La Comisión de Coordinación de los presidentes del Tribunal de Cuentas y de los Órganos de Control Externo de las Comunidades Autónomas (OCEX) ha celebrado hoy su reunión semestral, mediante videoconferencia. Durante esta jornada, los presidentes han debatido sobre las medidas adoptadas para organizar la gestión interna de sus instituciones y la ejecución de los trabajos en el periodo de vigencia del estado de alarma acordado con motivo de la crisis del COVID-19.

Se ha destacado el esfuerzo realizado para adaptar a este contexto la actividad de sus órganos de gobierno y del personal, habiéndose optado por un sistema generalizado de trabajo no presencial, la celebración de reuniones virtuales y la obtención y el intercambio de información a través de procedimientos electrónicos. Los presidentes se han mostrado satisfechos de los resultados obtenidos durante esta situación extraordinaria, en la cual las instituciones han continuado operando con regularidad, han respondido con agilidad en la implantación de las adaptaciones precisas, han continuado desarrollando sus actividades y han aprobado informes de fiscalización, que han sido remitidos a las Cortes Generales y en los parlamentos autonómicos.

En este punto, el uso avanzando de las herramientas informáticas de la auditoría sin papeles implantadas hace tiempos por la Sindicatura de Cuentas de la Comunidad Valenciana han facilitado la ejecución de su tarea fiscalizadora en tiempo y forma. Así mismo, los presidentes han abordado las medidas que, a la vista de la evolución de la crisis sanitaria y de la flexibilización de las disposiciones acordadas, se están planificando en cada una de aquellas para la reincorporación del personal, en su momento, en los centros de trabajo, lo cual se llevará a cabo de manera progresiva y escalonada y con todas las garantías atendidas las recomendaciones sanitarias.

Celeridad y eficacia gracias a la implantación de las Tics

Durante la reunión se ha evidenciado también el valor de la apuesta decidida que vienen realizado las instituciones fiscalizadoras por la modernización y la implantación de las Tecnologías de la Información, y que los ha permitido afrontar con celeridad y eficacia esta situación extraordinaria, reiterándose la voluntad de continuar en esta obstinación. También se ha posado de manifiesto como la gestión pública tiene una gran dependencia de los sistemas de información y las comunicaciones, así como la necesidad de mantener una adecuada ciberhigiene y un sólido sistema de protección ante los ciberataques.

En este terreno la Sindicatura es líder gracias a la creación en 2008 de la Unidad de Auditoría de Sistemas de Información (UASI), uno en lo referente a nivel estatal en la modernización de los sistemas de control y rendición de cuentas y en la vigilancia frente a los ciberataques. A propósito de mejorar la gestión de la ciberseguridad de los ayuntamientos, la Sindicatura viene llevando a cabo informes de auditoría de los controles básicos de ciberseguridad en una selección de consistorios de la Comunidad Valenciana, así como una auditoría horizontal sobre la implantación de la administración electrónica en colaboración con el Tribunal de Cuentas.

Atentos a los nuevos retos de transparencia y rendición de cuentas

En la reunión se ha posado de manifiesto como la pandemia del COVID-19 plantea grandes desafíos y está requiriendo una fuerte implicación de las administraciones públicas, lo cual genera, a su vez, un gran impacto en la gestión y en el gasto público.

Se ha destacado la relevancia que en este contexto adquieren las funciones de control que las instituciones fiscalizadoras tienen atribuidas, y el ejercicio de las cuales redundará en la transparencia y en la rendición de cuentas de la gestión de esta crisis. Es un deber y un compromiso de estas instituciones mantenerse atentas a los nuevos retos y a los asuntos emergentes, y atender las demandas de los parlamentos y de la sociedad, reforzando los controles de legalidad, financieros y operativos, buscando nuevas soluciones y recomendando medidas que, desde el ámbito de la normativa o de las prácticas de gestión, redundan en la mejora de la gestión.

Por parte de la Sindicatura de Cuentas, esta implicación queda muy patente en la reciente publicación de un nuevo documento técnico para el Manual de Fiscalización 2020 sobre el tratamiento del efectos de la pandemia en las cuentas anuales de 2019.

Identificar áreas de riesgo y colaborar para evitar lagunas de control

Durante la reunión también se ha acordado que las actuaciones fiscalizadoras relacionadas con la gestión de las medidas adoptadas por las entidades públicas con motivo de la crisis sanitaria del COVID-19 que se lleven a cabo por el Tribunal de Cuentas y por cada uno de los OCEX, se incluirán oportunamente en sus respectivos programas de trabajo. Estos programas se elaboran atendiendo las áreas de riesgo que se identifican en la gestión pública y procuran atender ámbitos de actualidad.

En este sentido, la Sindicatura ya publicó la semana pasada la reciente ampliación de su Programa Anual de 2020 con Informe de fiscalización de las ayudas de la Generalitat a trabajadores y trabajadoras a consecuencia de la COVID-19.

Por último, se ha dejado constancia de que la situación generada por el COVID-19 hace que la colaboración y la coordinación de actuaciones de las instituciones de control externo resultan especialmente relevantes para evitar duplicidades o lagunas en el control y para procurar que este sea más eficiente y amplio en todo el territorio nacional. El intercambio de información sobre los respectivos programas de fiscalización, la definición de estrategias y enfoques compartidos, el establecimiento de criterios y herramientas comunes y el mantenimiento de un flujo continuo de comunicación contribuyen a hacer más efectivo el trabajo realizado por cada una de ellas en el ejercicio de sus competencias.