Crisis coronavirus

Goerlich (Ivie) sobre la renta básica: “Es un coste importante, pero no es muy ambicioso”

Fuentes de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas reconocen que "no ha habido voluntad de coordinación" desde el Ministerio

El ingreso mínimo vital (IVM), previsiblemente, se aprobará este viernes en el Consejo de Ministros. Según anunció el ministro de Inclusión, Seguridad Social e Inmigraciones, José Luis Escrivá, oscilará entre los 461 y algo menos de 1.100 euros, y el Gobierno se plantea que, en primera instancia, el IMV llegue a los hogares con un ingreso por unidad de consumo inferior a unos 230 euros al mes. Ante estas previsiones, Francisco J. Goerlich, investigador del Ivie y catedrático de la Universitat de València (UV), subraya que se trata de un coste “importante” para las arcas públicas, pero precisa que “desde el punto de vista de una renta básica no es muy ambicioso”.

“Es un coste importante, pero desde el punto de vista de una renta básica no es muy ambicioso, aunque habrá que poner en marcha algo que podamos financiar, claro. Está en el límite inferior y, por tanto, no es de esperar que alcance a un conjunto importante de la población”, apunta Goerlich. En términos de efectividad para la reducción de la pobreza extrema, el investigador resalta: “Un buen diseño -fundamentalmente, que la reciba quien la necesita y en función de su estructura del hogar- debería reducirla en gran medida. En consecuencia, también la desigualdad; pero, más allá de esto, es difícil concretar. Es mejor que nada en cualquier caso”, expresa.

En este contexto, Goerlich precisa que todavía no se conocen todos los detalles de implementación, por lo que es necesario esperar hasta “leer la letra pequeña de la norma”. De esta forma, señala que en España ya existen muchos esquemas parciales de rentas mínimas y de subsistencia, dependientes de diversas administraciones a diferentes niveles, como la Renta Valenciana de Inclusión.


Goerlich (Ivie): “Está en el límite inferior y, por tanto, no es de esperar que alcance a un conjunto importante de la población”

“La idea es que el programa de Rentas Mínimas sustituya todo este esquema disperso en un programa único, pero todo esto está por ver como se implementa en la práctica, de forma que ahora no sabemos con qué otras ayudas será compatible”, puntualiza. A este respecto, matiza que no está prevista una Renta Básica Universal, que reciben todos por el mero hecho de ser persona para satisfacer unas necesidades básicas, sino en un programa de Rentas Mínimas que “garanticen un escudo de protección social para los más desfavorecidos o vulnerables”.

“Desde un punto de vista práctico tiene muchos problemas de implementación, más allá de la financiación, como por ejemplo la identificación de los beneficiarios. La información de detalle que se conoce no es mucha”, admite. Sin embargo, cree que la evaluación de esta medida de la Airef cuando Escrivá era su director indica cuál será el modelo.

En la Comunitat Valenciana, fuentes de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, que gestiona la Renta Valenciana de Inclusión, reconocen que no tienen ningún texto legal o borrador de la ley y afirman que las conversaciones con el ministro “han sido casi informativas”. Al mismo tiempo, lamentan que ante sus dudas o propuestas “no ha habido voluntad de coordinación” desde el Ministerio.

Francisco-Goerlich

Francisco J. Goerlich, investigador del Ivie

¿Qué se sabe del ingreso mínimo?

El ministro Escrivá explicó que el IMV llegará a 850.000 familias, que agrupan a unos 2,3 millones de personas. Además, el Gobierno se plantea que, en primera instancia, llegue a los hogares con un ingreso por unidad de consumo inferior a unos 230 euros al mes. Esa cifra, precisó el ministro, “se corresponde con el veinte por ciento más pobre de la sociedad española”. “Ahí hay unos 600.000 hogares, según nuestras estimaciones. Pensamos que con el IMV sacamos fuera de la pobreza extrema al 75 por ciento de esos hogares y los llevamos a niveles que, en algunos casos, seguirán siendo de pobreza, pero ya no tan aguda”, agregó.

El acceso a esta prestación lo tendrán aquellos hogares que tengan unos ingresos y un patrimonio “por debajo de un umbral” que el Gobierno va a fijar “para cada una de las catorce tipologías”, que definirá “sin tener en cuenta la vivienda habitual”, puntualizó. “Complementaremos la renta de esos hogares hasta el umbral de renta mínima que resulte en cada caso”, indicó. Respecto a la renta que no se podrá superar para tener acceso a la prestación, el ministro detalló que, inicialmente, “para un solo adulto será la equivalente a la prestación no contributiva de la Seguridad Social, que en la actualidad es de 395,60 euros por 14 pagas”. “Hay que entender que la prestación no es una cantidad fija. Es un complemento hasta llegar al mínimo que corresponda. Este es el cambio fundamental”, remarcó.


Escrivá: “Sacamos fuera de la pobreza extrema al 75 % de los hogares y los llevamos a niveles que, en algunos casos, seguirán siendo de pobreza, pero no tan aguda”

Por otro lado, el Gobierno firmó un acuerdo con el PNV para transferir la gestión del IMV a la Comunidad Autónoma Vasca y Navarra, con fecha límite del 31 de octubre de 2020 para materializar el traspaso, según ha informado el partido nacionalista en un comunicado. Según el acuerdo alcanzado, el Gobierno español se compromete a realizar dicho traspaso antes de la fecha citada a través de los acuerdos pertinentes que se adopten en la correspondiente Comisión Mixta de Transferencias.

El pacto establece que la Comunidad Autónoma Vasca y la Comunidad Foral Navarra asuman las funciones y los servicios correspondientes al INSS (Instituto Nacional de la Seguridad Social) en relación al Ingreso Mínimo Vital “en razón de la especificidad que supone la existencia de Haciendas Forales” en esas comunidades autónomas.

Ante esta situación, el senador de Compromis, Carles Mulet, realizó una batería de preguntas al Gobierno al que le reclamaba “explicaciones por el trato diferenciado a Euskadi y Navarra” y exigía el mismo trato para la Comunitat Valenciana. En este sentido, indicó que, desde la Generalitat Valenciana, la vicepresidenta, Mónica Oltra, ha expuesto la necesidad de que el IMV se gestione como actualmente hace con la dependencia. Es decir, el Estado transfiere los fondos y la comunidad autónoma lo gestiona a través de los servicios sociales, sobre los que tiene competencia.

coronito

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