Las incidencias por impago de alquiler casi se han quintuplicado durante los cien días del estado de alarma, según el Fichero de Inquilinos Morosos (FIM), que ha contabilizado un incremento del 380% en ese periodo.

Ya en la tercera semana de marzo, coincidiendo con la limitación de la movilidad de los ciudadanos, las incidencias reportadas por los arrendadores se duplicaron respecto a la semana anterior y un mes después, durante las tres primeras semanas de abril, afectaron al 43% de los contratos monitorizados a través del FIM.

«Con el confinamiento se incrementó la incertidumbre en el terreno laboral y personal, y eso provocó impagos y retrasos en los pagos, aunque no fue hasta abril cuando se reflejó la incidencia de la COVID-19 en el pago de los alquileres«, señalan desde el Fichero de Inquilinos Morosos.

El hecho de que un arrendador comunique que no ha recibido el cobro de su alquiler no tiene por qué ser un impago, sino que puede deberse a un retraso ocasionado por las dificultades económicas y laborales por las que están pasando muchos inquilinos.

La preocupación de los arrendadores, en máximos

Desde la reactivación en mayo de las visitas a los pisos, se han recibido el 35% de las solicitudes de informes de riesgo por parte de profesionales y particulares, y entre el millar de encuestados más de ocho de cada diez creen que pueden correr riesgo de sufrir un impago en su inmueble.

Sergio Cardona, director de Estudios y Calidad del FIM, afirma en un comunicado que el dato que indica el temor de los propietarios a que sus inquilinos no les paguen, aunque seguía una tendencia alcista desde el segundo semestre de 2018, es ahora el más alto desde 2013, primer año que esta entidad ofrece datos.

Entretanto, las notificaciones de falta de cobro alcanzaron su máximo anual en la segunda semana de mayo, cuando el 17% de los arrendadores notificó que no había cobrado su alquiler.

«Estos datos demuestran que, aunque el Gobierno aprobase créditos, son muchos los propietarios que están viendo cómo sus inquilinos o no tienen la capacidad de pago o no hacen frente a sus obligaciones sin haber comunicado un motivo», argumenta Cardona.