Crisis coronavirus

El Consell fija multas de hasta 60.000 euros por incumplir medidas contra la COVID-19

El decreto ley prevé sanciones de un máximo de 100 euros por incumplir la obligación de uso de mascarilla y contempla el cierre de negocios y locales

Terraza de Gandia | EFE/ Natxo Frances

El Consell ha fijado unas sanciones que van desde los 60 a los 60.000 euros por el incumplimiento de medidas sanitarias contra la COVID-19, según el decreto ley aprobado este viernes, por el que se establece el régimen sancionador específico contra los incumplimientos de las medidas de prevención frente al virus. Con esta norma, la Generalitat centraliza la tramitación e imposición de las sanciones, sin perjuicio de las competencias de los ayuntamientos y del Gobierno central, ha explicado tras el pleno del Consell la consellera de Justicia e Interior, Gabriela Bravo.

El decreto prevé sanciones de un máximo de 100 euros por incumplir la obligación de uso de mascarilla y contempla también el cierre de negocios y locales. Los responsables de las infracciones administrativas previstas en el texto serán las personas físicas o jurídicas que incurran en alguna de las acciones tipificadas en la norma, y en el caso de los menores de edad serán responsables sus padres o tutores legales.

La consellera ha precisado que el decreto no tiene afán recaudatorio, sino que la finalidad es disuasoria, y ha precisado que lo recaudado se destinará a la lucha contra el virus. “Queremos que la ciudadanía y los responsables de los locales de ocio sean conocedores de cuál es el catálogo de infracciones para evitar que se produzcan. No se trata de estigmatiazr a ningún sector ni colectivo”, ha subrayado.

“No se puede permitir que comportamientos irresponsables e insolidarios nos pongan en peligro a todos y provoquen rebrotes que puedan derivar en medidas aún mas drásticas. que nadie quiere y no podemos permitirnos”, ha recalcado Bravo. Asimismo, ha asegurado que cuentan con personas habilitadas para la inspección y, además, crearán un servicio temporal ad hoc para la tramitación de todo el procedimiento administrativo sancionador.


Bravo: “Queremos que conozcan las infracciones para evitar que se produzcan; no se trata de estigmatizar a ningún sector ni colectivo”

Las sanciones están divididas en leves, graves y muy graves. En el primer grupo, se consideran infracciones leves y susceptibles de ser sancionadas con multas de entre 60 y 600 euros, el incumplimiento del uso de mascarilla o el uso inadecuado de la misma, aunque solo podrá sancionarse con un máximo de 100 euros; o que los establecimientos públicos obvien la obligación de informar a los clientes sobre el aforo del local, la distancia mínima interpersonal o el uso de mascarilla.

Asimismo, entre las sanciones leves también se encuentra el incumplimiento de medidas generales de higiene y prevención en locales públicos o privados cuando no suponga riesgo de contagio o el riesgo afecte a menos de 15 personas, la vulneración de la cuarentena por parte de aquellas personas que no hayan dado positivo en COVID-19, pero que sean contactos directos de un enfermo confinado o quebrantar una orden general de confinamiento.

Las infracciones graves están penadas con multas de entre 601 a 30.000 euros y se contempla la suspensión o prohibición de la actividad, la clausura del local y la inhabilitación para la organización y promoción de espectáculos públicos y actividades recreativas por un periodo máximo de seis meses. Las sanciones se impondrán por la vulneración de los límites de aforo en los establecimientos públicos cuando no sea falta leve o muy grave; la prohibición de organizar o participar en reuniones, fiestas o cualquier otro acto privado o público que impliquen una aglomeración o en los que se dificulte la adopción de las medidas sanitarias; o vulnerar el mantenimiento de la distancia de seguridad entre mesas o agrupaciones de mesas en los locales abiertos al público y terrazas al aire libre.


En las sanciones muy graves se prevé la suspensión o prohibición de la actividad para un máximo de 3 años y, acumulado, hasta 10

Además, también son infracciones graves la vulneración de las medidas de higiene y la obligación de limpieza y desinfección de los accesos del recinto y localidades donde se siente el público, de la prohibición del uso de espacios del establecimiento para actividades no permitidas; vulnerar las medidas de higiene para cualquier tipo de establecimiento cuando suponga riesgo de contagio o afecte a más de 15 personas; o vulnerar el aislamiento domiciliario que deben guardar quienes hayan dado positivo en COVID-19.

Por último, las infracciones calificadas como muy graves pueden acarrear una multa de entre 30.001 a 60.000 euros y el decreto ley también prevé la suspensión o prohibición de la actividad, la clausura del local y la inhabilitación para la organización y promoción de espectáculos públicos y actividades recreativas por un periodo máximo de tres años y de forma acumulada hasta un máximo de 10.

Entre ellas, se encuentran no respetar los límites de aforo, así como las medidas de prevención e higiene por parte de los establecimientos abiertos al público cuando suponga un grave riesgo que afecte a más de 150 personas; sobrepasar el aforo del establecimiento si en él se hallan presentes menores de edad y/o mayores de 65 años; organizar reuniones o fiestas, de carácter privado o público, que impliquen una aglomeración que impida la adopción de las medidas sanitarias o se hallen presentes menores de edad y/o mayores de 65 años; impedir la inspección por parte de los agentes de la autoridad o funcionarios, así como la negativa a colaborar con ellos; incumplir la obligación de inhabilitar la pista de baile para este uso; o vulnerar de forma reiterada el deber de aislamiento domiciliario por parte de personas que hayan dado positivo en COVID-19.


Crean una bolsa de empleo temporal común a todos los municipios para la Policía Local

Por otro lado, el Pleno del Consell también ha aprobado el decreto ley de modificación de la Ley de coordinación de policías locales de la Comunitat Valenciana, para posibilitar la creación urgente de una bolsa de empleo temporal común a todos los municipios, que quedará sin efecto cuando se constituya la que está prevista en la ley y que ha visto interrumpido su desarrollo. La propuesta viene a cubrir la carencia de personal interino de muchos municipios que no han podido realizar sus propios procesos selectivos.

Bravo ha apuntado que la necesidad de muchos ayuntamientos con cuerpo de Policía Local de contar con personal funcionario interino para hacer frente al incremento de la carga de trabajo ha provocado la modificación de la disposición transitoria decimocuarta. Así, con la bolsa de empleo autonómica, los ayuntamientos que no hayan podido completar sus procesos selectivos podrán recurrir a ella para cubrir si hubiera necesidad en los próximos meses.

Por otra parte, el decreto ley modifica la disposición transitoria séptima de medidas correctoras de la desigualdad de género en los cuerpos de Policía Local para armonizar con la jurisprudencia europea las medidas que favorecen la incorporación de la mujer a las plantillas de policías. Además, se ha introducido un nuevo apartado en el artículo 41 que concreta la participación del Instituto Valenciano de Seguridad Pública y Emergencias (IVASPE) en el desarrollo del proceso selectivo de policías locales, poniendo en valor las funciones y competencias del ente formativo de seguridad y emergencias.

coronito

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