La Conslleria de Justicia y el Consejo General del Notariado han firmado un convenio gracias al cual la Inspección General de Servicios (IGS) de la Generalitat podrá consultar las bases de datos de los notarios para prevenir las malas praxis administrativas, irregularidades y, en última instancia, casos de fraude o corrupción. En la firma del convenio han estado presentes Gabriela Bravo, consellera de Justicia y José Ángel Martínez Sánchez, presidente del Consejo General del Notariado.

El Consejo General del Notariado, y de acuerdo con lo que establece la Ley 10/2010 de 28 de abril de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, ha creado una base de datos de titularidades reales y otra de personas con responsabilidad pública.

El primero de los repositorios digitales identifica a las personas físicas que poseen acciones o participaciones de sociedades o personas jurídicas mientras que el segundo identifica a más de 25.000 personas con responsabilidad pública así como a sus familiares o allegados con el fin de controlar eficazmente los negocios que desarrollan todos aquellos que ejercen un cargo público.

La Ley 22/2018 de 6 de noviembre de Inspección General de Servicios y Sistemas de Alerta para la prevención de malas prácticas en la Administración de la Generalitat y su sector público instrumental establece que la IGS podrá nutrirse de bases de datos internas y externas -como es el caso- para consolidar un sistema de alertas para prevenir malas prácticas y corrupción. De esta forma, merced al convenio firmado este jueves, los inspectores de la Generalitat podrán acceder a estas bases de datos en las condiciones que se determinan en el acuerdo ya que se trata de información sensible.

Según ha explicado la consellera, «con la firma de este convenio damos un paso muy importante en la lucha contra la corrupción y para la consolidación del sistema de alertas contra las malas praxis que tiene la Generalitat».

En este sentido, «cabe recordar que la Ley para la Prevención de Malas Prácticas en la Administración supuso que la Generalitat daba máximo rango normativo a una iniciativa pionera en España en la detección precoz de posibles irregularidades», ha dicho.

Para la consellera, con este acuerdo «tenemos una herramienta más para la lucha contra la corrupción gracias al uso de potentes bases de datos -como las que tienen los notarios-, garantizando en todo momento los derechos de protección de datos de carácter personal».

El convenio tendrá una duración de cuatro años y en él se establecen los canales mediante los que el notariado compartirá información con la Inspección General de Servicios atendiendo única y exclusivamente a razones de interés público y aplicando criterios de necesidad y proporcionalidad.