La Generalitat podrá interferir en la venta de vivienda a “fondos buitre”

El pleno del Consell ha aprobado un decreto ley que permite a las Administraciones comprar vivienda, de protección pública o no, por el derecho de tanteo y retracto

El Pleno del Consell ha aprobado el decreto ley de la vicepresidencia segunda y conselleria de Vivienda que establece la ampliación de vivienda pública por parte de las administraciones públicas mediante el derecho de tanteo y retracto.

Eso supone el ejercicio preferente del derecho de compra de las administraciones a la hora de adquirir una vivienda de protección pública, una vivienda procedente de desahucio o viviendas que se transmitan en grandes operaciones inmobiliarias como las ventas “a fondos buitre“, tal y como ha detallado el vicepresidente y conseller, Rubén Martínez Dalmau. Hasta ahora, ese derecho solo podía ejercerlo la Generalitat y únicamente respecto de las viviendas sujetas a cualquier régimen de protección pública.

Este decreto ley pretende dar respuesta a las situaciones de emergencia habitacional existentes, imprimiendo un nuevo impulso al derecho de adquisición de viviendas preferente de la administración. Todo ello con el objetivo de crear una red de vivienda pública que contribuya de forma eficaz a garantizar ese derecho, según ha detallado Martínez Dalmau.

El tanteo y retracto permite que, ante la notificación de venta por parte de cualquier propietario de una vivienda protegida o incluida en las denominadas transmisiones singulares, la Generalitat o entidad local del municipio en la que esté ubicada, pueda ejercer el derecho de compra de dicho inmueble de manera preferente.

Además, para crear una red de viviendas públicas con vocación de permanencia, se introduce por primera vez la calificación permanente de las viviendas adquiridas mediante estos derechos, lo que supone su incorporación al régimen de protección pública a todos los efectos y sin límite temporal.

De este modo, según Dalmau, se pretenden corregir las ineficiencias derivadas de regímenes de protección temporal o de diversos instrumentos de ayudas públicas para la adquisición de viviendas en el mercado libre, dado que no han resultado adecuados para la construcción de un parque público de viviendas.

Presupuesto

Según Dalmau, el Consell podría destinar unos 30 millones de euros cada año para incrementar “en al menos 5.000 unidades la dotación de las viviendas públicas en esta legislatura (un incremento del 30%), con el objetivo de alcanzar las 30.000 viviendas destinadas a personas en situaciones económicas más desfavorecidas, en diez años, duplicando el parque público actual”.

Rubén Martínez Dalmau ha calificado de “histórico” este decreto y ha asegurado que va “contra la especulación, a favor de que las familias puedan seguir viviendo en sus casas” y en contra de que los edificios “pasen a manos de los fondos buitres”.

Dalmau ha manifestado que este decreto supondrá “un antes y un después” en las políticas públicas de vivienda, tanto en la Comunitat Valenciana como en España, y se dan por primera vez las herramientas necesarias para que las casas donde vive la gente “no acaben siendo propiedad de los fondos de inversión“, mientras que ha negado que suponga un intervencionismo en el sector.

Los Ayuntamientos, también protagonistas

Con este decreto-ley se amplía el derecho de tanteo y retracto también a otras entidades, invitando a los municipios a establecer un sistema de colaboración para lograr este objetivo de incrementar el parque público.

El decreto-ley prevé diversos mecanismos para crear o ampliar el parque público municipal de viviendas de aquellas localidades que así lo deseen mediante el ejercicio de los derechos de adquisición preferente a su favor o la cesión de dichos derechos.

En el primer caso, la Generalitat ejercitará los derechos a favor de los municipios que no tengan la posibilidad de llevar a cabo la tramitación administrativa. En el segundo caso, los municipios que sí puedan ejercitarlos, podrán hacerlo mediante la firma de un convenio.

Por otro lado, cuando los ayuntamientos no puedan adquirir los inmuebles, la Generalitat puede cederles temporalmente el uso de las viviendas para conseguir una gestión más eficiente del parque público, gracias a la mayor proximidad con los ciudadanos.

De igual modo, la norma prevé la cesión del uso temporal de las viviendas a favor de entidades sin ánimo de lucro que realicen funciones de inserción de colectivos en situación de vulnerabilidad.

Para ello, suscribirá convenios con los municipios, mancomunidades, entidades del sector público y entidades privadas sin ánimo de lucro en los que se establecerán los derechos y obligaciones de cada una de las partes, así como las condiciones de utilización de las viviendas cedidas y su destino, el cual deberá facilitar el disfrute de vivienda para familias, personas y colectivos con escasos recursos económicos o en situación de vulnerabilidad.

Asimismo, la Generalitat podrá ejercer los derechos a favor de personas que hubieren consolidado un derecho subjetivo con respecto a la vivienda, y a favor de personas inscritas en el Registro de demandantes de vivienda de protección pública.

Antes de vender una vivienda protegida se comunicará a la Administración

Hay que destacar que los derechos de adquisición preferente previstos en los casos de transmisiones singulares se limitarán a las viviendas ubicadas en las Áreas de Necesidad de Vivienda (ANHA) declaradas por la Generalitat.

Se trata de zonas en las que la conselleria no dispone de medios suficientes para satisfacer la necesidad de vivienda. Con ello, se garantiza que la intervención de la administración es la mínima e imprescindible para hacer frente a la situación de emergencia cuyos efectos se persigue paliar, según el conseller.

Para delimitar las áreas, se elaborará un catálogo de ANHA en el plazo máximo de seis meses desde la entrada en vigor de este decreto-ley. No obstante, los derechos de tanteo y retracto se aplicarán con carácter inmediato en los municipios relacionados en el Anexo I y Anexo II de la orden.

El procedimiento para ejercer el tanteo es el siguiente: en el caso que la vivienda que se pretenda transmitir sea protegida o se encuadre en algunos de los supuestos de transmisiones singulares, la persona titular de la misma notificará a la Administración su intención de transmitirla, así como el precio acordado, la forma de pago y los datos relativos a la persona adquirente.

La administración analiza en términos legales si puede ejercer ese derecho, situación de la persona adquirente, de la vivienda o si existe demanda de vivienda social en el municipio en el que se encuentra el inmueble, entre otros aspectos.

En caso favorable, el precio de adquisición será el que se hubiere fijado para la transmisión objeto de tanteo o de retracto, el cual, en el caso de viviendas protegidas, no podrá superar en ningún caso el precio máximo legalmente establecido.

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