La Ley valenciana de Cambio Climático y Transición Ecológica incluirá la fiscalidad verde, que tendrá carácter finalista y retornará en iniciativas que ayuden a cumplir los objetivos de la ley. En concreto, habrá medidas fiscales sobre vehículos de combustión interna a partir de 2023 y también habrá medidas vinculadas a los grandes buques a razón de maniobras de estancia.

Así lo ha detallado la consellera de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Mireia Mollà, que ha presentado el borrador de la ley, que busca aportar el marco normativo para la mitigación del cambio climático y la transición de la Comunitat Valenciana hacia unmodelo sostenible.

Mollà ha indicado que, como en el caso de la ley española, los vehículos de combustión interna nuevos deberán ser libres de emisiones para 2040. Para ello, la consellera ha destacado que crearán medidas para incentivar estos vehículos, pero también para desincentivar los que produzcan emisiones. «Proponemos medidas fiscales, concretamente sobre los vehículos de combustión interna. A partir de 2023, todas las nuevas matriculaciones de vehículos que no sean libres de emisiones deberán pagar un impuesto a razón de los grados de CO2 por kilómetro que emite el vehículo», ha detallado.

En la misma línea, ha indicado que también incluye la política fiscal vinculada a emisiones de CO2 en grandes barcos. Así, habría una política impositiva por las maniobras de estancia para estos vehículos. Además, ha añadido que las grandes concentraciones de vehículos están desincentivadas. En este contexto, ha precisado que estos impuestos nutrirán el Fondo para la transición ecológica, que servirá para sufragar las iniciativas que ayuden a cumplir los objetivos, como la creación de puntos de recarga o incentivos para compra de vehículos libres de emisiones.

Asimismo, la consellera ha destacado que habrá perspectiva climática en instrumentos de planificación, como que en los nuevos desarrollos urbanísticos se deberá reservar un área de suelo destinada a la generación de energía renovable para dotar de autosuficiencia al desarrollo urbanístico en concreto. Sin embargo, ha precisado que los PGOU que estén con tramitación definida no pueden modificarlos «por una causa que no es norma aún», aunque ha apelado a la colaboración institucional y al «sentido común». «No podemos continuar desarrollando planes urbanísticos pensando que siempre habrá territorios que compensarán las necesidades energéticas de esos planes», ha aseverado.

Por otro lado, el borrador también incluye el Plan director de energías renovables, que servirá para reordenar el territorio en el uso de energías renovables. Así, ha puntualizado que debe garantizar la superficie equivalente para la garantía renovable establecida en la ley. En concreto, la energía solar debería tener en 2030 6.000 MW, lo que supone 12.000 hectáreas. Las zonas rojas son en las que no podrían instalarse instalaciones de energía renovable; el amarillo las que tienen algunas características que harían complicado instalarlas, por lo que deberían someterse a alguna normativa para definirlo; mientras que las grises, según los criterios de Medio Ambiente, son zonas que pueden ser susceptibles para albergar estas instalaciones.

Plan director de energías renovables

Después, la Conselleria de Economía y la de Ordenación del Territorio deberán incluir en ese mapa sus propios criterios para definir las zonas de generación de energía renovable. De otra forma, ha resaltado que la Comunitat es la primera autonomía que regula por ley la participación local en la instalación de generación de renovables. Para ello, deberán acreditar mínimo un 20 % de participación de ámbito local, que puede ser público o privado.

En el ámbito de la energía, la consellera ha destacado que la Comunitat tiene «mucho recorrido por hacer, pero también muchas oportunidades de energía solar y eólica». Por ello, apuesta por la estabilización y decrecimiento de la demanda energética, ser más eficientes y generar energías renovables para reducir la dependencia en energía fósil y del exterior, la descarbonización de la economía y la democratización de la energía.

En cuanto a la movilidad, ha destacado que el borrador de la ley obliga a que haya delimitación de las zonas de bajas emisiones, las administraciones públicas y privadas deberán sustituir las flotas de vehículos por los de libre emisión y la Administración deberá garantizar puntos de carga suficientes. Por otro lado, Mollà ha destacado la importancia de la educación ambiental y de realizar una transición justa.