto en la transformación digital y potenciar la colaboración público-privada.